La violencia y los factores socioeconómicos de riesgo en República Dominicana

En República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los problemas de la violencia, delincuencia y, por tanto, la inseguridad ciudadana, son asuntos importantes en la agenda nacional, dada la magnitud que han alcanzado.

Aunque en la actualidad los niveles de violencia de nuestro país distan mucho de los que experimentan Colombia, Brasil, México y Venezuela, desde los inicios de la presente década República Dominicana, junto a Perú, Panamá y Ecuador, alcanzaba tasas de homicidio que duplicaban las de Chile, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, países, entonces, con tasas «normales» a escala mundial.

Un hecho digno de análisis es el contraste entre el aumento de la violencia y el rápido y vigoroso crecimiento de la economía y sus efectos positivos en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población.

Preocupa, sobre todo, el tipo de respuesta que tanto el sector oficial como el privado aplican al enfrentar tan compleja y delicada cuestión, aunque se reconoce el esfuerzo que algunas instituciones nacionales están realizando. Sin embargo, se actúa al margen de diagnósticos que podrían dar luz sobre cómo abordar la situación y, en consecuencia, con la ausencia de políticas adecuadas.

El principal objetivo de este trabajo es contribuir a la toma de conciencia del elevado costo económico, social, político y ético que conlleva este estilo de acción espontánea e improvisada, tanto para el Estado, como principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, como para todos los sectores de la sociedad civil que ven bloqueada la tan anhelada paz nacional.

Para fines de publicación hemos dividido el trabajo en tres partes:

En la primera, se presentan algunos datos que permiten apreciar la magnitud y ciertas características de la violencia en República Dominicana, tomando como fuente las estadísticas de la Policía Nacional, datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y los reportados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de los últimos años. Se analiza el incremento de las muertes violentas y otros delitos enfatizando, sobre todo, en el homicidio y sus características más recientes.

En la segunda, se aborda el tema de los costos económicos de la violencia, se evalúa el vínculo existente entre la violencia dominicana y el comportamiento del gasto público en materia de orden y justicia.

En la tercera parte se comparan diez países de la región, tratando de establecer la relación entre la tasa de homicidio y determinadas variables socioeconómicas consideradas factores de riesgo en la compleja trama multidimensional y multicausal de la violencia. Finalmente, se analiza brevemente el vínculo entre crecimiento económico, gasto social público y reducción de la pobreza.

Magnitud y características de la violencia en el país

Las muertes accidentales, los homicidios y suicidios, los robos, atracos y asaltos, el consumo y tráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso a menores, han crecido a un grado tal que demandan atención prioritaria para su rápido control. A continuación se destacan, según las informaciones disponibles en las fuentes anteriormente citadas, algunos datos relevantes.

Muertes naturales y violentas

En el período de 1992 a 1998, la relación de muertes no naturales sobre el total de defunciones pasó de un 11.6% a un 15.4% y en general, las muertes no naturales o violentas crecieron en un 41%. En detalle por orden de importancia, los aumentos fueron:

1. Por electrocución, 99%.
2. Por ahogamientos, 65%.
3. Por homicidios, 39%.
4. Por accidentes de tránsito, 36%.
5. Por suicidios, 13%.

En 1998, las muertes por accidentes de tránsito constituían 43%, seguidas de un 29% por homicidios, 13% por ahogamiento, 9% por suicidios y 7% por electrocución. En la Tabla  1 y en el figura  1 se puede apreciar la incidencia de muertes por homicidios. Si se compara la frecuencia de homicidios del año 1998 (de 1,121 casos) con respecto a la de 1980 (de 533), se observa un incremento porcentual de 110%.

Tabla  1
Frecuencia y Tasa de Homicidio en República Dominicana de 1980 a 1984 y de 1991 a 1998.

Figura 1. Tasa de Homicidio x 100,000 habitantes en la República Dominicana, de 1980 a 1984 y de 1991 a 1998

La tasa de homicidio (por cada 100,000 habitantes) que en el período 1981-1982 era de 9.1%, en 1991-1992 subió a 11.6% y en 1997-1998 alcanzó el nivel de 13%.

Conviene destacar que en el contexto mundial la tasa de homicidio de República Dominicana fue, en sí misma, bastante elevada a finales de los años 80, puesto que el promedio alcanzado en los llamados países de alto desarrollo humano era de un 4.8% y en los países industrializados de un 5.4%.

En la Tabla 2 se presenta una comparación de la tasa dominicana de homicidio con relación a 10 países de diferentes regiones del mundo. Tal como se puede observar en el cuadro, ocupamos la tercera posición según el orden de magnitud.

Tabla  2
Comparación de la Tasa de Homicidio de Diferentes Países en 1992

En el marco regional, superamos las tasas promedio de homicidio de todas las sub regiones de América Latina y el Caribe, a excepción de la tasa correspondiente a los países andinos.

En la Tabla 3 se observa no sólo la magnitud de la tasa de mortalidad por homicidio, sino también el incremento en el período 1980-1990. En comparación con los países tomados como referencia, República Dominicana ocupa al inicio y al final de la década de los años 80, el lugar No.5, más cerca de países como Brasil, México y Venezuela (con tasas entre 15 y 20%) que de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Chile, cuyas tasas oscilan entre 3 y 5% por debajo o igual que la de los países más desarrollados del planeta.

Tabla 3
Tasa de Homicidio en Países Latinoamericanos en los años 1980 y 1990*

*Datos extraídos de Informes del PNUD (1998 y 1999) y de informes de la CEPAL (1998).

Un hecho que se destaca lo constituyen los homicidios con armas de fuego, los cuales han ascendido de 30% en 1993 a 43% en 1998. Esta forma de homicidio se convirtió en 1998, de acuerdo con las estadísticas de muertes violentas de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, en la más frecuente entre los homicidios, superando los casos reportados con armas blancas.

La cifra puede considerarse muy alta si la comparamos con la de Colombia, donde se expresa de manera aguda la violencia política y delincuencial. En ese país, durante el año 1996, el 82% de sus homicidios fueron ejecutados con armas de fuego.

Otros tipos de delitos

Para medir el grado de violencia que experimenta República Dominicana en el contexto regional o mundial, el indicador más confiable es la tasa de mortalidad por homicidio. No obstante, en este documento analizaremos otros delitos que también crecen en proporciones alarmantes.

Datos reportados por la Policía Nacional indican que en el período que comprende de 1993 a 1997, fueron sometidos por actos violentos un total de 391,611 personas, entre las cuales un 26% fue por riñas, 17% por robos (probablemente muchos con violencia) y un 16% por amenazas de muerte.

En cuanto a los registros de robos, tanto en el Distrito Nacional como en el interior del país, se puede observar una tendencia creciente de 1993 a 1995; en el primer caso (Distrito Nacional), la cifra se duplicó, en cambio, en el interior del país, en el lapso de 1996 a 1998, se dio tendencia decreciente con relación a 1993, cuando la frecuencia registrada se redujo a 20%.

Es menester señalar que posiblemente una gran cantidad de robos y atracos «menores» que ocurren a diario en nuestras calles, comercios y hogares, no sean parte del banco de datos de los registros policiales, ya sea por el tiempo y la dedicación que requiere el sometimiento de la denuncia a dicha instancia del orden público y/o probablemente debido a los bajos niveles de confiabilidad de la población ante nuestro sistema policial y judicial.

Narcotráfico

Según las estadísticas recientes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el número de personas sometidas por droga en el período de 1988 a 1998 fue de 25,257. La tendencia, inequívocamente ha sido ascendente: en 1989 se hicieron 1,274 sometimientos y en 1998, 3,546. (Ver Tabla No. 4 y Gráfico No.2).

Tabla 4
Sometidos por Drogas en República Dominicana de 1988 a 1998

Figura 2. Sometidos por Drogas de 1988 a 1998

En el período analizado, el número de dominicanos deportados por asuntos de drogas hacia el país aumentó de 292 en 1990 a 1,498 en 1997. Entre los años 1990-1994 este número ascendió a 1,783, mientras que entre 1995 y 1998 fue de 4,636, casi el triple. Es decir, en el primer período se deportaron al país 357 personas en promedio anual y en los últimos cuatro años 1,159.

Los costos económicos de la violencia

Un estudio de la violencia tiene que incluir consideraciones sobre el alto costo económico que ésta implica. En los Estados Unidos, el costo económico de la violencia de tipo delincuencial superó los US $400,000 millones de dólares en el año 1992, suma equivalente al 7.2% del producto interno bruto norteamericano. Esto incluye los cálculos sobre las variables involucradas: el sistema policial, las cárceles, los tribunales, los valores de bienes robados, el costo de la seguridad, los daños y perjuicios, las lesiones y los homicidios.

En Colombia, en el período 1991-1997, los costos de la violencia se estiman en un 4.3% del PIB, según la siguiente estructura:

a. 1.3% por las pérdidas de vidas humanas y de capital, relativas al valor de las víctimas del homicidio.

b. 1.1% por concepto de las transferencias ilegales de bienes y recursos debido a las acciones criminales.

c. 1.6% por los excesos en gasto militar y servicios de seguridad privada.

d. Por último, 0.3% como costo de los servicios de salud y de asistencia médica, así como de atención psicológica y rehabilitación física de las víctimas.

En Guatemala, se estima que el gasto privado destinado a la seguridad es un 20% mayor que el presupuesto público destinado a ese fin.

En el estudio de la CEPAL, titulado el «Pacto Fiscal», se establece que en América Latina el gasto del Gobierno Central en Orden y Seguridad Interna participó con el 1.3% del PIB durante el período 1990-1995, correspondiendo 1.0% en América del Sur y un 1.7% a América Central. Dicha participación por el nivel del gasto del Gobierno Central se distribuye así: en los países de grupo alto, 1.8%; en los países de grupo medio, 1.0% y los países del grupo bajo, 1.1% del PIB.

Una de las posibles causas del crecimiento incontrolado de la violencia delincuencial en República Dominicana es, quizá, el pobre gasto que a través del tiempo ha realizado el Gobierno en el logro de los objetivos de orden interno y justicia.

En el período de 1980 a 1986, el gasto por estos conceptos descendió de un 0.7%, notablemente bajo, a un 0.5% del PIB. Entre 1986 y 1990 pasó del 0.5% al 0.4%, y entre 1990 y 1995 osciló entre 0.4% y 0.6%.

Sin lugar a dudas, si el Gobierno quiere enfrentar el problema de la violencia por medio del impulso del desarrollo de las reformas y la modernización del sistema penitenciario, policial y judicial, tiene que hacer cuantiosos gastos. Y vale la pena, porque se evitarían grandes pérdidas materiales y humanas y se preservaría la seguridad de los ciudadanos, cuyo precio es incalculable. Afortunadamente, hay un crecimiento del gasto estatal en ese sentido en el período 1997-1998, que representa el 1.3% del PIB nominal, superior al 0.9% de los años 1995-1996.

Si los costos relativos a la seguridad física de los ciudadanos, han sido tan limitadamente asumidos por el gobierno durante un largo período, es entonces evidente que, en gran medida, lo ha estado financiando la sociedad civil, por lo menos aquella mayoría que todavía no funciona bajo los mandatos de la «incivil» de que habla el actual secretario general de la ONU.

De esta manera, la seguridad ciudadana, que debería ser un bien público como la educación y la salud, se convierte en fuente de diferenciación entre los ricos que pueden pagar un sistema sofisticado y costoso de seguridad privado y los pobres, y muchos de clase media, que tienen que recurrir a múltiples formas de autodefensa que no siempre es efectiva.

Alan Blinder, ex-vicepresidente de la Junta de Gobernadores del Sistema Federal de Estados Unidos, en la introducción de una de sus conferencias titulada, El Banco Central, Teoría y Práctica, señalaba que «la verdadera prueba para saber si una persona es economista es ver con qué fervor suscribe el principio de la ventaja comparativa». Por ejemplo, citaba, «siempre albergo dudas sobre los amigos economistas que me cuentan que cortarían su propio césped en lugar de contratar a un jardinero, porque disfrutaban realmente cortando la hierba». Y agrega: «dicho así, esa afirmación resulta sospechosa. Y es que una persona que crea verdaderamente en la ventaja comparativa debe ser constitucionalmente incapaz de disfrutar de esa actividad». Sobra precisar que la seguridad física de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado.

Crecimiento económico, pobreza y violencia

Ya se ha señalado el contraste observado en la presente década entre el auge de la violencia en todas sus formas, particularmente de tipo delincuencial, y el rápido crecimiento de la economía dominicana.

Sigue vigente, sin discusión, el vínculo existente entre pobreza y delincuencia y entre pobreza y violencia, sin entrar en detalles sobre el carácter multidimensional y al mismo tiempo multicausal del fenómeno. Además, el enfrentamiento de la violencia tiene un contenido ético. La misma sociedad sufre una derrota moral cuando parte de sus niños, adolescentes y jóvenes se incorporan a la vida delictiva, unos por un problema de supervivencia estrictamente económico y social, y otros, sin más criterios que no sean los de obtener dinero de forma rápida y fácil.

Para estudiar el vínculo entre violencia, pobreza y crecimiento económico en los 10 países a que se ha hecho referencia, incluyendo el nuestro, se construyeron tres cuadros y se ordenaron sobre la base de la magnitud del ingreso/cápita.

En la Tabla  5 se presentan siete columnas con los valores correspondientes al coeficiente de Gini, (a menor coeficiente mejor distribución del ingreso), la línea de pobreza, la tasa de desempleo, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más, el gasto social per cápita, el gasto social como porcentaje del producto interno bruto (PIB) y la tasa de homicidio en el año 1991.

Tabla 5
Relación entre algunas variables socio-económicas y la tasa de homicidio en 10 países de América Latina, 1995 y 1997

Tabla propia elaborada con base en: 1- Panorama Social 1998, CEPAL. 2 – Informe Mundial sobre la Educación 1998, UNESCO educación 1998, UNESCO; 3- otras fuentes.

Ante todo, se destaca la baja tasa de homicidio en Argentina, Uruguay y Chile, los primeros países en cuanto a la magnitud del ingreso per cápita. La situación es diferente en México, Brasil y Panamá, donde las tasas de homicidio alcanzan dos dígitos.

Costa Rica y Colombia parecen ser los dos extremos. Costa Rica, porque su tasa de homicidio es muy baja, similar a los países de mayor ingreso, y Colombia, donde la tasa de homicidio es excesivamente alta. La República Dominicana, en cambio, tiene una tasa similar a la de Panamá, aunque constituye el país de menor ingreso per cápita.

Con el coeficiente de Gini, las comparaciones no son tan favorables, salvo en el caso de Uruguay y Costa Rica, donde el bajo nivel del coeficiente va acompañado de una baja tasa de homicidio o, a la inversa Brasil y Colombia. En los demás países la relación no es tan estrecha.

Los datos muestran que los países que tienen menor población viviendo en la pobreza, tienen tasas bajas de homicidio. El hecho es claro en Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina. Y, en sentido inverso, aparecen Venezuela, México y Colombia. Para Brasil, sin embargo, la tasa de homicidio parece guardar mejor relación con la distribución del ingreso. En sentido general, en los países donde se combinan los tres factores: alto ingreso per cápita, mejor distribución del ingreso y menor población viviendo en la pobreza, tienen tasas más bajas de violencia. Es interesante ver también la relación estrecha que existe entre tasas de homicidio, niveles de pobreza y gasto social, sobre todo, el gasto social en su participación en el PIB.

En la Tabla  6 la numeración en las columnas se establece según el dato exprese una mejor posición con respecto a la variable correspondiente. Se aprecia la estrecha relación entre las variables mencionadas, la pobreza y la violencia. Se repiten los países en las posiciones del 1 al 5 (Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica) en cuanto a la línea de pobreza, analfabetismo, gasto social per cápita y tasa vinculada a la distribución del ingreso.

Tabla 6
Relación entre algunas variables socio-económicas y la tasa de homicidio en 10 países de América Latina, 1995 y 1997

Tabla propia elaborada en base a: 1-Panorama Social 1998, CEPAL. 2-Informe mundial sobre la educación 1998, UNESCO; 3- Otras fuentes.

Los datos significan orden de posición alcanzada del 1 al 10 en cada una de las variables estudiadas.

Es importante resaltar la privilegiada situación en que aparecen Uruguay y Costa Rica, países con distintos niveles de ingreso, pero que presentan una coherencia apreciable en la conformación de los valores de las variables utilizadas. En el caso dominicano todos los indicadores parecen justificar la alta tasa de violencia.

Como puede verse en la Tabla  7 la economía dominicana fue la segunda después de Chile, de mayor crecimiento del ingreso bruto per cápita en el interregno 1990-1997. En el mismo lapso, ocupó la segunda posición detrás de Colombia, en cuanto al incremento del gasto social. Sin embargo, este gasto era tan inferior al inicio de la década que a pesar del aumento porcentual, la brecha absoluta con relación a la mayoría de los países, lejos de reducirse se ensanchó. Lo mismo ocurrió en relación con el gasto social/PIB y el gasto social/gasto público. Por ejemplo, países como Uruguay, Costa Rica y Panamá, que a comienzos de la década tenían tasas de participación del gasto social/PIB entre 18 y 19%, incrementaron esta relación entre un 2.6% y 3.8%. En cambio, República Dominicana que tenía una relación gasto social/PIB de sólo un 4.5%, incrementó su participación en el período en apenas 1.5%. Peor es la situación en cuanto al incremento del gasto social/gasto público. República Dominicana sólo superó a Brasil, Panamá y Costa Rica, países con los que mantiene apreciables diferencias absolutas en la proporción gasto social/gasto público.

Tabla 7
Crecimiento Económico, Pobreza y Gasto Social – (Variación Porcentual) 1990-1997

Tabla propia elaborada en base a Panorama Social 1998, CEPAL y otras fuentes estadísticas.

En República Dominicana, si se quiere combatir la pobreza con eficacia, deben operarse variaciones sustanciales. El mejoramiento del gasto social/cápita no sólo debe depender del crecimiento del PIB, sino de cambios en la naturaleza del gasto público y en la relación gasto público/PIB.

Hasta ahora, el Estado ha asumido el rol de motor fundamental del crecimiento económico, por medio del gasto de inversión y manteniendo muy baja la carga fiscal en desmedro del gasto social y del gasto público en materia de orden y justicia. Esta situación debe cambiar. Es urgente la creación de condiciones favorables que garanticen la seguridad ciudadana en el sentido amplio de la palabra. Para lograrlo, debe mejorar de manera eficaz la educación y la salud; crear más oportunidades de trabajo, fortalecer los mecanismos que preserven el orden público, sanear cada vez más la justicia, el sistema carcelario y el sistema policial; generar empleos productivos y dignamente remunerados; combatir la pobreza con planes integrales de desarrollo; adecuar y modernizar las instituciones para hacerlas más estructurales y funcionales.

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Citar:

Brea, M. & Cabral, E.  (2006, 03 de noviembre). La violencia y los factores socioeconómicos de riesgo en República Dominicana. Revista PsicologiaCientifica.com, 8(14). Disponible en: https://psicologiacientifica.com/violencia-republica-dominicana-factores-socioeconomicos