Trastorno bipolar en reclusos desplazados: Estudio en el centro penitenciario de Calarcá

José Alonso Andrade Salazar, Mario Alejandro Restrepo Patarroyo, Daniel Caicedo Ayala.
Universidad de San Buenaventura. Armenia, Colombia.

Resumen

El objetivo del presente trabajo es evaluar si existe o no la posibilidad de emergencia de un trastorno afectivo bipolar en los internos desplazados por el conflicto armado, privados de la libertad en la cárcel de Calarcá, Quindí­o. La muestra está compuesta de 27 personas, hombres entre los 22 y los 56 años de edad, de las etnias afrodescendiente, indí­gena y mestiza. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron el Cuestionario de trastornos de humor (MDQ), y una ficha de caracterización social. Los resultados de los análisis indicaron que la población total en riesgo de tener un TAB corresponde al 48%, y que existe una tendencia mayor en la población Afrodescendiente de generar dicho trastorno (50%).

Palabras clave: desplazamiento forzado, disfunción familiar, trastorno afectivo bipolar (TAB), conflicto armado, privación de la libertad.


Actualmente, el Quindío acoge a 23,553 personas correspondientes a 6,176 familias desplazadas, de las que al menos el 1% de ellas cuenta con un familiar desplazado, privado de la libertad en el centro penitenciario del municipio de Calarcá, departamento del Quindío. En Colombia, existen 3´303.979 de personas desplazadas con una variedad étnica importante, misma que en 2009 correspondió a un 23% Afrodescendiente, 4% indígena, 76% mestizo, 2% ROM y 2% no sabe (Fuente Acción Social, SIPOD Corte Diciembre 31 de 2009), ésta población se moviliza desde su lugar de origen o de asentamiento, hacia diferentes partes del territorio, siendo el eje cafetero uno de los lugares de amplia admisión poblacional. Llama la atención, que dicha elección no resulta del todo conveniente para las familias, ya que, la región presenta un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) con un promedio departamental de 16% (DANE, 2005) y una tasa de desocupación del 17,1% (DANE, 2009), por lo que el desplazamiento impacta negativamente la economía local, regional y nacional, al tiempo que aumenta los cordones de miseria, el índice de violencia, delincuencia, conflicto intrafamiliar, las violaciones a los derechos humanos y la explotación laboral y sexual, entre otros aspectos.

En el departamento, la población desplazada privada de la libertad, convive con factores de riesgo para su salud mental, que se constituyen en agentes determinantes de vulnerabilidad personal y familiar, ya que, casi siempre, es el jefe del hogar quien por diversas razones acude al acto delincuencial para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Según lo anterior, la historia de violación a los DDHH y el fenómeno de la revictimización de estas personas, influye para que las destrezas adaptativas, disminuyan su efectividad significativamente, provocando una mayor fragilidad social además, de un debilitamiento de los niveles funcionales de cohesión, aglutinamiento y desligamiento intrafamiliar, lo que, a su vez, expresa tanto una ruptura de los vínculos, como una marcada propensión a la hostilidad, la violencia y la intolerancia.

En este escenario, se altera la salud mental de los desplazados implicados en delitos, siendo el TAB, uno de los estados mentales más representativos, que puede provenir de la comorbilidad de un trastorno por estrés postraumático (TEPT) o de un trastorno de ansiedad generalizada (TAG) habitualmente; el TAB se caracteriza por la presencia de episodios afectivos oscilantes (de la manía a la tristeza y la depresión mantenida) y cíclicos, con modificación del estado de ánimo, la psicomotricidad, la energía vital y el control de los impulsos, que pueden durar días o meses, por lo que su desarrollo tiende a ser crónico y recurrente. La comorbilidad del trastorno deriva de «episodios del estado de ánimo», entendidos como: «cualquier periodo de tiempo durante el cual el paciente se siente anormalmente feliz o triste» (Morrison, 2008, p.201). Análogamente, la agudización de los síntomas, se ve nutrida de factores conflictivos, que devienen de problemas de adaptación a las condiciones que impone el medio social, además, de las secuelas materiales, psicológicas y orgánicas de los actos de lesa humanidad y las necesidades básicas insatisfechas, entre otros.

El TAB no emerge de la nada, pues deben haber condiciones psicopatológicas precisas determinadas por la biología, el ambiente, las experiencias y una historia de afectaciones sucesivas al estado de ánimo de tipo episódico, ya que «aproximadamente el 25% de los pacientes con trastornos del estado de ánimo experimentan episodios maniacos o hipomaniacos» (Morrison, 2008, p. 203). Es importante tomar en cuenta que «por estado de ánimo se entiende una emoción sostenida que da color a la manera como vemos la vida» (Morrison, 2008, p.205), lo que quiere decir que puede identificarse, como un patrón de enfermedad mental a consecuencia de un estado de ánimo anormal, que deteriora el sistema de representaciones individuales y colectivas, los imaginarios sociales, el auto concepto, la imagen de sí mismo, la autoestima y, el sentido de la relación con otros, (instituciones, familia y la comunidad en general).

El campo de la violencia en Colombia, cada vez más extiende su rango de acción, por ello las consecuencias sobre el cuerpo y la psique son evidentes e innegables, así, uno de los componentes violentos que afecta lo psicosocial, puede verse en la trasmutación del acoso, el asesinato y, la estigmatización, desde lo individual a lo comunitario, entendido éste último en el escenario de guerra, como un basamento que debe ser eliminado, para lo cual las partes tecnifican el conflicto, especializándolo en la muerte y la violación a los DD HH, María Victoria Uribe, afirma que «esta tecnología del poder implanta un orden impuesto en la clasificación corporal, distinto al natural y da a los oficios corporales, usos distintos a los provistos por la cultura» (Uribe. M, 2004, pp. 94-123; citado por: Giraldo. M. NEL, 2008, p. 151), esta realidad es el sacro santo del presente de la población en situación de desplazamiento, y el sine qua non de su condición mental.

En razón de lo anterior, «del campo de la salud mental se espera que desempeñe un papel cada vez más importante en la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas y emergentes, en las cuales hay un componente conductual» (Kohn R, Levav I. 2005, p.238), que se desestabiliza de forma significativa, por consiguiente, el comportamiento antisocial puede ser también, el resultado de la inequidad social y la falta de reparación psicológica y material efectiva, que expresa en la migración interna, los factores psicosomáticos, la violencia urbana y los actos delincuenciales, la ineficacia de las herramientas psicológicas de autocontrol y sostén, de un colectivo social desplazado. Asimismo, estas conductas muestran las deficiencias de cobertura en la respuesta de la demanda asistida versus la demanda sentida, de las poblaciones desplazadas o en otras condiciones de vulnerabilidad, por parte de las instituciones del Estado.

Los fenómenos violentos afectan a toda la sociedad Colombiana, constituyéndose en actos de vulneración a los DDHH, las libertades y la dignidad. Las consecuencias de los modos de violencia y sometimiento «son enormes en el ámbito individual y social, por lo que se considera que esta crisis de convivencia al interior de las familias y por fuera de ellas constituye un grave problema de salud pública» (Henao, J. 2005, p.162). De acuerdo a lo anterior, las instituciones del Estado y en general toda la comunidad, debe hacerse cargo de la resocialización de las personas privadas de la libertad, lo que implica una mejoría significativa del nivel de atención y asistencia preventiva, ergo, para las familias desplazadas que esperan reunirse con su familiar, las acciones de bienestar social, no solo se reducen a las visitas y la atención médica farmacológica, sino también al mejoramiento de las condiciones psicológicas y calidad de vida de internos sindicados, imputados, condenados o durante el tiempo de detención, factores que propician de modo directo el desarrollo integral de la persona en su extensión, biológica, psicoafectiva y sociocultural e ideológica.

Método

Esta investigación es de tipo cuantitativa de corte descriptivo (Cook T.D & Retechardt Ch., 2004), con inferencia en el factor de vulnerabilidad en salud mental (SM) como una dimensión o componente potencial de la presencia del TAB en la población desplazada privada de la libertad. Se eligieron escalas auto aplicadas para disminuir el tiempo de la intervención con la población y, el riesgo de contaminación de las respuestas por parte del entrevistador, sin embargo, se tuvo que proceder con la lectura personalizada de los ítems, debido al analfabetismo y las resistencias típicas de todo análisis en los entrevistados.

Participantes

La población objetivo de la investigación fueron 27 personas de género masculino, de las etnias Afrodescendiente (23%), indígena (12%) y mestiza (65%), de diferentes partes del país, entre los 22 y 56 años, en condición de desplazamiento forzado, privadas de la libertad en el centro penitenciario de la ciudad de Calarcá, en el departamento del Quindío (Colombia), quienes accedieron voluntariamente a participar del proceso. Los criterios de exclusión fueron: enfermedad psicótica evidenciada por el servicio de psiquiatría y un nivel de peligrosidad estimado como alto por el personal del centro penitenciario.

Instrumentos

Para la elaboración de esta investigación se utilizó el Cuestionario de trastornos de humor. MDQ, instrumento auto aplicado, que sirve de cribado de los trastornos del espectro bipolar (TAB). El punto de corte es la respuesta afirmativa a 7 o más cuestiones formuladas, lo que constituye un caso con alta probabilidad de desarrollo. Estos casos se correlacionan con antecedentes personales y familiares, evaluados en las respuestas finales de la prueba. Es importante tomar en cuenta que al ser un instrumento tipo cribado, mide la probabilidad de la emergencia del trastorno, y no la validez del mismo, su especificidad radica en la precisión que tiene para identificar los sujetos que no presentan el trastorno, (Lahortiga F, Cervera, 2004), análogamente las personas restantes corresponden a aquellos con un probable TAB.

Procedimiento

En la fase operativa de la investigación, se convocó a la población desplazada en un salón del penal, se les orientó sobre la importancia de disminuir la vulnerabilidad psicológica de las familias desplazadas, los objetivos de la investigación y, el tiempo de duración de la intervención; una vez hecho esto, se procedió a firmar el consentimiento informado, luego de manera individual se aplicaron las pruebas. Una limitación importante fue que a la gran mayoría de los reclusos se les tuvo que leer el instrumento, ya que, a razón de su analfabetismo y desconfianza en el proceso, muchos presentaron ese tipo de resistencias, por lo que fue necesaria la asesoría para llenar el formulario. Se les pidió en el cuestionario MDQ, que respondieran SI o NO, por ejemplo, en la importancia que se le da al sueño (Ítem N° 1 del MDQ) «dormía mucho menos de lo habitual y creía que realmente no era importante» las respuestas «a veces, a menudo o en ocasiones» no fueron válidas, por tanto, para algunos reclusos fue más fácil contestar: «de noche duermo muy poco», lo que equivale a decir SI y, No cuando se trató del caso contrario, en este sentido las habilidades del entrevistador para reformular las preguntas sin cambiar el contexto del instrumento contaron mucho.

Resultados

Para la formulación de los resultados se usaron los puntajes de importancia relativa, que los 27 entrevistados le asignaron a los síntomas somáticos y psíquicos reconocidos a razón del desplazamiento, que se asocian a la prevalencia de un posible trastorno de espectro bipolar TAB. La distribución de los entrevistados de acuerdo a edad, etnia, estado civil, se indica en la Tabla 1, y representa información de su caracterización, importante para asociar la prevalencia del estado mental alterado. De suyo, se encontró que la población afrodescendiente es la que tiene un mayor riesgo de presentar el TAB pues, a razón de sus diversas vulnerabilidades (exclusión social y apartheid, discriminación histórica, estado de pobreza, abandono estatal, etc.), presentan un 50% de probabilidad, frente a un 38% de la comunidad indígena y un 12% de la población mestiza.

Uno de los motivos que pueden ser determinantes de la propensión a la delincuencia en estas comunidades, tiene que ver con el hecho de que «cerca del 27% de la población afrodescendiente vive en zonas rurales identificadas como de extrema pobreza» (Sánchez & García, 2006), que se constituyen en centros de reasentamiento y de desplazamiento interno (en el interior de las mismas ciudades en donde están desplazados); del mismo modo, la población indígena sufre el destierro consecutivo de sus territorios, y la discriminación de una sociedad, que no reconoce o duda de la veracidad de su estado de vulnerabilidad, así, «algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados -cultural o físicamente- por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del DIH» (Auto 004 de 2009, p.2). En Colombia, tanto indígenas como afrodescendientes privados de la libertad, tienen una historia de constantes violaciones a sus derechos, ya que provienen de escenarios de conflicto, donde son obligados a efectuar labores humillantes, llegando a ser castigados por no cumplir con las tareas impuestas por el grupo armado que los somete.

Así, quienes tienen un mayor riesgo de TAB son aquellos que además de presentar los síntomas principales del posible trastorno del humor, no cuentan con un adecuado sistema de redes sociales, exhiben una tendencia al aislamiento por sumisión o temor frente a otros internos, tienen antecedentes de episodios ansiosos o depresivos, su estado civil es de unión libre (37%), separados (11%), sus habilidades cognitivas y de resolución de conflictos, se ven alteradas, principalmente, por condiciones ambientales de inseguridad personal e incertidumbre frente al futuro.

Tabla 1
Distribución social de los entrevistados

La presencia de un temor elevado al futuro no es una condición exclusiva de la etnia o de la edad, aunque sí lo sea de las experiencias pos trauma, lo que inscribe al trastorno por estrés postraumático, como la patología más prevalente en la población desplazada, y aunque éste estudio no verse sobre el TEPT, el TAB es en muchos sentidos una derivación psicopatológica del mismo, por lo que, el acto delictivo puede darse tanto en una fase maniaca de corte paranoide, como en la fase depresiva-melancólica; los periodos de calma relativa, se enmarcan en el plano de la oscilación de un estado a otro y pueden ser señales de una posible recuperación interepisódica, aunque esto realmente sucede cuando las condiciones ambientales y psicológicas sostienen a la persona, volviendo operativos los insights. En los periodos de fluctuación el pico más peligroso para el acto delictivo es el ansioso (manía o hipomanía), por ello «en la conducta de estructura paranoide se incluyen los que acusan o refieren peligros o culpas a otras personas u objetos, […] los desconfiados e irritables; las conductas de ataques y distintas formas de violencia contra el mundo exterior u objetos […]» (Bleger, J. 1996, p. 172).

La experiencia de ansiedad está muy relacionada con la incertidumbre ante el futuro, De Castro (2005), afirma que «parece haber una fuerte relación entre la experiencia de estar ansioso y la confrontación de la incertidumbre que viene del futuro», esto es evidente en la población desplazada, ya que, la construcción del principio de realidad se ve estimulado por imágenes de guerra, experiencias traumáticas y actos de lesa humanidad que se tornan cíclicos e inevitables, aun después de abandonar la zona de conflicto, pues como un estigma el peso de las consecuencias del conflicto, torna persecutoria la existencia, sumiéndolos en un estado de fuga constante, que además de exponerlos al menoscabo y la miseria, construye condiciones imaginarias (verídicas o no) que aumentan su estado de vulnerabilidad y revictimización, una de ellas afirma que: «[…] no hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados» (Mondragón, Héctor, 2000).

El análisis de la emergencia probable del TAB en la población desplazada privada de la libertad, se obtuvo a través de la evaluación con el Cuestionario de Trastornos del Humor (Mood Disorder Questionnaire, MDQ), de ello se encontró que el 48% presenta indicadores de un trastorno bipolar, y aunque el 52% restante no muestre totalmente la tendencia sintomática, esto no los excluye de desarrollarlo en algún momento de crisis vital, ya que, se evidenció en ellos indicadores de ansiedad y depresión importantes, que se exacerban de acuerdo a las circunstancias psicosociales emergentes. El estudio identificó de forma descriptiva las posibles manifestaciones del TAB, expresados por la muestra representativa de síntomas en un periodo mínimo de seis meses.

De acuerdo a lo analizado el 56% de la población desplazada privada de la libertad encuestada, afirma haber tenido alguna vez en los últimos seis meses, un tiempo prolongado en el que los síntomas de hiperactividad fueron evidentes por otros internos, pero no por ellos mismos, a través de frecuentes problemas personales y roces entre compañeros, con periodos prolongados de irritabilidad, sumados de conflictos, gritos y peleas (48%). Respecto al sueño, el 56% indicó haber tenido problemas de éste tipo (insomnio), complementados por la percepción de que estos cambios no eran importantes ni afectaban su conducta. Lo anterior puede ser tomado como una medida de ajuste ante las circunstancias de inseguridad del entorno, sin embargo, de acuerdo a la vulnerabilidad implícita al hecho de estar privado de la libertad y ser desplazado, se puede inferir que los trastornos del sueño se asocian al TAB, y se complementan por una alteración en el curso de pensamiento respecto al flujo anormal de ideas (interceptación y aceleración), problemas de concentración, distraibilidad e hiperexcitabilidad (40%), y extroversión con ausencia de tino social (48%), principalmente.

Dos hallazgos importantes sustentan la prevalencia de TAB en los internos. Primero, se encontró que el 36% manifiesta haber tenido algún pariente con una enfermedad de tipo maníaco-depresiva o trastorno bipolar, estos reclusos son los que marcan positivo de TAB en el test MDQ, esto es importante, ya que «hay clara evidencia de factores genéticos involucrados en la vulnerabilidad al trastorno, pero no se han podido aislar uno o varios genes implicados» (Colciencias, 2006, p. 50), al tiempo, el 12% restante fue diagnosticado «alguna vez» con Trastorno bipolar por el servicio de salud mental, estos dos hallazgos dan cuenta de la prevalencia del posible TAB, indicando la reciprocidad entre herencia y medioambiente respecto a los trastornos del humor.

Llama la atención que en la encuesta el 8% de los que marcaron positivo en TAB, manifestó haber tenido ideas suicidas en su estado maniaco, mismas que aparecen de manera constante desde que se encuentran privados de la libertad, lo que se halla asociado a síntomas típicos del episodio bipolar tipo I, pues, no habían presentado anteriormente episodios depresivos mayores (DSM-IV TR, p.338), lo anterior se constituye en un factor de riesgo importante, ya que «el suicido consumado se produce en el 10-15 % de los sujetos con trastorno bipolar I. Durante los episodios maníacos graves o con síntomas psicóticos pueden producirse agresiones a los hijos o al cónyuge y otros comportamientos violentos» (DSM IV-TR, p.37)

Discusión

En Colombia, de los Trastornos psiquiátricos, «el TAB es uno de los más representativos, en razón de la conjunción de factores complejos como la problemática y el costo social, la escasez de recursos para la salud y la pobreza de la población» (Colciencias. 2006, p.50), quizá por ello los trastornos afectivos no son tomados muy en cuenta en los planes de promoción y prevención de la salud (PYP), por lo que la baja percepción del riesgo por parte de los afectados y de alguna manera, de las instituciones de salud, determina la agudización de los síntomas, la recidiva en la crisis y la comorbilidad asociada a la enfermedad mental en curso. La encuesta WMH, realizada en Colombia, encontró que «el 82,4% de las personas con cualquier tipo de trastorno afectivo que necesitaban tratamiento no lo recibieron» (Kohn R, Levav I. 2005, p.237), lo que significa un nivel importante de desatención a las poblaciones, mismas que se re victimizan a razón de su condición mental alterada y de las dificultades en el acceso a los servicios de salud en cuanto especialidad psiquiátrica y psicológica.

Por ello, la demanda de servicios de prevención y de atención a los TAB debe aumentar significativamente, a raíz de la visibilización de esta realidad en las poblaciones vulnerables, y en pro de una definición comunitaria de la responsabilidad compartida respecto al cuidado de la salud mental. Lo anterior debe verse sostenido por una tendencia hacia la tolerancia, compromiso y solidaridad social, frente a las enfermedades mentales y las personas que las padecen, factores que deben ser independientes de la etnia, condición socio-política, cultural, religión o condición psicológica. El decreto 300 de febrero 7 de 1997, plantea que es deber del Estado y de sus instituciones «diseñar, ejecutar y controlar los programas de resocialización, reinserción y prevención de los internos», entre los que deben incluirse acciones de prevención en sus tres modalidades: antes (primaria), durante (secundaria) y post emergencia (terciaria) de una condición mental patológica (Caplan, 1961; Sanford, 1965).

En este sentido, la investigación descriptiva es de mucha importancia, ya que busca detallar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido al análisis (Dankhe, 1986), mostrando las particularidades de las patologías que emergen de la situación existencial y, generan una respuesta emocional desbordada que desestabiliza la normalidad de la conducta humana. Para ello, la Ley 1090 de 2006, que Reglamenta ejercicio profesional de la Psicología, define que las acciones de investigación deben darse bajo un contexto de seguridad, en el que «el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos» (Ley 1090, Título II Art, IX, p.4).

Así, las investigaciones dirigidas a enunciar una condición de vulnerabilidad, como por ejemplo: «el estar privado de la libertad», requieren ser asociadas a condiciones de inseguridad social previas al acto delictivo, tales como «el desplazamiento forzado, la pobreza, la resistencia, el encajonamiento y la violencia en todas sus manifestaciones», establecidas como consecuencias directas del conflicto entre estado e insurgencia, y que actuarían como motivadores negativos para los jefes de hogar, cuando se ven impedidos de dar cubrimiento a las necesidades de supervivencia básicas, tomando en cuenta que «la motivación es también una relación que da sentido a la conducta, pero no todo sentido o significado es una motivación» (Bleger, J. 1996, p. 103), lo que indica que si bien, la vulnerabilidad implícita al desplazamiento, puede ser constitutiva de un comportamiento delictivo, este no inhibe, justifica o resignifica el atentado a la ley y el orden social, ni las consecuencias que del mismo se deriven.

Se debe tomar en cuenta que la población investigada está conformada en su totalidad por personas adultas que se encuentran en una situación límite, como resultado de su experiencia de trasgresión de la Ley, en condiciones de cautiverio y de privación de la libertad; en consecuencia los factores de riesgo para la salud mental son elevados, ya que la cárcel genera los escenarios de conflicto grupal e individual (intrapsíquico) necesarios para la emergencia de patologías mentales, que al tornarse comorbidas a condiciones patológicas preexistentes o en curso de agudización, permiten la aparición de trastornos duales, lo que complejiza las acciones de intervención y las especializa, ya que «las personas con trastornos duales no constituyen una categoría clínica homogénea, por lo que no existe una única forma de realizar un tratamiento» (Hein, l996,en Rubio y Cols., 2001, citado por Martínez. I & Amar, José, 2006).

Los trastornos duales TD tienen tres posibilidades de aparición: 1) el TAB puede ser un trastorno psiquiátrico primario que secundariamente ocasiona un abuso de sustancias o drogodependencia, un trastorno depresivo mayor con presencia de ideas suicidas (8%), un trastorno de personalidad paranoide, o un trastorno límite de la personalidad entre otros; 2) un cuadro de uso de sustancias primario o de base, asociado a un trastorno por estrés postraumático TEPT, que induce secundariamente un trastorno psiquiátrico como el TAB, mismo que al entrar en remisión de la fase inhibitoria de su acción depresiva, asume los síntomas de un trastorno de ansiedad generalizada TAG, hipomanía o en su defecto, de depresión grave, trastornos somatomorfos y adaptativos entre otros; 3) o bien los trastornos psiquiátricos pueden coexistir en estas personas constituyéndose ambos en trastornos de origen independiente.

En general, los trastornos asociados al TAB pueden ser muy diversos, pero guardan una especificidad única, relacionada con la diversidad que caracteriza a esta población, a través de aspectos como «origen, procedencia, condiciones económicas, y la diferencia de posibilidades que cada integrante ha tenido para el acceso a la escolaridad» (INPEC. 2008, p. 41). A razón de lo anterior la población desplazada en su mayoría de origen rural (70%), enfrenta un gran obstáculo, en cuanto la adaptación y el reasentamiento, ya que muchos de ellos acuden al delito como medio de obtención de recursos, que antes serán satisfechos con una capacidad e inmediatez o de «pan coger». Lo anterior desata estados de bipolaridad reactiva (ansiosa-depresiva), mismos que se exacerban de acuerdo a la insuficiencia continuada de bienes y servicios, factor que complejiza la satisfacción de las necesidades básicas de supervivencia.

Igualmente, en la fase previa a su reclusión, otro factor que facilita la emergencia de actitudes ansiosas o depresivas, es la incertidumbre que genera la movilidad entre establecimientos carcelarios, ya sea por razones de seguridad o de ubicación de procesos jurídicos para definir su condición de condenados o sindicados. En lo referido a la relación del acto delictivo con posibles niveles bajos de inteligencia, asociados a la falta de oportunidades, al precario nivel de acceso a los bienes y servicios del estado social democrático y de derecho, el artículo hecho por Moffit (1993), en el que revisó 47 estudios sobre factores conexos con la actividad delincuencial, encontró que «uno de los factores consistentemente asociado es el menor cociente intelectual, que el déficit se encuentra especialmente en la inteligencia verbal y que la asociación es independiente del estrato socioeconómico» (Moffitt, T, 1993, pp. 135-151, citado por Henao, J. 2005, p. 164).

Es claro que las enfermedades mentales en estas personas, no son episódicas sino estructurales, así, lo episódico hace alusión a lo circunstancial y emergente de los diversos contextos de socialización, mientras lo estructural referencia una dinámica compleja asociada a la historia de desplazamientos masivos (67%) y rebeldía ante experiencias insatisfactorias. Las conductas a menudo violentas y delictivas en las poblaciones desplazadas, por una parte son el resultado de circunstancias reactivas tomadas como modelo de respuesta ante la presión familiar y social, al tiempo que pueden ser el subproducto de condiciones psicopatológicas de trastornos duales, que impactan las dinámicas familiares generando conflicto y violencia intrafamiliar, en Colombia se pudo confirmar que «la violencia intrafamiliar, en particular el maltrato infantil severo, juega un papel importante en el trayecto hacia la violencia común y hacia la vinculación a grupos armados irregulares» (Llorente, 2005, citado por Henao, J. 2005, p. 162)

Así, el espectro bipolar constituye un factor de riesgo asociado al desplazamiento forzado, aun más en condiciones de exclusión de la libertad, y aunque los reclusos generen estrategias importantes para confrontar su condición mental, es dable afirmar que estas no cuentan con la potencialidad suficiente para resignificar el contenido de los motivos psicológicos que sustentan el trastorno, quizá por ello, en estos escenarios la persona deja de sentirse dueña de sí misma, pues sumada a la realidad de su falta de libertad y la condición de desplazados, está la incertidumbre frente a la condena, la violencia del medio social donde van estar recluidos, el temor a ser violados o cosificados, además, del alejamiento, la desintegración y a menudo la evasión de sus vínculos psicosociales.

Es innegable la vulnerabilidad de los y las desplazadas privadas de la libertad, por ello es importante ajustar planes de contingencia para la atención en salud mental, lo que puede disminuir la reincidencia en el delito, y la resignificación de la retaliación como factor significante de un proyecto vital. Entre las personas en estado de cautiverio, la desintegración del Yo, la pérdida de un principio de realidad compartido, la desintegración familiar, y el hecho de continuar siendo perseguidos o asesinados afuera o dentro del penal, se constituyen en sus mayores temores, vedando su posibilidad de libertad y autonomía, al convertirse en un medio para reproducir los esquemas de opresión de los que vienen huyendo. En palabras de Derridá (1998), ésta contradicción se puede evitar cuando se entienda que «el hombre, y en general todo ser racional existe como fin en sí, y no simplemente como medio cuya voluntad puede ser usada por éste o por el otro a su antojo «por ello» en todas sus acciones, tanto en las que conciernen a sí mismo como en las que conciernen a otros seres racionales, debe siempre ser considerado al mismo tiempo como fin» (Derridá, 1998, pp. 145-174)

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Citar:

Andrade, J. A., Restrepo, M. A. & Caicedo, D. (2010, 05 de mayo). Posible Trastorno Bipolar asociado al desplazamiento forzado, en reclusos del centro penitenciario de la ciudad de Calarcá en el departamento del Quindí­o. Revista PsicologiaCientifica.com, 12(11). Disponible en:
https://psicologiacientifica.com/trastorno-bipolar-reclusos

 

2 comentarios en «Trastorno bipolar en reclusos desplazados: Estudio en el centro penitenciario de Calarcá»

  1. Este artículo no hace reorientar los recursos para ayudar a los desplazados en Colombia porque pensamos que la claridad mental es importante para el desarrollo humano. Congratulaciones

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