¿Aumenta la violencia en República Dominicana?
Psicología Jurídica - Forense


  • Mayra Brea de Cabral
    Universidad Autónoma de Santo Domingo
    Santo Domingo, República Dominicana

    Edylberto Cabral
    Universidad Autónoma de Santo Domingo

Resumen

  • Los autores, partiendo de un concepto operacional de conducta violenta, presentan las muertes no naturales o violentas de la década de los años noventa. Analizan el aumento de la tasa de homicidio en República Dominicana con relación a otros países latinoamericanos. Externan críticas a posiciones excluyentes y pretenciosas de aminorar los niveles predominantes de violencia y a otros que apelan al impacto de los deportados -dominican yorks- como causa principal del aumento de la criminalidad dominicana de los últimos años. Enfocan el escaso gasto público gubernamental y su relación con la inseguridad ciudadana.

    Palabras clave: Violencia, República Dominicana, muertes no naturales, muertes violentas, homicidios, criminalidad, inseguridad.



La Inseguridad Ciudadana, en muchos países de América Latina, constituye un tema de gran preocupación, ya que la violencia en sus diferentes modalidades, ha experimentado un notable incremento en muchas naciones latinoamericanas, generando lo que se denomina la “epidemia del presente siglo”.

Para Alfred McAlister (1998), experto en el tema, la violencia es “una de las amenazas más urgente a la salud y la seguridad pública”. Nuestro país no escapa a esta situación tan acuciante, que merece la atención de los diferentes sectores de la sociedad. En República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, la violencia, la delincuencia e inseguridad ciudadana, por la magnitud que han alcanzado, son asuntos importantes en la agenda de discusión nacional.

Es preocupante, sin embargo, las acciones que se aplican tanto en el sector oficial como en el privado ante tan delicada cuestión; aún reconociendo los esfuerzos que se vienen realizando, se continúa actuando al margen de diagnósticos precisos y sobre todo con carencia de estrategias adecuadas para el debido tratamiento que requiere en particular cada situación. Son bien sabidas las dificultades en las estadísticas de violencia y delincuencia con que se cuenta y que para la época actual de modernización, se hace necesario un registro y monitoreo electrónico de datos, lo que pueda facilitar el análisis objetivo y pormenorizado de la realidad. Por otro lado, la inexistencia de políticas de investigación que estén orientadas a estudiar esa problemática social, trae por consecuencia que muchas iniciativas positivas que surgen en ese sentido no se lleven a efecto por la falta de recursos y apoyo y, en caso necesario, por lo general, se actúa dando palos a ciegas, sin estrategia adecuada que permita erradicar o por lo menos aminorar este mal.

Para los fines de este trabajo se parte de la definición de conducta violenta como el uso de la fuerza o la amenaza intencional de querer ocasionar daño a personas o grupos humanos. Dicho fenómeno goza de gran complejidad, es de etiología multicausal, cuyos factores desencadenantes, tanto biológicos (constitucionales, fisiológicos), como ambientales (familiares, socioculturales, etc.), difieren y cambian durante el dinámico proceso de la misma interacción multifactorial.

Para estudiar la violencia como fenómeno social, se debe tomar en cuenta los enfoques integrales, epidemiológicos, multi y transdisciplinarios. Además de que sus consecuencias (altos costos económicos y cuantiosas pérdidas humanas cuantiosas) que afectan directamente a la sociedad, se le considera un mal o aberración social.

Se han enumerado múltiples formas de violencia, entre las que se mencionan: las de género, infantil, política, psicológica, racial, sexual, física, laboral, doméstica, entre otras, dependiendo de las características, el tipo, los motivos, las personas afectadas, etc.

En la literatura que existe con respecto al tema, se consideran relevantes aquellos estudios que analizan los factores asociados a la violencia desde un punto de vista psicosocial, entre los que se destacan: las presunciones explicativas basadas en la teoría de la “frustración-agresión”, que supone una estrecha relación entre la privación y la violencia. De esa manera, se relaciona el tipo de crecimiento económico desequilibrado de un país, caracterizado por la injusta distribución de las riquezas que refuerza las desigualdades sociales, sobre todo el fenómeno de la pobreza con altos niveles de violencia (Martínez, A., 1993; Cabral, E. & Brea, M., 1999; Gómez, C. et al., 1996; Lizardo, J., 1994). Otros, que también refieren las limitaciones del espacio físico (Cela, J., 1999, en la publicación de la Casa Nacional del Diálogo); a la defensa territorial, a los casos de guerras entre naciones y a los asuntos de superpoblación.

Algunos se dedican a analizar las crisis” y “defectos” de la socialización familiar (la pérdida de valores sanos y tradicionales), al aprendizaje de nuevas formas de comportamiento, creencias y actitudes culturales, que de alguna manera generan violencia (Jiménez, M., 2000; Vegazo, J., 2000, en García, F. et al., 2000). No faltan, además, los que cuestionan el papel deformador e instigador de violencia que ejercen los medios de comunicación de masas; el efecto del uso y abuso de las drogas; la disponibilidad de armas de fuego y el mercantilismo de la sociedad moderna de consumo que se relaciona con los nuevos esquemas de violencia de la humanidad (en García et al., 2000).

Algunos epidemiólogos, como otros investigadores sociales, dedican grandes esfuerzos al estudio de las muertes no naturales o “violentas” a través de los datos estadísticos. Lo interesante de esos estudios es que permiten conocer la magnitud de la situación, las variaciones que se dan a través del tiempo y pueden reflejar situaciones inherentes a los diversos grupos y condiciones sociales especiales.

Principales interrogantes

En el presente trabajo se formulan las siguientes interrogantes, que se pretenden responder mediante el análisis estadístico de los datos:

1. ¿Es significativo el aumento de la violencia en nuestro país, partiendo de un indicador objetivo, como la tasa de mortalidad por homicidio?

2. ¿Cuál es el grado de violencia que experimenta la República Dominicana con respecto a los demás países del continente y la región?

3. ¿Merece especial atención el adecuado financiamiento para los asuntos que conciernen a la seguridad ciudadana?

Panorama estadístico

A continuación se presentan algunos datos que refieren las muertes no naturales o violentas, enfatizando las que son ocasionadas por actos de violencia.

Muertes No Naturales o “Violentas” – Homicidios y Suicidios

Las estadísticas dominicanas clasifican las muertes no naturales, también denominadas “muertes violentas”, en: Electrocutamientos, ahogamientos, accidentes de tránsito, suicidios y homicidios. El carácter “violento” de esas tres primeras causas de mortalidad en el país se refiere básicamente a lo abrupto, repentino de la acción, y a su carácter accidental; en cambio, en la gran mayoría de los homicidios y suicidios se hace evidente la intencionalidad de un daño, que provoca la muerte y se considera internacionalmente como “la expresión más fiel” del nivel de violencia de una nación.

En República Dominicana, durante el período 1992-1998, la relación de muertes no naturales sobre el total de defunciones pasó de un 11.6% a un 15.4% y, en general, las muertes no naturales crecieron en un 41%. En detalle por orden de importancia, los aumentos fueron los siguientes:

– Por electrocutamientos 99%

– Por ahogamientos 65%

– Por homicidios 39%

– Por accidentes de tránsito 36%

– Por suicidios un 13%

En 1998, las muertes por accidentes de tránsito constituyen el 43%, seguidas de un 29% de homicidios, 13% de ahogados, 9% de suicidios y 7% de electrocutados.

Tabla  1
Muertes no naturales ocurridas de 1992-1998 en Rep. Dom

Fuente: Estadísticas Policiales de los últimos 20 años (informes anuales) y de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana.

En el cuadro anterior se puede apreciar la frecuencia de las muertes no naturales del 1992 al 1998 y su crecimiento porcentual en esos últimos años.

En lo siguiente se presentan los datos correspondientes a homicidios (frecuencia y tasa de mortalidad) de los años 1980-1984 y 1991-1998, considerando el gran consenso que existe en el ámbito internacional para medir el grado de violencia que experimentan los países, y a su vez, facilitar la comparación en el contexto regional o mundial a través del indicador más confiable y que lo constituye la tasa de mortalidad por homicidio (tasa promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes).

Tabla 2
Homicidios en la Rep. Dom. del 1980-1984 y 1991-1998

Figura 1.
Fuentes: Tabla propia elaborada con datos estadísticos de la Policía Nacional y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en Rep. Dom.

En la Tabla 2 y figura 1 se puede apreciar la incidencia de muertes por homicidios. Si se compara la frecuencia de los homicidios del año 1998, de 1121 casos con respecto a la del 1980 de 533, se observa un incremento porcentual de 110%.

La tasa de homicidio (por cada 100,000 habitantes) que en 1981-1982 era de 9.1, en 1991-1992 subió a 11.6 y en 1997-1998 alcanzó el nivel de 13.

Conviene destacar que en el contexto mundial la tasa de homicidio de República Dominicana es en sí misma bastante elevada a finales de los años 80, puesto que el promedio alcanzado en los llamados países de alto desarrollo humano era de un 4.8% y en los países industrializados de un 5.4%.

Tabla 3
Tasa de homicidio en países latinoamericanos en 1980 y 1990.

Fuente: Tabla propia en base a datos del PNUD (1998 y 1999), e informes de la CEPAL y otras fuentes.

La Tabla 3 presenta datos comparativos de la tasa dominicana de homicidio con relación a 11 países del marco regional. Tal como se observa, superamos las tasas promedios de homicidio de muchas subregiones de América Latina y el Caribe.

En la comparación con los países tomados como referencia, República Dominicana ocupa en los años 1980 y 1990 el quinto lugar, más cerca de países como Brasil, México y Venezuela con tasas entre 15 y 20; que de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Chile, cuyas tasas oscilan entre 3 y 5 por debajo o igual que las de los países más desarrollados del planeta.

Un hecho a destacar lo constituyen los homicidios con armas de fuego, los cuales han ascendido de un 30% en 1993 a un 43% en 1998, de acuerdo a las estadísticas de muertes violentas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en la más frecuente entre los homicidios, superando los casos reportados con armas blancas.

La cifra puede considerarse muy alta si la comparamos con la cifra de Colombia, donde se expresa de manera aguda la violencia política y delincuencial. En ese país, durante el año 1996, el 82% de sus homicidios fueron ejecutados con armas de fuego.

Discusión

Partiendo de criterios basados en que la tasa de homicidio es un buen indicador de la violencia extrema en un país, podemos dar respuesta a la primera interrogante. Las muertes no naturales en los últimos años se han incrementado significativamente, sobre todo, las muertes que se producen a consecuencia de actos de violencia, y esto no es más que una señal patética del alto nivel de violencia que experimenta República Dominicana; tal como se puede observar, el homicidio constituye la segunda causa de muertes no naturales o violentas que siguen las producidas por los accidentes de tránsito.

No obstante, la claridad con que se presenta este fenómeno en los cuadros y datos anteriores, hay quienes rechazan el incremento que se produce en la tasa de homicidio en el país, y por lo contrario, pregonan la “estabilidad” del nivel de violencia, que, según ellos, se mantiene constante en las últimas décadas. Para sustentar dicha posición, aceptan como válidos solo aquellos casos de homicidios, que son declarados como “voluntarios” a través de una sentencia judicial (por la Corte Judicial), desechando, por lo tanto, de la categoría de homicidios, los “involuntarios”, declarados así bajo la misma condición, porque presuntamente, carecen de intencionalidad criminal, lo que, naturalmente, tiende a disminuir considerablemente las cifras generales de homicidios.

Argumentos como esos fueron sostenidos por un alto funcionario de la justicia dominicana en su disertación y reiterados en su posterior conversación durante el Foro Nacional de la Violencia, celebrado por la UASD, en agosto del 1999, donde refirió el caso de una señora, quien mató a su esposo involuntariamente, puesto que no tenía intención de cometer el hecho criminal directamente contra él, lo que ocurrió en medio de una riña por celos con otra mujer, cuando el marido se interpuso entre ambas, recibiendo éste, una puñalada mortal que cercenó su vida al instante. Es posible que dicha muerte ocurriera de manera involuntaria o no intencionada para el caso específico del marido; no obstante, el mismo ejemplo sirve de ilustración para demostrar la causalidad violenta que involucra el escenario del homicidio, ya sea denominado “voluntario” o “involuntario”, y la consecuencia trágica (la muerte irremediable para el fallecido) denota la intención ya consumada del daño que quiso ocasionar, aún a pesar de no haber logrado su objetivo primordial: la destrucción de la rival.

La exclusión del registro de homicidios de los casos que no son procesados judicialmente constituye además un tema que se presta a polémicos debates, ya que es harto conocida la situación que impera en algunos países como el nuestro, donde a pesar de los avances que se han logrado en la materia, muchos jueces y abogados, entrampados en el propio sistema judicial, son capaces de “fabricar” y “ejecutar” sentencias por dinero u otras prebendas; predomina la impunidad de los poderosos, y, sobre todo, la lentitud de los procesos judiciales, donde se acumulan, años tras años, una inmensa mayoría de casos por conocer, sin que se juzguen, y que por “falta de transporte” los presos no llegan a su debido tiempo a la corte, cumpliendo los inculpados en las cárceles, decenas de años sin una sentencia judicial.

Por lo tanto, muertes como esas deben ser registradas como homicidios, dadas sus consecuencias y causalidad violenta del escenario en que se producen, aunque posteriormente se tome en consideración la intencionalidad del sujeto que la somete, con fines de aminorar su castigo penal o posibilitar la rehabilitación. Se debe, naturalmente, diferenciar de las muertes que son puramente accidentales, como por ejemplo el niño que mató a su hermano con un arma de fuego, de forma realmente accidental, y también identificar claramente, a través del procedimiento de la investigación criminal, las causas y pormenores de la acción, más allá de las especulaciones o los simples criterios policiales y/o judiciales.

Por lo expuesto anteriormente, se puede considerar que el nivel de violencia aumenta significativamente en el país en estas últimas décadas, y se hace necesario aunar esfuerzos tendentes a la preparación de un plan de contingencia, que cuente con la participación de la sociedad política y civil y que logre disminuir los altos niveles de violencia en que nos desenvolvemos los dominicanos.

En el segundo cuestionamiento, referente al grado de violencia con respecto a otros países del continente, podemos afirmar que nos situamos en una alta posición de acuerdo al nivel de violencia, que sobrepasa al alcanzado por muchos otros países de la región, exceptuando a algunos con mayor índice. De manera particular, nos alejamos cada vez más, del mundo desarrollado, que muy por el contrario, tiende a descender su nivel de violencia, tal es el caso de los EU, donde la tasa de homicidio ha bajado considerablemente.

Hay quienes atribuyen el aumento de la violencia en los países centroamericanos a las deportaciones masivas, la política externa migratoria y de extradición de los EU, ya que los extranjeros que cometen delitos en ese territorio son devueltos a sus respectivos países de origen, sin que aún se hayan “rehabilitado” o excarcelado”. Y entre éstos, principalmente figuran los hispanos, y naturalmente, muchos dominicanos.

Aboutanos (1997) señaló, en el Taller de Violencia Juvenil, efectuado en el Salvador y publicado por la OPS/OMS en el mismo año, que el 43% de las pandillas juveniles en los EU es de origen latino, y la deportación de ese país al Salvador, de grupos de pandilleros “La Mara 18” y “La Mara Salvatrucha”, ocasionó serios problemas en esa nación centroamericana, cuando éstos asumieron las mismas identidades y los métodos criminales que habían adquirido en la Ciudad de Los Ángeles al regresar a su país natal.

En ese mismo sentido se plantea con frecuencia, la probabilidad de que el retorno de los miles de dominicanos ausentes, repatriados al país y adiestrados en el crimen, influya negativamente en la aparición de métodos y técnicas de violencia nunca antes vistos en nuestra sociedad y, por lo tanto, contribuya a elevar la violencia que se observa en los últimos años.

La falta de investigaciones al respecto impide formular aseveraciones contundentes en ese sentido por lo que se hace necesario estudiar la situación real del deportado, su readaptación social, niveles de influencia, etc., que nos permita apreciar el posible impacto que pudiese tener este hecho en la criminalidad actual. No obstante, merece la atención considerar además otros factores que se correlacionan muy estrechamente con las formas de aprendizaje y adquisición de los métodos violentos en la población, tales como los medios masivos de comunicación, principalmente los audiovisuales: televisión, cine, entre otros, que, en su mayoría, recargados de mensajes enajenantes, transmiten y refuerzan impunemente “antivalores” de una sociedad violenta, moderna, mercantilista y explotadora de una sexualidad degradante.

Respecto a la tercera pregunta, que cuestiona la importancia del adecuado financiamiento para renglones de seguridad ciudadana, debemos recordar los motivos de angustia y desesperación que vivió la población a mitad y finales del año pasado, cuando se produjeron horrendos crímenes, desbordándose, aparentemente, el nivel delincuencial “más allá de lo normal” y que se vio enfrentado por la Policía Nacional mediante las ejecuciones en las calles, de más de doscientos presuntos “bandoleros”, adoptándose abiertamente la política de “mano dura” para combatir la criminalidad; política desacertada si no va acompañada de otras medidas preventivas y bastante criticada por expertos en el área y los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos.

Es bien conocido que el Estado es el responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos, y una de las posibles causas del crecimiento incontrolado de la violencia delictiva en República Dominicana es atribuible, entre otros, al pobre gasto social que a través del tiempo ha realizado el Gobierno en el logro de dichos objetivos.

En el período 1980-1986, el gasto por estos conceptos en el país descendió de un 0.7%, notablemente bajo, a un 0.5% del producto interno bruto (PIB). Entre 1986-1990 pasó del 0.5% al 0.4%, y entre 1990-1995 osciló entre 0.4% y 0.6%.

Si los costos relativos a la seguridad física de los ciudadanos han sido tan limitadamente asumidos por el gobierno durante un largo período es, entonces, evidente que, en gran medida, lo ha estado financiando la sociedad civil. De esta manera, la Seguridad Ciudadana que debería ser un bien público, como la Educación y la Salud, se convierte en fuente de diferenciación entre los ricos que pueden pagar un sistema sofisticado y costoso de seguridad privado y los pobres, o muchos de clase media, que tienen que recurrir a múltiples formas de autodefensa que no siempre es efectiva.

Sin lugar a dudas, si el Estado o Gobierno quiere enfrentar el problema de la violencia e impulsar el desarrollo de las reformas y modernización del sistema penitenciario, policial y judicial, tiene que hacer cuantiosos gastos. Es necesario destinar los recursos económicos adecuados para las grandes reformas y cambios en el ámbito policial, sanearla, modernizarla y convertirla en preventiva e investigativa. En el sistema penitenciario, para que las cárceles no sean centros de hacinamiento y de entrenamiento de fechorías y puedan convertirse en instituciones de regeneración. Y en el orden judicial, para que los procesos judiciales sean ágiles, transparentes, que revelen la importancia del ministerio público para combatir la criminalidad y disminuir el alto nivel de violencia existente en el país.

Vale la pena porque se evitarían grandes pérdidas materiales y humanas y se preservaría la seguridad de los ciudadanos, cuyo precio es incalculable.

Referencias

Cabral, Edylberto; Brea, Mayra. (1999). Violencia y Factores Socioeconómicos de Riesgo. República Dominicana en el Contexto de América Latina. Revista CañaBrava. 23 (3) 9-11; 24 (3): 4-6.

Casa Nacional del Diálogo (1999). Seminario- Taller Propositivo sobre la Violencia en la República Dominicana. Santo Domingo: Publicaciones Casa Nacional del Diálogo.

CEPAL (1998). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (1998) El Pacto Fiscal. Fortalezas, Debilidades, Desafíos. Santiago de Chile: Publicaciones de las Naciones Unidas.

García, Franklin; Brea, Mayra; De Moya, Antonio; Camilo, Thelma (Eds.) (2000). Foro Nacional sobre la Violencia: Hacia el Diseño de un Sistema de Protección Ciudadana. Santo Domingo: Editora Collado, S.A.

Gómez, C.J.; Duval M.; Selig,J; Lizardo, J.; Reyes, R. (1996). Análisis de la Situación de la Niñez y la Mujer en la República Dominicana. Santo Domingo: Publicaciones CESDEM, ONAPLAN,UNICEF.

Lizardo, Jeffrey. (1994). Condiciones de los Menores en República Dominicana. Santo Domingo: Publicaciones de la UNICEF.

Martínez, Aragena (1993). Adolescencia, Delincuencia y Drogas en Nuestra Sociedad. La Criminalización de la Pobreza en América Latina. Santo Domingo: Publicaciones de la UNICEF.

McAlister, Alfred (1998). La Violencia Juvenil en las Américas: Estudios Innovadores de Investigación, Diagnóstico y Prevención, Washington: Publicaciones OPS/OMS.

OPS/OMS (1997). Taller sobre la Violencia de los Adolescentes y las Pandillas (“Maras”) Juveniles. San Salvador: Publicaciones de la OPS/OMS.

PNUD (1998) y (1999). Informe Sobre Desarrollo Humano 1998 y 1999. New York: Ediciones Mundi-Prensa.

Policía Nacional. (1980-1998). Anuario de Estadísticas Policiales. Datos y Estadísticas de los últimos 18 años de la Policía Nacional. Santo Domingo:
Publicaciones de la Policía Nacional.

Secretariado Técnico de la Presidencia, Oficina Nacional de Estadística (ONE) (1980-1999). Base de datos elaborados por la División y el Departamento de Sociales y Culturales. (Mimeo).

UNESCO (1998). Anuario Estadístico. EEUU: Unesco Publishing& Bernan Press.



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Para citar este artículo:

  • Brea, M. & Cabral, E. (2006, 26 de abril). ¿Aumenta la violencia en República Dominicana?. Revista PsicologiaCientifica.com, 8(1). Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/violencia-republica-dominicana


5 Comentarios para “¿Aumenta la violencia en República Dominicana?

  1. Mayra Brea

    Mariela: Es que no habia registro alguno al respecto, tampoco se formulaban las denuncias ante las autoridades correspondientes. Ya el panorama ha comenzado a cambiar con la creacion de las Fiscalias Barriales y el surgimiento de leyes en el pais que protegen a la mujer. Por lo menos, se puede afirmar que la mujer se percata de la necesidad de darse a respetar y conocer sus derechos, estan asistiendo masivamente a esas instancias de proteccion. Le invito a buscar los datos sobre el numero de querellas existentes en la Procuraduría y visitar las Fiscalías en diferentes barrios capitalinos para que conozca esa realidad tal como es.

  2. grislandy

    El estado de violencia que hay en nuestro país es muy alto y gracias a ustedes ya tenemos donde buscar. No sabía que había registros que hablaran con respecto a este caso, me imagino que más adelante habrán más registros. Esperemos que la Procuraduría pongan manos duras y que la Fiscalía tenga siempre las puertas abiertas para combatir este mal.

  3. jose montero

    Excelente trabajo de investigación, aunque no estoy de acuerdo que la criminalidad solo se mida con los homicidios, deben incluirse las violaciones, hurtos, agresiones físicas, alteraciones, etc. a fin de poder tener una clara percepción de que tan segura es la Rep. Dom. de todos modos, el artículo me ayuda a reflexionar que en la actualidad la criminalidad esta por encima de esos datos, aunque reconozco que la tasa es menor que en la mayoría de los paises de la región.

  4. Xiomy Donate

    Es importante para el movimiento de paz, respeto e igualdad, que se publiquen estadísticas de este tipo y su origen. Es tiempo de que enfatizemos la prevención, no obstante es importante el saber la gravedad del problema.

  5. Tony Pina

    Es un trabajo muy depurado y comparativo, sustentando en estadísticas e informaciones precisas.

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