Psicología Comunitaria y Políticas Sociales: Análisis de su desarrollo en Chile
Psicología Social - Comunitaria


  • Jaime Alfaro Inzunza
    Universidad Diego Portales
    Santiago, Chile

Resumen

  • Los desarrollos de la Psicología Comunitaria en Chile ocurren condicionados desde la institucionalidad que configuran las políticas sociales, observándose un vínculo directo entre las estrategias de estas políticas (producidas desde la matriz de los modelos de desarrollo social vigentes en cada período) y específicamente la magnitud que adquieren, los objetivos que se plantean, la particularidad del objeto en que interviene y la estrategia que utilizan los programas de intervención surgidos en cada período correspondiente.

    Para la Psicología Comunitaria, una Política Social no sólo es el contexto material para la aplicación de programas, sino que, además, establece el marco cultural y de relaciones sociales desde donde de manera principal, pero no única, estos programas se articulan y configuran.



El origen de la Psicología Comunitaria es visto como un proceso evolutivo concatenado desde planos teóricos, técnicos y condicionantes histórico-sociales que operarían como fondo (ver a modo de ejemplo Sánchez Vidal, 1988; Hombrados. 1996; López y Costa 1986; Luque, 1988; Zax y Specter, 1974; Iscole y Spielberger; 1970).

Se incluyen, como parte de este proceso, diálogos interdisciplinarios como los establecidos con la Salud Pública; la emergencia de técnicas como la epidemiología, la farmacología; crítica a nociones e instituciones como el sistema hospitalario, la psicoterapia; aprendizajes y experiencias de innovación como el Movimiento de Salud Mental Comunitaria, la Sectorización o la Anti-psiquiatría italiana (Alfaro; 1993).

Visto así, las prácticas comunitarias serían el resultado de desarrollos disciplinarios, técnicos y operativos los cuales, de manera gradual, habrían generado condiciones para que surgieran nuevas formas de entender (conocimiento) y actuar (técnicas), permitiendo paulatinamente “iluminar” (conocer) el objeto “problemas de salud mental”.

Un rasgo característico de esta perspectiva es que los dinamismos históricos y sociales, de ser incluidos, son concebidos como contexto facilitador para los señalados desarrollos científicos y profesionales.

Ahora bien, al observar en su conjunto los desarrollos de la Psicología Comunitaria presentados en el país, es notorio que éstos no son fácilmente explicables como resultado de una evolución científica o técnica, y más bien estas prácticas se muestran directamente condicionadas por demandas sociales producidas en cada período histórico, en estrecha relación con los modelos de desarrollo social y sus lógicas institucionales.

Los datos disponibles, que revisaremos a continuación, aunque escasos, permiten vincular la institucionalidad que configuran las políticas sociales con las orientaciones técnicas presente en la Psicología Comunitaria nacional. Es decir, desde la experiencia nacional, las políticas sociales o la estrategia de desarrollo social que le subyace, pueden concebirse como procesos histórico-social que condicionan y determinan las formas adquiridas por las prácticas de intervención.

Estos procesos adquirieren así una importancia crucial, que va más allá de ser sólo un contexto (telón de fondo), para entender los desarrollos de la Psicología Comunitaria, y, lo que es más importante, para entender sus posibilidades y tendencias de crecimiento.

Política Social en Chile y programas de Psicología Comunitaria: Los sesenta y los ochenta

Desde el análisis que presentaremos, los desarrollos de la Psicología Comunitaria en Chile ocurren condicionados desde la institucionalidad que configuran las políticas sociales, observándose un vínculo directo entre las estrategias de estas políticas (producidas desde la matriz de los modelos de desarrollo social vigentes en cada período) y específicamente la magnitud que adquiere, los objetivos que se plantean, la particularidad del objeto en que interviene y la estrategia que utilizan los programas de intervención surgidos en cada período correspondiente.

Programas y Política Social en los sesenta

En Chile, desde fines de los años 50 y principios de los 60 se desarrollaron experiencias de trabajo a partir del marco de abordaje comunitario de la salud mental, que cristalizaron en las perspectivas de trabajo de la Psiquiatría Intracomunitaria y la Salud Mental Poblacional (Alfaro, 1993).

La primera fue implementada, desde 1968 en el Área Sur de Santiago, por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile. La segunda fue el resultado de lo realizado en varios contextos institucionales (Programa de Medicina Preventiva desarrollado en el Hospital San Borja, y Programa de Desarrollo Sociocultural del Centro de Antropología Médico-Social del Servicio Nacional de Salud y la Universidad de Chile entre los años 1963 y 1973). Ambas se orientan a superar las limitaciones globales que presentan los servicios de salud mental de la época. Son proyectos concretos de reforma y transformación de las instituciones y del modelo de trabajo en salud y salud mental.

Asumen (dicho en palabras del programa de Psiquiatría Intracomunitaria) que la escasez y desigual distribución de los recursos es determinada por la presencia de una concepción “vertical, etnocéntrica y autoritaria”, que impide dar respuesta efectiva a las necesidades en salud mental. Dicho desde la Salud Mental Poblacional se concibe que la medicina social, definida como la doctrina de los servicios de atención de la época, es “social” en su alcance poblacional y en su financiamiento, pero es “poco social” en las relaciones de los equipos de salud con los pacientes, con la población o en la vida interna de los sujetos (Weinstein; 1975). Como alternativa a esta situación coloca a la participación como un eje central de los programas. Estos deben facilitar el desarrollo de la capacidad de autodirección, cuestionamiento y acción de la población, como medio de trabajo (estrategia) en salud y como una forma de transformación social y cultural.

Otro rasgo distintivo, y uno de los aportes más claros y con mayor potencial, es la valoración que ambos modelos hacen de la dimensión social y cultural en la comprensión de la salud, la salud mental y en la comprensión de la conducta humana. En lo fundamental, el modelo de la Psiquiatría Intracomunitaria (Marconi; 1970) es una forma de intervenir que recoge las categorías del relativismo cultural de la antropología social. Asume que desde muy temprano los sujetos viven un proceso de endoculturación, que abarca diversos aspectos de la experiencia que permiten al hombre ser competente en su cultura. Reconoce que los juicios están basados en la experiencia y la experiencia es interpretada por cada individuo sobre la base de su propia endoculturación.

Por su parte, las políticas sociales de los años 60 -siguiendo el análisis presentado por Schkolnik y Bonnefoy (1994) y Arellano (1988)-, se caracterizan por la plena vigencia de la estrategia universal, materializada en los dispositivos estatales llamados Estados de Bienestar.

El Estado de la época, por medio de sus políticas, asume un vigoroso y fundamental papel en el desarrollo económico y social del país. Encabeza el proceso de industrialización y las tareas del desarrollo mediante políticas universales institucionalizadas. Se entiende que el Estado debe velar por el bien común, asegurando la satisfacción de las necesidades básicas del conjunto de la población, mediante estrategias institucionalizadas como el Servicio Nacional de Salud, la obligatoriedad educacional, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, etc.

Desde lo anterior, podemos asumir que la Psiquiatría Intracomunitaria y la Salud Mental Poblacional configuraran su quehacer, en el marco de los afanes universalistas de la acción estatal y a partir de la institucionalidad del naciente Servicio Nacional de Salud. Dichos programas se vinculan con la estrategia universalista de la época, al asumir como sentido orientador la superación de las limitaciones globales que presentaban los servicios de salud mental. Ambos definen como objetivo de su accionar, aunque por diferentes vías, la reforma y transformación de las instituciones y el modelo de trabajo en salud y salud mental, tras la idea de asegurar que ellas logren su propósito universalista. Ello es, particularmente, claro en la Psiquiatría Intracomunitaria, que se entiende como una alternativa a las limitaciones teóricas y operativas de los servicios de atención en salud mental para universalizar sus prestaciones.

Este universalismo se muestra en la Psiquiatría Intracomunitaria, en la relevancia que tiene en sus definiciones programáticas la búsqueda del “desarrollo humano general”, y no sólo la resolución de una problemática específica. Lo mismo se observa en la Salud Mental Poblacional, cuando ella concibe la salud como la superación de formas de relación social, vinculadas con el todo social, en un contexto histórico concreto, con luchas sociales, relaciones de producción y rasgos superestructurales específicos. Como estrategia de trabajo plantea la generación de participación como una vía de obtener poder social y político y cambio social de las estructuras.

Desde este análisis, ambos programas pueden ser vistos como una teoría, además de una construcción técnica y operativa orientada por la estrategia universal de la Política Social.

Programas y Política Social en los ochenta

Las estrategias características de las políticas sociales de los años 80, siguiendo el análisis presentado por Schkolnik y Riquelme (1991), Raczynski (1991), Hardy (1997), y García (1991), son las llamadas Políticas de Asistencia, generadas entre 1973 y 1990.

Éstas surgen en el marco de un modelo de desarrollo enteramente distinto al anterior, que cimentado desde la teoría neoliberal, pone en el mercado el rol principal del desarrollo social y de conducción económica. Por lo tanto, la Política Social se supedita al funcionamiento de la economía. Se prioriza la manutención de los equilibrios macroeconómicos y la disciplina fiscal, con la consiguiente reducción del gasto social para cumplir objetivos anti-inflacionarios.

Durante este período opera una concepción del Estado que justifica la acción del sector público sólo en aquellos casos donde no interviene el sector privado. El sector público se debe limitar a un rol normativo y supervisor de la manutención de condiciones para que opere el “libre juego de las libertades individuales”. En este marco, la Política Social es concebida como acción focalizada exclusivamente en los más pobres, en aquellos que por sus propios medios no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Así, el grupo objetivo de la Política Social fue básicamente la extrema pobreza y se aplicó una estrategia asistencial de corte monetario (subsidio de desempleo, pensiones asistenciales, etc.).

En los 80, la intervención comunitaria se caracterizó por la interrupción y discontinuidad de los desarrollos reseñados anteriormente y por la implementación de líneas de intervención de naturaleza distinta.

Según señala Morales (1993), los modelos de intervención comunitaria de la época (el llamado desarrollo local que aglutinan prácticas comunitarias, inicialmente llamada Psicología Poblacional). Se articulan desde la acción política, orientada a la reconstrucción del “tejido social” mediante la organización de la comunidad para satisfacer sus necesidades y al margen de la institucionalidad oficial. Todas estas prácticas ponían el acento en cambios en la subjetividad y la organización, y en lineamientos que pueden homologarse al planteamiento global de la Psicología Social Comunitaria que desarrollara Maritza Montero.

Desde el Estado de la época, la única acción comunitaria fue la Red de Centros de Adolescencia y Drogas, creada en 1982 a nivel municipal, y como parte de la Política Social de extrema pobreza del período. Su objetivo fue realizar acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción juvenil en sectores pobres y marginales de la región metropolitana.

Su estrategia de trabajo consistía en la incorporación de jóvenes marginales a acciones intra-murales en centros ubicados en sectores de extrema pobreza y con índices de conflicto social. Su carácter comunitario provenía de la ubicación geográfica de los centros, no de la estrategia y concepción básica de la intervención. Sus acciones eran básicamente de nivel grupal y curativas, como el fomento de las organizaciones laborales, la comunidad terapéutica y las actividades de recreación (Lailhacar, Torres, Chandía, Luarte, Chaparro, Montenegro, Varela; 1982).

Ahora bien, teniendo en cuenta lo ya planteado, se puede asumir -al igual que en los 60- que en ambas experiencias, aunque disímiles, la Psicología Comunitaria se hace parte de la estrategia de desarrollo. Específicamente, podemos suponer que las políticas sociales de la época configuran el tipo de destinatario, la estrategia utilizada, la noción de necesidad y los objetivos que asumen los programas de Psicología Comunitaria en ese período.

La Psicología Comunitaria de los 80 tuvo como destinatarios únicos a jóvenes de extrema pobreza habitantes de sectores con índices de conflicto social. Su estrategia fue básicamente de nivel grupal y marcadamente asistencial (1) y de rehabilitación, consistente en la incorporación a acciones intra-murales. Las necesidades que fueron abordadas estaban circunscritas específicamente al ámbito laboral, de salud mental (básicamente consumo de drogas) y recreativas.

Este tipo de destinatario y estrategia son posibles de vincular con la acción del Estado en Política Social. Ambas definen como destinatario a sujetos de extrema pobreza o indigencia, y entienden sus necesidades como carencias, y estas son referidas sólo al ámbito de las necesidades básicas imprescindibles para la subsistencia.

Las acciones sólo buscan satisfacer necesidades de subsistencia y de grupos específicos como los de extrema pobreza, ello únicamente en presencia de una disfunción específica. No se consideran necesidades de ámbitos distintos de este, tales como participación, desarrollo integral, etc., ni tampoco se consideran otros destinatarios, tales como mujeres, jóvenes no marginales, etc. La estrategia es asistencial-curativa y no considera aspectos ni preventivos, ni promocionales.

Si consideramos el carácter universalista de las políticas del período anterior y los objetivos de los programas de la Psiquiatría Intracomunitaria y Salud Mental Poblacional, comparándolos con esta Política Social focalizada y el programa Red de Centros Adolescencia y Drogas, se hace evidente la vinculación Política Social y estrategia de trabajo en Psicología Comunitaria.

Respecto de las acciones y programas implementadas en ese período desde fuera del Estado, siguiendo la revisión de Morales (1993) podemos considerar que fueron concebidas como una continuidad y re-contextualización de las orientaciones de las políticas sociales del período anterior, en el sentido de hacerse cargo de la función estatal, en un período en que gran parte de los actores sociales y políticos que habían cumplido roles en el Estado estaban excluidos de él.

Psicología Comunitaria y Política Social en los noventa

En el período post-dictatorial, aunque se producen importantes cambios en la orientación de las políticas sociales, se mantiene la concepción del Estado Subsidiario y el énfasis en la privatización y descentralización de los servicios sociales, la limitación del universalismo y la preocupación por el efecto macroeconómico de las políticas sociales.

La orientación de estas políticas difiere de las del período anterior, pero a la vez y de manera similar, quizás más acentuada, también se diferencia de las políticas universales del Estado de Bienestar. En este período, si bien se conserva el rol central dado al proceso económico generado desde el sector privado, se concibe un aporte relevante de las políticas sociales al crecimiento económico. El Estado debe hacerse cargo de las necesidades de aquellos que el proceso económico no incorpora. Pero, a diferencia de Estado Subsidiario de los 80, se enfatiza que la acción estatal no sólo debe asistirlos sino que, además, debe entregarles recursos para que enfrenten las tareas de inserción en el proceso económico (la llamada política de igualdad de oportunidades).[sociallocker]

El sujeto de la acción estatal se define no sólo por su necesidad presente y relativa a su estadio de exclusión, sino que también por el origen de la condición de exclusión. En esa medida, el Estado busca no sólo asistir, sino también promover. En otras palabras, la delimitación del destinatario se establece en función de las variables o condiciones de quienes viven la exclusión. Por tanto, adquiere gran relevancia en la determinación de las acciones y de los destinatarios, su categoría social de pertenencia.

Para delimitar estas categorías se ha establecido que la condición de exclusión o de pobreza (categoría que se usa como equivalente operacional de exclusión social), y por ende los límites en las posibilidades de acceso al sistema económico, se relacionan con variables llamadas de género, generación y territorialidad (Martin; 1997).

Estas categorías definen los destinatarios privilegiados de estas políticas sociales, constituyéndose así en los llamados “grupos vulnerables” (Raczynski, 1995; Martín, 1997). Desde esta lógica se diseñan los llamados programas o políticas selectivas.

Cuando se usan estas dimensiones en la definición de los grupos de riesgo, de los grupos objetivos y en el sentido de la acción estatal (la estrategia) se coloca en un nivel de importancia planos y dimensiones donde la Psicología y la Psicología Social tienen algo que aportar. Desde aquí se comprende que durante este período se haya producido un aumento sustantivo de programas que incluyen la acción comunitaria o psicosocial, con el consiguiente fortalecimiento e incremento de la Psicología Comunitaria (2).

Hasta ahora la Psicología, como disciplina y profesión, nunca había estado tan cercanamente vinculada a la estrategia nacional de desarrollo y a la lógica y priorización de su acción social.

En los 60, la tarea era el desarrollo social y el cambio cultural y social. Las dimensiones psicosociales obviamente no tenían relevancia sustantiva. Incluso, el objeto que se configura en la época, la salud mental, es uno más de los aspectos de un tema más central, aunque tampoco nuclear: la salud.

En los 80, la acción del Estado en Política Social sólo configura las necesidades y las carencias socioeconómicas generales. Para definir al destinatario, sus referencias son la extrema pobreza, la indigencia, etc. La estrategia sólo se refiere a necesidades de subsistencia, como la vivienda o la alimentación.

En los 90, la acción específica y operacional de las políticas sociales asigna centralidad a un conjunto de variables de gran cercanía, al menos, con la tradicional conceptualización y técnica de la Psicología Comunitaria.

Desde esta lógica de las políticas sociales, se establece también una suerte de “promoción asistencial” como marco para las acciones psicosociales, dado que aunque no es una estrategia que enfatice sólo la subsistencia, los destinatarios y los objetivos de cambio se definen desde la condición de déficit, sin buscar el cambio integral del destinatario.

Por ejemplo, se establece como destinatario al joven pobre, pero no se toma su condición de joven y sus necesidades juveniles, sino que su condición de pobreza o exclusión, y como plano de acción se define necesidades específicas y relativas a la condición de déficit o vulnerabilidad (Alfaro y Báez; 1999).

Por otro lado, aunque se resaltan condiciones sociales en el origen de la exclusión, la acción de intervención se sitúa en el plano individual y en función de los recursos o competencias de los sujetos para integrarse en sistemas sociales, que no son puestos en la mira de la intervención.

Se entienden los problemas sociales -la pobreza, por ejemplo- como resultado de las dinámicas sociales, y se interviene en las competencias de los sujetos que están en esa condición. No se interviene en las producciones culturales, en las identidades, o en la distribución de los bienes sociales, sino que en la capacidad de acceder al empleo, a los recursos educativos, etc.

Aquí se dan condiciones de posibilidad para modelos intervención como el de competencias, de estrés psicosocial o el de resiliencia. No encuentran iguales condiciones las estrategias de intervención orientadas al cambio social, del tipo de la Educación Popular o la Amplificación Sociocultural.

En esta Política Social no serían concebibles estrategias de orientación participativa y promocional, como las de la Salud Mental Poblacional o la Psiquiatría Intracomunitaria. Tampoco serían posibles estrategias asistenciales, como las de la Red de Centros de Adolescencia y Drogas.

Es interesante considerar las observaciones recogidas de los programas ejecutados en estos años, y presentadas en los tres trabajos disponibles que analizan el desarrollo de la intervención comunitaria durante esta década.

El trabajo de Rozas (1993) deja en claro las implicancias de esta relación para los programas de intervención comunitaria implementados desde el Estado. Rozas señala que los programas implementados desde diversas políticas públicas y en las ONG presentan diferencias sobre su estrategia. Él establece que en la estructura estatal propiamente tal, en sus aspectos normativos, financieros e incluso técnicos, es donde se ubica el eje que determina la relación entre el Estado y el programa de intervención (y ésta es diagnosticada como una relación de conflicto).

El planteamiento de Rozas es interesante y lúcido cuando señala que el problema no es una cuestión de carácter burocrático o administrativo, sino que es un problema de fondo, ya que se refiere al modelo de referencia técnico e ideológico que opera en el Estado. Este configura no sólo una forma de ver (“diagnosticar” dice Rozas), sino que se vincula con una forma determinada y específica de trabajar y tratar los problemas.

Igualmente interesante, es la referencia de Rozas a la contradicción que se da entre la estrategia utilizada desde las prácticas comunitarias y las técnicas de focalización. Señala el autor que la necesaria selección de destinatarios, que implica la focalización, supone cambios en el marco de análisis y en la operatoria. En lo específico, lo anterior produce un cambio desde la noción de comunidad (concebida como una microsociedad, constituida por pobres y no tan pobres, pero igualmente pertenecientes a una cultura e identidad) a una de localidad (concebida geográficamente) con el fin de delimitar a los grupos destinatarios específicos. Desde la noción de localidad se puede fragmentar a una comunidad en dos, y dejar a la parte más pobre sin acceso a recursos que le son propios.

Una relación similar establece el trabajo de Asún, Alfaro y Morales (1994), al analizar la Política Social de juventud. En éste se deja muy claro como dicha política porta una concepción de juventud que entiende la integración social de los jóvenes sólo por la vía del orden productivo, desconociendo así su subjetividad colectiva.

Se señala que el Estado, al leer el fenómeno de lo juvenil y de los “problemas juveniles”, opera con una concepción de desarrollo juvenil que valora los aspectos socioeconómicos, pero no asigna importancia a dimensiones como la identidad, la satisfacción subjetiva y la calidad de vida.

Por ejemplo, los temas como la sexualidad se consideran sólo en la medida de su impacto en problemas sociales específicos, como el SIDA o el embarazo adolescente, y no con el desarrollo integral de las personas o con su calidad de vida.

Krause y Jaramillo (1998), al presentar los resultados sobre intervenciones psicológico-comunitarias en Santiago, analizaron la gestión y estrategia observadas en los centros y programas de intervención comunitaria estudiados y constataron que predominan definiciones de unidad destinataria de tipo individual y grupal, lo que pone a estos programas lejos de la tradición de cambio social (en que se sitúa la Psicología Comunitaria nacional) y hacia donde hoy tienden los programas europeos y estadounidenses.

Además, se observa que se ha minimizado la diferencia entre las intervenciones realizadas por las ONGs en comparación con las ejecutadas por organizaciones gubernamentales. Ambas han llegado a coexistir en un mismo programa (que presenta los dos financiamientos), prevaleciendo así una progresiva institucionalización de la práctica no gubernamental.

También, el trabajo de Krause y Jaramillo muestra la preponderancia del financiamiento estatal entre programas comunitarios catastrados en el Gran Santiago y la posibilidad potencial de que ello pueda definir su modalidad de trabajo, e influir en sus valores y objetivos.

A la vez, el estudio muestra que en los centros y programas de intervención comunitaria predominan definiciones de unidad destinataria de tipo individual y grupal.

Esta última constatación del estudio, es vista como indicador potencial de que al ser los individuos y no la comunidad los destinatarios, estos programas difícilmente actuarán sobre dinámicas sociales, restringiendo su capacidad de ser efectivamente preventivos o promocionales.

A modo de conclusión de este análisis, se debe tener en cuenta que, para la Psicología Comunitaria, una Política Social no sólo es el contexto material para la aplicación de programas sino que, además, establece el marco cultural y de relaciones sociales desde donde de manera principal, pero no única, estos programas se articulan y configuran.

Una Política Social, siguiendo a Meny y Thoenig (1992), se sitúa siempre en un marco de sentido particular, porta un modelo particular de sociedad y de sus problemas (un recorte y una reconstrucción global, como señalan los autores) que opera como una representación normativa, conformada por un cuerpo de reglas que ordenan, segmentan, clasifican las situaciones, los sujetos, y las acciones públicas. Portan una teoría del cambio social, que establece relaciones entre hechos, efectos, etc. y traduce orientaciones normativas y de valor. Sus orientaciones, estrategias, instrumentos obedecen a lógicas sociopolíticas e históricas. Una Política Social expresa así, un sistema social, crea y configura actores y categorías de sujetos (Grassi, Hintze y Neufeld; 1994).

Es muy relevante asumir las relaciones que se establecen entre las características que adquiere la organización estatal, en particular las orientaciones y estrategias de las políticas sociales y, los niveles de acción, el objeto y la estrategia posibles de implementar desde los programas de la Psicología Comunitaria. Es importante además, asumir que la Psicología Comunitaria está hecha desde fuera de la Psicología, o que al menos allí opera un determinante importante que acarrea efectos técnicos y conceptuales.

_________________________

(1) Considérese que su carácter comunitario provenía de la ubicación geográfica de los centros y no de la estrategia de acción, al menos en su formulación oficial, la cual no necesariamente fue siempre asumida por los equipos técnicos.

(2) Política de Salud Mental: Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (1989-1990). Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar. Programa de Reforzamiento Psicosocial de la Atención Primaria. Política de Juventud con sus subprogramas: Capacitación Laboral y Reducción del Daño Psicosocial, En dos se incluye prevención de drogadicción y alcoholismo (Quiero Mi Vida Sin Drogas y Juégatela Por La Vida). Prevención del Embarazo Adolescente. Programa de Protección y Rehabilitación de Jóvenes y Niños Vulnerados en sus Derechos e Infractores de la Ley Penal (Sename). Politica Social hacia la mujer: Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar. Política hacia la Tercera Edad.

Referencias

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Para citar este artículo:

  • Alfaro, J.  (2005, 18 de febrero). Psicología comunitaria y políticas sociales: Análisis de su desarrollo en Chile.Revista PsicologiaCientifica.com, 7(1). Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/psicologia-comunitaria-politicas-sociales-chile


5 Comentarios para “Psicología Comunitaria y Políticas Sociales: Análisis de su desarrollo en Chile

  1. PAULA ZAVALA

    En realidad este artículo impulsa la investigación en psicología comunitaria así como impulsa la responsabilidad social y saber que existen muchos grupos vulnerables que necesitan de profesionales preparados para atender sus necesidades.

  2. Sandra Muñoz Camacho

    El artículo me permitió confirmar muchos aspectos que en la práctica uno los observa. A veces los gobiernos y asesores plantean políticas sociales sin ver el contexto cultural y la dinámica social. Soy parte de una Fundación que trabaja en el Trópico de Cochabamba, Bolivia. Estamos iniciando investigaciones en lo que se refiere a la recuperación de prácticas comunitarias sobre los derechos de los niños y las niñas, ya que las políticas públicas dirigidas a este sector vienen de modelos occidentales que no responden a los contextos rurales.

  3. JUAN SUBERO

    Considero que la información sobre Psicología Comunitaria y Políticas Sociales, son de gran valor para la formación de los jovenes emprendedores de soluciones socio comunitarias en Veneuela. Gracias.

  4. Yraima Aguilarte

    Me parece interesante el artículo sobre Psicología Comunitaria y las Politicas Sociales. Soy profesora universitaria de 5° año de Derecho e imparto la catedra de Prácticas Jurídicas, donde estamos en contacto directo con las comunidades populares. Considero que debe valorarse en el tema de Psicología Comunitaria el papel que desempeña el Estado en las políticas sociales, donde deben estar presentes estudios sobre las necesidades básicas de las comunidades, pero más que esto se debe tomar en cuenta la parte emocional del individuo y buscar las raíces de los problemas. Solo así podemos educar en forma integral al individuo.

  5. claudia montoya

    Es una herramienta que impulsa la investigación dentro de un contexto sociopolítico-cultural de las comunidades. Gracias por este aporte es muy valioso para el psicólogo social comunitario. Felicitaciones.

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