Impacto del armamentismo en República Dominicana: Análisis y perspectivas

El presente trabajo parte de las generalidades y particularidades del negocio de las armas de fuego a nivel mundial. Aborda los efectos nocivos de la violencia armada en el desarrollo humano y social, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. Muestra la evolución creciente del tráfico legalizado de armas en República Dominicana a partir de la década del 2000 y cómo este auge se produce simultáneamente con un crecimiento inusitado de la violencia y la inseguridad ciudadana. Aunque se reconoce el carácter multidimensional y multicausal de la violencia, se subraya la importancia del armamentismo como un poderoso factor de riesgo amplificador y facilitador de la violencia dominicana.

Se consideran cuatro planteamientos básicos:

1. La proliferación de armas de fuego es un facilitador de violencia, inseguridad, inestabilidad social y, por ende, la violencia armada impacta negativamente en el desarrollo económico, social y humano de América Latina y El Caribe.
2. El armamentismo en República Dominicana se recrudece notoriamente a partir del año 2000 con las facilidades y apertura al tráfico, acceso y legalización de las armas de fuego en la población civil por parte de las autoridades oficiales, constituyendo hoy día un factor de riesgo y una fuente de abastecimiento al tráfico ilegal de armas existente.
3. La percepción de inseguridad ocasionada por la creciente violencia y la desconfianza en los organismos de protección ciudadana, son factores que predisponen a adquirir armas de fuego como un mecanismo de autoprotección de gran aceptabilidad social y cultural.
4. La proliferación de armas de fuego coadyuva notablemente al aumento de la violencia en los últimos 11 años en República Dominicana y exacerba la letalidad de la violencia en general, incrementando tanto la violencia urbana de tipo delictiva como la conflictividad social con una secuela impresionante de muertos y heridos de bala.

El procedimiento metodológico utilizado para el presente estudio parte de fuentes mixtas de información, de un marco de referencia bibliográfico internacional sobre los efectos de la violencia armada en el desarrollo mundial y en la región latinoamericana. Se analizan estadísticas de diversas fuentes de República Dominicana, de las características y evolución del tráfico de armas y la violencia en los últimos años, con el propósito de descubrir la estrecha vinculación entre ambos fenómenos con fines explicativos.

Generalidades y particularidades del armamentismo

En el mundo circulan 875 millones de armas de fuego en poder de civiles, fuerzas públicas y militares. El gasto militar ronda los 1.5 trillones de dólares. Se estima que en manos de civiles hay 650 millones de armas, alrededor de 75% del total conocido. A consecuencia de la violencia armada mueren aproximadamente 740,000 personas anualmente y el 67% de dichas muertes ocurre en lugares que no se encuentran en conflictos de guerra (Small Arms Survey, 2007).

Cada año se producen 8 millones de nuevas armas y 16.000 millones de municiones, es decir, un promedio de dos balas y media por cada persona mundialmente, para un costo humano muy alto como consecuencia de dicha proliferación, muere una persona cada minuto (Luz i Álvarez, Daniel, 2010). Se estima que el comercio anual de armas ligeras asciende a 1.1 billones de dólares. Las empresas de seguridad privada poseen entre 1.7 y 3.7 millones de armas de fuego a nivel mundial, estimación basada en extrapolaciones efectuadas a partir de las existencias declaradas (Small Arms Survey, 2011).

Aunque las armas no son la raíz de la violencia, actúan como facilitadores del conflicto. Hay consenso en que la posesión de armas en la población civil es un factor de riesgo y de desestabilización. Paradójicamente, Latinoamérica y El Caribe constituyen una de las regiones de mayor nivel de violencia homicida en el mundo.

Según la declaración de Ginebra del 2007, las armas de fuego ocasionan más del 60% de las muertes violentas en el mundo, independiente de la existencia de situaciones de conflicto armado.

Y merecería preguntarse ¿Quiénes se benefician del negocio de las armas y tratan a toda costa de incentivar la tendencia armamentista y, por ende, fomentar el auge de la violencia en el mundo?

Efectos negativos de la violencia armada

Para iniciar el análisis del primer planteamiento sobre los efectos de la proliferación de armas, se parte del concepto de violencia armada establecido por la Convención de Ginebra (2006 y 2007), que se considera como «el uso intencional de la fuerza ilegítima (o amenaza) con armas o explosivos, contra una persona, grupo, comunidad o Estado que socava la seguridad centrada en las personas o el desarrollo sostenible».

Aunque se ha intentado categorizar los diversos tipos de violencia armada según el contexto, la motivación, su autor generador, etc., existen serias limitaciones en algunos países para lograr diferenciarlas entre sí, por ejemplo, en los casos de violencia política, de tipo delictiva, de género y otras (UNODC, 2011).

Entre los efectos negativos de la violencia armada en el desarrollo socioeconómico y humano se enumeran: el debilitamiento de la paz y el deterioro de la economía, factores que de por sí ponen en peligro la estabilidad política de un país; se socava el estado de derecho y entorpece el progreso hacia los objetivos de Desarrollo del Milenio; daños a la propiedad y bienes y gastos en salud; gastos improductivos en servicios de seguridad.

A grandes rasgos, se podría resumir el impacto negativo de la violencia armada, de acuerdo a su procedencia o cierta forma de expresión, en:

1. La violencia armada asociada a conflictos armados (guerras): provoca desplazamientos forzosos, destruye la infraestructura, el capital social y humano y deja lesiones duraderas de largo plazo en las actividades de reconstrucción y reconciliación. Son muy comunes otros delitos como los sexuales y actos criminales luego de un conflicto armado.

2. La violencia armada asociada a la delincuencia: debilita y penetra a las instituciones, las corrompe, siembra miedo e inseguridad, contribuye al clima de impunidad y al delito nacional y transnacional como son el tráfico de personas, de drogas, de armas ilegales, etc.

3. La violencia asociada al conflicto interpersonal-social (intrafamiliar, de género, suicida, etc.): destruye la familia y la comunidad, ocasiona lesiones psicológicas y físicas en los supervivientes y las víctimas. Genera mayor inseguridad social. En América Latina y El Caribe hay predominio de la violencia de tipo homicida frente a la producida por conflictos armados (guerras) y la denominada violencia autoinfligida (suicidios)

En la figura 1, se presenta la tasa promedio de homicidios por subregiones en el mundo para el año 2009, donde Centro América experimenta la mayor tasa promedio de homicidios, seguida por África del Sur y por los países que componen El Caribe.

Homicidios y armas de fuego en América Latina

El 42% de los homicidios mundiales en el 2010 fueron cometidos con armas de fuego. En América, esta cifra fue de cerca del 74%, mientras que en Europa fue cerca del 21% (UNODC, 2011). El Salvador posee una de las tasas de homicidio más altas de América Latina. En ese país centroamericano son asesinadas diariamente en promedio 12 personas, del 74 al 80% con armas de fuego. Además, se ha calculado que la violencia tiene un costo anual del 11% del PIB, según un estudio del BID (CASAC, 2011).

En Colombia, país suramericano, un análisis estadístico de los crímenes del 1999 al 2005 reveló que el 80% fue de «criminalidad armada» (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2005). También se demostró, que el 90% de las masacres homicidas son provocadas con armas de fuego en dicho país. Paradójicamente, en Colombia es relativamente bajo el número de lesionados con armas de fuego.

En Jamaica, Santa Lucia y en muchas otras islas del Caribe aumentan los crímenes con armas de fuego y otras formas de violencia, implicando a jóvenes desertores escolares o con bajo nivel de educación.

En el año 2010, la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE) describe la incidencia de las armas de fuego en los homicidios de algunos países de la región, entre los que se señalan:

• Guatemala con el 89%; Venezuela con un 86%; Honduras un 85%; El Salvador y Colombia con un 80%. Estos cinco países tienen muy altas tasas de violencia.
• Panamá con un 69.7%; México un 58%; Nicaragua un 56%; Costa Rica 52% y Chile un 49.2%. Estos tres últimos son países que tienen menores tasas de violencia.
• En una tercera categoría aparece Argentina con una incidencia de homicidios con armas de fuego de 47.5% y en Ecuador con el 40.1%.

De esta situación de violencia armada no escapa la República Dominicana con alrededor del 67% de incidencia de armas en todos sus homicidios.

La proliferación de armas en manos de civiles en República Dominicana

El segundo planteamiento propuesto asume que el armamentismo en República Dominicana se recrudece notoriamente a partir del año 2000 y constituye hoy día un factor de riesgo y una de las fuentes de abastecimiento del tráfico ilegal existente.

Al analizar los datos del Sistema Integral General de Aduanas dominicano (SIGA) se observa un registro de 1561 importaciones de armas y accesorios del sector oficial y privado, por un valor declarado de alrededor de 127 millones de dólares (FOB) desde julio 2001 a sept. 2011 (SIGA, sept. 2011). Se estima un promedio diario de gastos de US$34,231 en importación de armas al país, aún a pesar de que a partir del 2006 hay ciertas restricciones para la importación de armas pequeñas y ligeras en el sector privado.

La evolución de armas legales en la población civil del país pasa de unas 30,516 armas debidamente registradas en el año 2000 a unas 206,707 existentes al 2011.

Para el 20 de septiembre del 2011, el Ministerio de Interior y Policía tenía registradas 206,118 armas de fuego legales y para enero del 2012 esta cifra ya alcanzaba las 206,707, aparte del número indeterminado de armas ilegales circulando que ningún organismo sabe estimar con exactitud. De acuerdo a cálculos realizados, hay una escopeta, pistola o revólver por cada 50 habitantes en nuestro país, y esa cantidad solo se refiere al número de armas legales. Del total de armas de fuego registradas en el 2011, el 76% corresponde a pistolas, el 12% a revólveres, el 11% a escopetas y el restante a fusiles y rifles; la importación de pistolas y revólveres está prohibida desde el 2006, no siendo así para el caso de las escopetas, por cuanto estas últimas tienden a incrementarse en estos últimos años.

Menos de un 4% de la totalidad de las armas registradas en el país al mes de septiembre del 2011 estaban en posesión de mujeres y un 96.5% en poder de los hombres y cuyas edades de mayor frecuencia son de 35 a 54 años (figura 3).

Para la década del 2000 el Estado dominicano concedió muchas facilidades para el proceso de legalización. Durante los años 2003-2005 se otorgan 295,839 permisos a armas, es decir, se autorizan más de 270 licencias de armas diarias, el 93% al sector privado y sólo el 7% al sector oficial. Todo esto, naturalmente, sin contar con la apreciable cantidad de armas que circulaban en las instituciones castrenses.

En este periodo solo se exigían unos tímidos requisitos para la legalización del mortal artefacto, asignándose autorización de porte a innumerables armas de dudable procedencia, obtenidas en el mercado ilegal.

Afortunadamente, el Ministerio de Interior y Policía introdujo a partir del 2006 algunas resoluciones, modificaciones y medidas restrictivas para un mayor control en la comercialización así como también en la expedición de permisos concedidos, aunque todavía muestran ser insuficientes para lo que se amerita.

En un estudio realizado en el país (Brea y Cabral, 2006; publicado en 2007) se midió la percepción en estudiantes universitarios de las facilidades ofrecidas por el Estado dominicano para la legalización de armas de fuego, encontrándose que más de la mitad de los entrevistados respondieron «es fácil» en aquellos momentos registrar un arma. Alrededor del 70% sostuvo que las leyes vigentes para la época facilitaban la adquisición de armas. Y a esta apertura inoportuna e irresponsable del Estado dominicano, iniciada a principios de la década, se le puede hoy atribuir la gran circulación de armas en la actualidad.

Tabla 1
Percepción en estudiantes universitarios de la facilidad para el registro y acceso de armas en el 2006

En un estudio posterior realizado con participantes entre 12 y 30 años de edad institucionalizados por delitos y que se comparó con otra muestra de jóvenes de la comunidad, se mostró claramente la existencia del tráfico y comercialización ilegal de armas, prácticamente organizado a nivel barrial y culturalmente aprobado y bastante conocido al interior de las comunidades (Brea & Cabral, 2009).

Armas legales: un riesgo mortal y una fuente de abastecimiento del tráfico ilegal de armas

Un sinnúmero de atracos y asesinatos son perpetrados para apoderarse de armas de fuego, pudiéndose percibir la dimensión de este problema a través de las armas incautadas y decomisadas por las autoridades. Según declaraciones de la Policía Nacional, en los primeros siete meses del año 2011 se incautaron 481 armas cortas y ligeras, para un promedio de más de dos armas incautadas a diario, y muchas de ellas estaban reportadas como robadas (Herrera, Mairobi, sept. 2011, Listín Diario). Regularmente, se reportan robos de pistolas en asaltos y asesinatos de civiles, oficiales y alistados. Tres casos muy mencionados son: primero, el asesinato de un empresario en la capital, al enterarse los atracadores de que la víctima portaba un arma, y sin que hubiese mostrado él ningún tipo de resistencia, fue rápidamente acribillado. El segundo, un comerciante del sector Los Mina que fue vilmente asesinado al percatarse los malhechores de que poseía un arma. El tercero, un ex general visitando amigos del sector residencial Altos de la Pradera fue matado por atracadores para despojarlo de su arma de reglamento. Estos son simples ejemplos de lo que a diario sucede en nuestro país como muestra del riesgo en sí mismo que conlleva portar un arma, la que supuestamente se obtiene para «autoprotegerse», pero que muy contrariamente, ocasionan muertes repentinas e inoportunas.

La Dirección General de investigaciones Criminales de la Policía Nacional (DICRIM) afirmó, en rueda de prensa el 14 de junio del 2011, que había recuperado más de tres mil armas de fuego en solo 90 días, muchas eran robadas (Germán Pérez, R, junio 2011, El Nacional). Al mismo tiempo, el Ministerio de Interior y Policía entre enero 2007 y junio 2011 reportó 2,491 armas como robadas y perdidas (en cuatro años y medio) equivalente a más de una arma por día, y muy probablemente esas armas estén en manos de delincuentes y criminales.

Otro caso digno de mención en el año 2011 fue la muerte violenta del asistente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, César Augusto Ubrí Bocio, donde el arma que sesgó su vida procedía de una institución castrense. Vemos, como también armas de las fuerzas del orden público llegan a parar a manos de bandoleros. Y ni hablar del volumen de armas sofisticadas incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas a narcotraficantes en nuestro país, las que superan con creces la capacidad de las armas que portan las fuerzas de seguridad.

En la figura 4 se muestra que las armas legales constituyen un factor de riesgo y muerte, debido al posible despojo que son objeto por parte de la delincuencia y, además, como fue señalado anteriormente, constituyen una de las fuentes de abastecimiento para la circulación y el arsenal ilícito existente.

Se observa, que en cinco años (2007 a 2011) de los 3,912 homicidios de origen delincuencial efectuados en el país, 248 (el 6%) se originó para despojar o sustraer un arma de fuego, aumentando en los portadores de armas el riesgo de muerte frente a los no portadores.

La percepción de inseguridad y motivación hacia las armas de fuego

El tercer planteamiento del ensayo se refiere a la percepción de inseguridad que ocasiona la creciente violencia y la desconfianza en los organismos de protección ciudadana, factores que predisponen a la adquisición de un arma de fuego como mecanismo de autoprotección, creándose una aceptabilidad social y cultural frente al fenómeno del armamentismo.

Estudios de percepción realizados en el país durante varios años consecutivos, han mostrado que la inseguridad provocada por la violencia se encuentra entre los tres primeros lugares de preocupación de los dominicanos. Tanto en las encuestas internacionales del Latinbarómetro, aplicadas durante seis años consecutivos (2004 – 2009) como en las encuestas del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional (2006 – 2011), coinciden en señalar a la inseguridad como el tercer problema que perciben los dominicanos les afecta sensiblemente (Tabla 2 y 3).

Tabla 2
Encuestas de Latinbarómetro 2004-2009

Tabla 3
Encuestas del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional 2006-2011 (9,346 encuestados en total)

Fuente: Datos del Observatorio del Ayuntamiento del Distrito Nacional 2006-2011 En el estudio realizado por el Newlink Political, Lilian Bobea y Vielka Polanco (2005) en 10 barrios pobres del Distrito Nacional y Santiago, se encontró que la percepción de seguridad en los barrios había empeorado respecto a años anteriores, generalizándose una «sensación de vulnerabilidad y desempoderamiento», debido a la delincuencia callejera asociada a la prevalencia de pandillas, el creciente microtráfico de drogas en los barrios, los enfrentamientos armados entre grupos, la incapacidad de la policía de enfrentarlos debido a la falta de recursos (personal, de equipos, etc.) y por estar implicados en la delincuencia (corrupción e impunidad). Por otro lado, en dicho estudio encuentran el accionar policial errático (prácticas coercitivas y reactivas), las redadas indiscriminadas y la inacción frente a la delincuencia. Se describe el nuevo perfil del delincuente: un individuo más joven, que porta armas y más despiadado que antes. Se asocian en bandas o naciones (corporación cuasi militar) cuyos antivalores se basan en patrones de violencia y anomia, deseo de poder, control grupal y territorial. Provienen de sectores empobrecidos y con falta de oportunidades. También se señaló la prevalencia de una percepción negativa de la justicia y la policía, que para sobrevivir liberan a los inculpados y son tolerantes ante los perpetradores.

Precisamente, la poca confianza en las instituciones del orden público es lo que fortalece el círculo vicioso entre la violencia, la inseguridad y las armas de fuego, siendo las armas de fuego un mecanismo, aunque fallido, de búsqueda de protección ante la inseguridad percibida y la desconfianza en las fuerzas del orden público por las condiciones que se dan a lo interno de estas instituciones.

En el estudio antes mencionado de Brea y Cabral (2007) con estudiantes universitarios, se encontró una baja credibilidad en instituciones como la Policía Nacional (el 2.3% respondió tener «mucha confianza» mientras que el 38.4% de los encuestados dijo tener «nada de confianza»); en el Sistema Judicial no confiaron «en nada» el 35% versus el 5% de los participantes que dijo sentir «mucha confianza»; en el Sistema Penitenciario el 48% no confiaba versus el 5.7% que sí confiaba mucho; en las Fuerzas Armadas el 22% no confiaba y sólo el 18% dijo confiar mucho en ella.

Si bien el crimen organizado ha penetrado y corrompido una gran parte de las instituciones públicas y privadas, entre ellas, los organismos del orden y seguridad, y de la justicia, la sociedad civil no debe asumir su propia seguridad a costa de crear un mayor caos social y prevalecer la teoría de «sálvese quien pueda».

Incidencia de las armas de fuego en la violencia y criminalidad

El cuarto planteamiento considera la proliferación de armas de fuego como factor que coadyuva al aumento de la violencia en los últimos 10 años en República Dominicana, ya que el auge y predominio de la violencia armada exacerba la letalidad de la violencia en general, incrementando tanto la violencia urbana de tipo delictiva como la conflictividad social con una secuela impresionante de muertos y heridos de bala.

El homicidio es la principal causa de muerte en el país. Veamos su evolución en los últimos 20 años, en que pasa de una tasa (número de homicidios por cada 100 mil habitantes) de 13 hasta alcanzar cifras de 26.4 en el 2005.

Tabla 4
Evolución de los homicidios del 1991 al 2011 en República Dominicana

En la tabla 5 y figura 6 se observa que los homicidios ejecutados con armas de fuego suben de 49% en 1999 a 66% en 2010 y, por otra parte, bajan en la misma proporción los homicidios ejecutados de otras maneras de 51% a 34%.

Tabla  5
Homicidios con armas de fuego y ejecutados de otra manera, 1999-2010 (Valores porcentuales)

En la tabla 6, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) del período 2006-2010, el 67% de todos los homicidios ocurridos en el país durante ese interregno fueron ocasionados con armas de fuego.

Tabla  6
Manera de muertes violentas*y causas donde inciden o no armas de fuego en República Dominicana, 2006 -2010

Se percibe la magnitud de incidencia de las armas de fuego en las demás muertes violentas ocurridas del 2006 al 2010. Las armas de fuego inciden mayormente en los homicidios (67.3%), en segundo lugar, en los suicidios en un 21.6%; en las denominadas muertes indeterminadas (de móvil desconocido) en un 6.2% y en menor proporción (0.7%) en las muertes accidentales.

Al analizar detenidamente los homicidios y suicidios del 2006 al 2010, se observa que, de cada 100 homicidios, un promedio de 67 son ejecutados con armas de fuego, 22 con armas blancas y 11 de otra manera (golpes, ahorcaduras, etc.) En los suicidios, de cada 100, 22 se cometen con armas de fuego, 1 con armas blancas y 77 de otra manera (asfixia por ahorcadura, envenenamiento, trauma contuso, sumersión, causa indeterminada, etc.)

Si se analiza la incidencia de armas según el género, encontramos un patrón similar a la tendencia mundial de la violencia, donde los hombres desbordan los niveles respecto a las mujeres, marcando grandes brechas entre ambos. Mientras las armas de fuego inciden en más de un 69% en los homicidios de varones, en las mujeres no alcanzan cifras superiores al 50%. Igualmente, se revela una mayor incidencia de armas en los suicidios de varones (24.2%) que en los suicidios de mujeres (5.3%). En las muertes indeterminadas el papel de las armas difiere entre hombres y mujeres, alcanzando en los varones un 7% de muertes y en las mujeres un 3.2%. Entre las muertes accidentales por armas no se encontró ninguna diferencia entre los géneros; al parecer hombres y mujeres están expuestos por igual ante las eventualidades de los accidentes.

Es bien conocido, que los asesinatos de mujeres en nuestro país se han incrementado del 2000 al 2011 en 140% (figura 7) y las armas de fuego inciden en su ejecución entre un 38% a 50% (figura 8).

La situación es más grave en los homicidios juveniles, donde en más del 71% del promedio de homicidios de personas entre los 12 y los 35 años son ejecutados con armas de fuego.

Rol de las armas de fuego en las muertes violentas según el móvil de la violencia del 2006-2010

En la figura 10 se agrupan las muertes violentas con armas de fuego (homicidios, suicidios, muertes accidentales e indeterminadas) según el móvil que las desencadenó y que, para los fines del estudio, se ha clasificado en:

1. De móviles delincuenciales, aquellos actos reñidos con la Ley, entre los que figuran la fuga, las víctimas de atraco, las ejecuciones policiales o extrajudiciales («acción legal»), los policías muertos en servicio, muertes por drogas, por intento de atraco, por secuestro y por balas perdidas.

2. Violencia de móviles en la conflictividad personal-social, que provienen de la relación social y personal como las riñas, las muertes pasionales, las originadas por depresión, por violencia doméstica e intrafamiliar, por exhumación, debido a los problemas económicos y los accidentes.

3. Otras violencias de móviles indeterminados, son las de móvil desconocido, o que están aún en «proceso de estudio» y no se pueden clasificar en ninguna de las dos categorías anteriores. Se prefirió agrupar a las muertes por balas perdidas dentro de la primera categoría como violencia delictiva o delincuencial, ya que en su gran mayoría son el producto del mal uso de un arma de fuego (tiros al aire y las producidas durante las disputas por los puntos de drogas, etc.) conductas consideradas como delitos en sí mismas. Se encontró, según esta reagrupación, que el 42% de todas las muertes producidas con armas de fuego son de tipo delincuenciales. El 23% derivadas de la conflictividad personal-social y el 35% de otras causas o indeterminadas.

En la figura 11 se presenta en detalle el móvil de los homicidios efectuados con armas de fuego del 2006 al 2010. De no considerarse las muertes indeterminadas para este análisis, los robos y atracos ocuparían el primer lugar (muertes de víctimas y victimarios). Estas muertes violentas son de tipo instrumental (ejecutadas con propósitos de apropiación de algún bien material), seguidas aparecen las riñas (una violencia más personal y reactiva) y, en tercer lugar, las muertes extrajudiciales denominadas «intercambio de disparos», ejecutadas por miembros del cuerpo del orden y la seguridad pública, bajo el supuesto desempeño de sus funciones en el «combate de la delincuencia». Otros móviles que aparecen en el orden son los pasionales, las drogas, los accidentales y demás.

Otro escollo de las armas: el incremento de heridos por balas del 2000 al 2011

Los heridos de balas son el mejor indicador del aumento de armas de fuego en manos de la población y del peligro que estas representan. Se observa, que 50,626 personas han sido heridas de bala en un período de 12 años, para un promedio diario de más de 12 personas. En el 2000 se hirió de balas a 2,634 personas y hacia finales del año 2011 se reportaron, en contraste, 6,074 heridos por armas de fuego para un incremento de 131% en dicho período (tabla 7 y gráfica 12).

Para el año 2011 se calcula un promedio diario de 17 heridos de bala, lo que significa una cifra bastante alarmante comparada con la del año 2000, que alcanzó apenas un promedio diario 7 heridos. Este cuadro denota la magnitud de un armamentismo acelerado y atroz. Durante el año 2010 murieron por armas de fuego 109 menores con edades de 1 a 17 años, según las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses del año 2010. Para el 2011 fallecieron 129 menores de edad (1-17 años) también por armas de fuego de acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de la República.

Tabla  7
Evolución de los heridos de bala del 2000 al 2011 en República Dominicana

Si se totalizan los muertos y los heridos de balas en los últimos años, se observa que la cifra es de 34,363 afectados en diferentes circunstancias, estimándose un promedio diario de alrededor de 19 víctimas de armas de fuego para esos cinco años, una cifra que refleja una situación realmente aterradora (figura 13). Sólo en el año 2011 hubo un promedio diario de más de 22 personas afectadas por armas.

Conclusiones

En el presente trabajo se demostró fehacientemente que las armas de fuego son instrumentos nocivos y que su propagación desenfrenada contribuye a generar y facilitar un crecimiento más explosivo de la violencia, lo que deviene en altos niveles de inseguridad e inestabilidad social en nuestros países latinoamericanos. La violencia armada, así desencadenada, ocasiona grandes daños a la economía de los países de la región, afectando directamente la producción de bienes y servicios, lacerando la fuerza de trabajo y obligando a la transferencia de los escasos recursos de que dispone la población hacia otros renglones, por ejemplo, aumentando los gastos en seguridad y recuperación de la salud de los afectados. Pero el mayor daño proviene, sin lugar a dudas, por las pérdidas humanas y las lesiones traumáticas de orden ético, psicológico y social que genera. Es un hecho irrefutable, que la violencia armada impacta negativamente en la calidad de vida de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños.

En el inicio de la primera década del presente siglo se produjo una abrupta proliferación de armas en la población civil dominicana, tras las facilidades y apertura al acceso y legalización de armas por parte de nuestras autoridades, lo que ha favorecido notablemente el crecimiento de la violencia. Podemos afirmar, que la carrera armamentista se ha agravado en el interregno 2000-2011 con las autorizaciones para el porte y/o tenencia de armas de fuego en la población civil, y que ha evolucionado, según registros oficiales, de unas 30,516 armas debidamente registradas o «legales» a principios de la década, a unas 206,707 al mes de enero del 2012, experimentándose un considerable incremento de 557.3%. Naturalmente, sin contar el tráfico ilegal de dimensión inestimable.

La proclividad hacia las armas de fuego en la población civil dominicana responde, en cierta medida, a un «mecanismo de autodefensa» y una búsqueda de protección ante la inseguridad generalizada y la desconfianza en los organismos institucionales encargados del orden y la seguridad pública, y dicha acción, a su vez, incrementa la posibilidad de que sean cometidos nuevos homicidios, muchos de ellos de manera circunstancial. Es menester, por lo tanto, desterrar esa errada y arraigada convicción en los pobladores, de que las armas son imprescindibles para la defensa personal.

El análisis estadístico confirmó la hipótesis de que el arma es un factor de riesgo y de muerte potencial para el portador y, a su vez, es una de las fuentes de abastecimiento del mercado ilegal. Los homicidios por despojo de armas llegan a alcanzar cifras anuales hasta de un 11% de todos los homicidios con móviles delincuenciales en el país.

Y lo más grave, a medida que aumentó el tráfico o circulación de armas, subieron lineal y proporcionalmente los homicidios con armas de fuego. La participación porcentual de los homicidios con armas pasó de un 49% a un 66% en el periodo 1999 al 2010, implicando, al mismo tiempo, una violencia de mayor letalidad.

La tasa de homicidios prácticamente se duplicó en el país en los últimos 11 años, elevándose de 13.1 a 26.4 entre los años 2000 y 2005. Aunque posteriormente se han realizado esfuerzos encaminados a su control a través del Programa de Seguridad Democrática, con lo que dicha cifra llegó a descender de 26.4 a 22.0 en los años 2005-2007, en los últimos cuatro años (2008-2011) nuevamente se percibe una tendencia hacia el alza, rebasando a una tasa de 25.1 homicidios por 100.000 habitantes. Situación que entendemos muy peligrosa, si tomamos conciencia que vivimos aún en un periodo de recuperación muy frágil de la economía mundial y de desaceleración del crecimiento de la economía dominicana, factores muy ligados al fenómeno de la violencia. En el 2011 el número de homicidios se elevó a 2,513, para un promedio de ocurrencia de 6.9 homicidios diarios, teniendo en cuenta que en 4.4 de estos se utilizó un arma de fuego. Es motivo de preocupación adicional, el hecho de que en los llamados homicidios juveniles tres de cada cuatro homicidios se realizan con armas de fuego. En general, de cada 10 homicidios en el país, 7 son efectuados con armas de fuego.

Este cuadro de abrupta explosión de la violencia ha acercado considerablemente a nuestro país hacia los países de mayor violencia en el contexto regional. Por lo pronto, tenemos una tasa de homicidio en la comparación latinoamericana que supera a 13 de estos países (Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Cuba) y solo es superada por 5 países (Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras).

Las muertes violentas con armas de fuego suman 8,169 en el quinquenio 2006-2010 según cifras estadísticas del INACIF. El 42% de ellas tuvo detrás un móvil delincuencial, una violencia instrumental, originadas de la problemática socioeconómica, de las grandes desigualdades sociales, del alto nivel de desempleo y la poca efectividad de las políticas públicas vigentes (factores estructurales). El 23% provino de la conflictiva interpersonal-social (riñas, suicidios y muertes depresivas, pasionales, intrafamiliares, de origen también económicas y accidentales) y el restante 35% correspondió a las llamadas muertes indeterminadas. Es indudable, que las armas de fuego como factor coyuntural está incidiendo directamente, facilitando la violencia y aumentando su letalidad.

El uso indebido que se le está dando a las armas de fuego circulantes se refleja también en la cantidad de niños y lesionados por balas perdidas o extraviadas. Mientras en el año 2000 se produjo un promedio diario de 7 personas heridas de bala, para el 2011 el promedio ascendió a 17. Durante el año 2011 se registró un total de 6,074 heridos de bala, quienes fueron víctimas de alguna lesión o incapacidad física o mental. Lo más lamentable aún, que durante los últimos años las armas de fuego han ocasionado la muerte a muchos niños y menores de edad.

En resumen, entre heridos de balas y muertos por armas de fuego se han visto afectados un promedio diario de más de 22 personas para el año 2011 en nuestro país, cifra más que suficiente para entender que estamos frente a un grave y complejo problema social y humano, de gran repercusión económica que tiende a incrementarse.

Sugerencias

El proyecto de modificación a la Ley 36 de armas, aprobado en enero 2012 en primera lectura en la Cámara de Diputados de la República, tiene posiblemente propósitos de mejorar la regulación y el control de armas, pero, a nuestro entender, el problema no solo se circunscribe a una Ley (que bien puede aprobarse, pero no ejecutarse correctamente en lo posterior como ha sucedido en algunos países de Latinoamérica), sino que también se hace imperativo tomar otras medidas paralelas, principalmente que desincentiven la alta demanda de armas de parte de una población que se siente muy desprotegida. Esto, desafortunadamente, no está contemplado en ningún acápite de la nueva y modificada Ley. Más aún, se tiene el temor en amplios círculos de opinión, de que en la revisión-ejecución de la nueva Ley de Control de Armas existan intenciones profundas de una gran parte del sector comercial interesado (incluso, estuvieron activamente participando en las deliberaciones sostenidas) en revertir las medidas de prohibición de la importación de armas pequeñas y ligeras, restringidas al sector privado desde el año 2006 al día de hoy. En el caso de restituirse esas medidas restrictivas, la decisión sería doblemente nefasta para los dominicanos, porque ampliaría aún más la disponibilidad o el tráfico de armas, y seguramente con mayor peligrosidad que la generada por la apertura a inicios de la primera década del 2000.

Surge la sospecha de que el sector oficial regulador de estos menesteres abra nuevamente el camino de no solo legalizar todas las armas circulantes, incluyendo las ilegales, bajo el errático criterio de poder establecer «un mejor control», sino que también aparecen declaraciones de diputados involucrados con la postulación de esta Ley, que observan, además, entre los beneficios de la nueva Ley de Control de Armas en cuanto a la fabricación y ensamblaje de estos artefactos en nuestro territorio, dándonos a entender que ese tipo de actividad será emprendida próximamente en el país. Todo ello, en desmedro del desarme que se ve justificado de por sí en la actualidad.

Es menester, orquestar campañas educativas desde el Estado y anular la errada convicción en los portadores de armas, de que estas son imprescindibles para la defensa personal ante la inseguridad y la desconfianza en los organismos del orden y seguridad pública. Muy por el contrario, se debe educar a la población sobre el riesgo que se contrae al obtener un arma de fuego, sobre todo creándole conciencia, mostrando las abrumadoras estadísticas de muertes y heridos por armas de fuego que están aconteciendo en el país en los últimos 11 años. Reducir y desincentivar la demanda de armas de fuego deben ser dos objetivos a lograr, conociendo que las armas están hechas para matar y no para defendernos.

En las campañas educativas, es necesario involucrar a los medios de comunicación y otros sectores de la nación, comprometiéndolos en un vigoroso proceso de educación para la paz y en una regulación más estricta de la proyección de modelos violentos que alteran la convivencia social en todas las redes mediáticas. Por otro lado, tratar de mejorar en la población la confianza en las instituciones, reforzar el capital social y humano en las localidades, tendente a reducir la violencia colectiva e interpersonal. Fomentar, al mismo tiempo, la igualdad de género para prevenir la violencia contra la mujer y dirigir una mayor atención hacia el área de los jóvenes, muy especialmente a los grupos de «alto riesgo» o de gran vulnerabilidad social, a través de programas especializados y bien orquestados desde el Estado.

El norte, sin embargo, debe ser el de reducir drásticamente el arsenal de armas, que de manera legal e ilegal se ha ido acumulando en manos de la ciudadanía y de delincuentes como consecuencia de políticas públicas irresponsables, unilaterales y fallidas. El desarme total sería un paso importante, trascendental, si se quiere, para crear un mejor clima de convivencia entre todos los dominicanos.

Se debe, en consecuencia, dar los pasos necesarios y establecer una política que lleve al desarme total de la población civil en un plazo máximo de 10 años, e ir reduciendo considerablemente aquellas facilidades ofrecidas por el propio Estado para el tráfico y comercialización de armas, sobre todo, un control más severo de las armas adquiridas de manera ilegal, en la que se involucran tanto el sector oficial como el privado. Reducir de manera significativa, gradual y rigurosa el acceso y circulación de armas de fuego debe ser nuestra consigna.

Por otro lado, se requiere promover y proveer a la población de medios y fórmulas pacíficas para resolver los conflictos y carencias por las vías institucionales aprobadas, lo que permita a los ciudadanos gozar y ejercer sus derechos constitucionales.

A nivel internacional, se debe de fortalecer el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) y regular las transferencias internacionales de armas legales que se desvían hacia otros países. Mejorar el control de la frontera con Haití es muy importante para evitar el trasiego de armas por esa vía, igualmente, el adecuado control en aduanas y puertos, más vigilancia a mercancías provenientes desde Estados Unidos, uno de nuestros principales abastecedores de armas en el mercado.

El Estado necesita mejorar el efectivo control del tráfico de armas y municiones con regulaciones más estrictas en los propios organismos oficiales del orden y la seguridad pública (el famoso formulario 25, la redistribución de armas decomisadas e incautadas entre sus miembros) sabiendo que los últimos acontecimientos ocurridos en el país señalan a organismos castrenses facilitando armas, en alguna medida, a la delincuencia común y el crimen organizado, tal como fue el caso ocurrido en el 2011 del oficial Ubrí Bocio de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Además, se debe de fomentar la destrucción de armas incautadas a nivel comunitario, municipal, local y nacional. La creación de la plataforma de una base de datos de huellas balísticas de todas las armas que están registradas en la actualidad es un requisito importante a muy corto plazo, al igual que restringir y supervisar con mayor eficiencia los procedimientos y las metodologías por los cuales se concede autorización para tener o portar un arma de fuego a cualquier ciudadano interesado. Y también, que la recaudación de impuestos no sea el móvil que determine su otorgamiento.

Hay que mejorar los escollos estadísticos más puntuales en los organismos competentes y la transparencia en todos estos asuntos. De igual manera, crear un acercamiento al estudio de la realidad, para lo que se necesita de procesos y estructuras de investigación permanentes y que sus resultados sirvan de sustento para la planificación de las acciones.

Se pretende concluir este ensayo recordando el carácter multidimensional y multicausal de la violencia. Hemos sido siempre partidarios de que se actúe con una estrategia integral de forma sincronizada sobre todos los factores estructurales, institucionales y circunstanciales que provocan y estimulan el crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana. Se cree en la efectividad sobre estos males de las políticas sociales enérgicas que hagan mejorar rápidamente las condiciones de vida de la población. El caso brasileño y los resultados de políticas sociales, nacionales, regionales y municipales seguidas en muchos países de América del Sur, confirman estas creencias.

Se requiere que el Estado aplique políticas públicas más efectivas y certeras basadas más en la prevención que en la represión. Las políticas represivas aplicadas unilateralmente han mostrado ser ineficaces para el adecuado control de la violencia. Estas políticas ineficaces junto a la política de facilitar de manera desordenada la proliferación de armas de fuego han conducido a más violencia. Poco a poco nos vemos envueltos en lo que parece ser un círculo vicioso de sangre y de violencia que crece día a día en forma de espiral. La imagen del dominicano afable, solidario y bondadoso se sustituye en el diario vivir por el del dominicano irritable, aislado, temeroso, incrédulo e inseguro.

Se hace ineludible abordar con mayor precisión científica el estudio de las causas estructurales, institucionales y coyunturales de la violencia en el país, diseñar programas integrales con proyectos específicos de seguridad, en cuya ejecución y superación constante se ejercite una coordinación interinstitucional y de evaluación permanente, asegurando una considerable inversión de recursos económicos en el renglón.

Es menester, a toda costa, evitar el deterioro de la paz local y mundial tan necesario para el desarrollo de la humanidad, por lo tanto, se tiene un buen desafío global: intercambiar las armas por un mayor desarrollo social. Estamos conscientes de que si acabamos con las armas, estas posiblemente no acabarán con nosotros.

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Citar:

Brea, M. & Cabral, E. (2012, 17 de abril). Efectos del armamentismo en Repíºblica Dominicana. Revista PsicologiaCientifica.com, 14(7). Disponible en:
https://psicologiacientifica.com/armamentismo-efectos-republica-dominicana