Violencia y proliferación de armas de fuego. Estudio de conocimientos, creencias, actitudes y vivencias en estudiantes universitarios del sector público en República Dominicana
Psicología Social - Comunitaria


  • Mayra Brea de Cabral
    Universidad Autónoma de Santo Domingo
    Santo Domingo, República Dominicana

    Edylberto Cabral
    Universidad Autónoma de Santo Domingo
    Santo Domingo, República Dominicana

Resumen

  • Se pretende analizar los motivos del incremento de armas de fuego en manos de la población civil y su relación con algunas variables que desencadenan violencia. Con el uso de una metodología descriptiva y analítica, se aplica una encuesta CCAP con nivel de confianza de 95% y margen de error de 3.5%, eligiéndose una muestra aleatoria de 784 universitarios de ambos sexos del sector público universitario del Distrito Nacional, con fines de diagnosticar los perfiles cognitivos, individuales, psicosociales y vivenciales relativos a la violencia y las armas de fuego en República Dominicana. Se muestra que del 1999 al 2005 las armas de fuego y los homicidios se incrementaron en un 853% y en un 125% respectivamente, pasando la tasa de homicidios de 13 a 26 y las armas autorizadas legalmente de 10,410 a 99,209, hecho también acompañado del alto número de heridos de balas y lesionados permanentes. El rápido deterioro de las condiciones de vida (socioeconómicas) fue un  factor estructural clave para entender el nuevo auge de la violencia. El estudio demostró una baja frecuencia de posesión de armas y poca proclividad hacia su uso en estudiantes universitarios, pero análisis estadísticos mostraron una fuerte asociación entre la posesión-proclividad hacia el uso de armas de fuego y las variables de género, religión, empleo, vivencias violentas y con armas, efectos de medios de comunicación, las facilidades y disponibilidades de armas, la desconfianza en los organismos de protección nacional y una actitud muy particular de ejercer la justicia por propias manos.

    Palabras clave: Violencia, armas, incremento, factores, actitudes, universitarios.



Es evidente el auge que ha alcanzado la criminalidad en República Dominicana en los últimos años y el exiguo apoyo oficial que reciben las pocas instituciones que se dedican a su investigación -la Universidad Autónoma de Santo Domingo- aún dentro de sus precariedades económicas, ha dedicado esfuerzos permanentes al reconocimiento de la violencia e  inseguridad ciudadana, a la medición de sus verdaderas dimensiones, al conocimiento de la naturaleza y la dinámica de sus factores asociados, así como ha insistido para que se adopten políticas públicas eficaces para enfrentarla.

Ante el azote delincuencial surge la insistencia de los estudiosos para que se enfrente la situación en su multidimensionalidad y multicausalidad, junto con los reclamos crecientes de la población por vivir en un clima de mayor seguridad y paz, pero hasta hace un tiempo los organismos del Estado, responsables de velar por la seguridad ciudadana, más bien seguían empeñados en su ejercicio de controlar la situación bajo una concepción de “política de mano dura contra el crimen”, confiando en que “matando delincuentes en las calles se acabaría con la delincuencia”. Se actuaba en consecuencia, como si estos fenómenos tuvieran sus raíces en la coyuntura y se dejaban de lado los cambios estructurales que verdaderamente subyacen detrás de los hechos delictivos.

Es oportuno destacar que, desde entonces, “llovieron las denuncias” de una significativa parte de los dominicanos acerca del alto grado de penetración, corrupción y complicidad con la delincuencia con la que operaban los organismos de “seguridad pública” y en determinadas instancias de la justicia dominicana. Esa realidad, imposible de subestimar en la actualidad, se convierte en un serio obstáculo para garantizar eficiencia y eficacia en las políticas oficiales que en la actualidad se diseñan e implementan contra la delincuencia.

El sentido de desprotección e inseguridad ciudadana, de impotencia frente a la impunidad y la corrupción existente en los años recientes explica el consecuente armamentismo en la población, fenómeno que ha sido posible en gran medida por las facilidades oficiales, muchas veces de manera indiscriminada, que se brinda a los ciudadanos para adquirir y legalizar armas de fuego de diferentes calibres. De un instrumento supuesto a ser utilizado para defender a la población de la violencia, el armamentismo se ha convertido en un nuevo detonante de la criminalidad.

El presente trabajo consta de dos partes. En la primera se describe brevemente la magnitud de la violencia dominicana y se muestra estadísticamente la relación entre los homicidios y el empeoramiento de importantes indicadores macroeconómicos y sociales, así como la relación de la violencia (homicidios y heridos de bala) con la proliferación de armas legales.

En la segunda parte, se analizan los resultados de un estudio, realizado con la aplicación de una encuesta en la población estudiantil universitaria, a fin de comprender los niveles de conocimientos, creencias, actitudes y experiencias vivenciales respecto a la violencia, la desconfianza e inseguridad percibidas y la proclividad hacia la posesión y el uso de armas de fuego, entre otros aspectos.

Marco conceptual y experiencia regional 

Violencia criminal y seguridad ciudadana 

El tema de la violencia suscita la atención de investigadores por sus elevados costos y efectos funestos para la sociedad. En nuestros días, el fenómeno se convierte en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de los países a nivel mundial (Informe del Desarrollo Humano del PNUD, 2005). La OPS/OMS en su informe Mundial del 2003 considera la violencia como un problema de salud pública, ya que más de 1.6 millones de personas mueren anualmente por causa de ésta, y muchas otras más padecen lesiones graves e incapacitantes.

La violencia criminal constituye uno de los problemas de mayor preocupación para los países latinoamericanos, principalmente en Centroamérica y el Caribe. En República Dominicana, moradores de sectores marginados encuestados reportan a la delincuencia como el mayor obstáculo en los barrios, sobre todo el robo con violencia y la presencia de armas de fuego en posesión de delincuentes (Newlink Political, Bobea y Polanco, 2005).

Se define comúnmente la violencia como la utilización de la fuerza o amenaza intencional dirigida a provocar daño a sí mismo, a otros o a grupos, pudiendo manifestarse de diferentes maneras y con propósitos diversos. Para los fines del presente trabajo se hará referencia a la violencia extrema, expresada y observada cuantitativamente a través de la tasa de homicidio (número de homicidios cometidos por cada cien mil habitantes), siendo este el indicador internacional más aceptado para cuantificar la violencia criminal en un país.

La criminalidad es un fenómeno social bastante complejo y multidimensional que requiere ser tratado con enfoques integrales (ecológicos), epidemiológicos e interdisciplinarios. Podría afirmarse, que es el producto de múltiples factores, cuyos componentes individuales, familiares y socioculturales están estrechamente ligados a condiciones socioeconómicas y medioambientales típicas de un entorno empobrecido, donde predomina la falta de oportunidades de supervivencia, inequidad y pobreza. De esta manera, se asocia comúnmente el crecimiento de la pobreza urbana, los trastornos socioeconómicos con el aumento de la violencia delictiva Cabral & Brea, (1999, 2001 y 2003); García, et al. (2000); Brea & Cabral (2006/a); En efecto, hemos demostrado en ocasiones anteriores una fuerte relación entre la violencia y las condiciones socioeconómicas de riesgo e injusticia social.

Por otro lado, el concepto de seguridad ciudadana está estrechamente vinculado a la criminalidad. Sin embargo, desde una visión estrecha se la considera como un conjunto de políticas, acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública por medio de la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y policial. (González y &, 1994, citado por Arriagada y Godoy, 1999, p.9). En una visión más amplia, se la define como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. Vemos entonces, cómo la pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la corrupción e impunidad, la violencia, la falta de políticas sociales adecuadas, la criminalidad y la drogadicción también pueden constituirse en amenazas para la seguridad ciudadana (Brea, M., 2001). Para los fines del presente estudio se utilizará el término inseguridad o percepción de riesgo en su amplio contenido como un sentimiento de desprotección ante una condición social determinada.

 Debate internacional en torno a la violencia y las armas de fuego 

En la literatura internacional existen dos enfoques respecto a la relación existente entre la violencia y armas de fuego. La primera sostiene que, contrario a lo que podría esperarse, en algunas regiones de los Estados Unidos el incremento en la tenencia de armas de fuego va acompañado de una reducción de la violencia homicida, lo que se explica por una supuesta inhibición en los delincuentes para cometer crímenes ante la posibilidad de que su víctima potencial pueda enfrentarlos (la teoría de los costos-beneficios y el fenómeno de la disuasión aplicada al crimen). Los partidarios de esas concepciones pregonan por la liberalización de las armas de fuego (Lott y Mustard, 1997, entre otros), posición bien aceptada por los involucrados en el negocio de las armas. Otros, en cambio, demuestran y sugieren lo contrario, que el elevado índice de violencia y de criminalidad está directamente asociado a la presencia de una mayor disponibilidad de armas de fuego. En el caso dominicano, como se verá más adelante, los datos parecen justificar ampliamente estos últimos argumentos.

Es indudable que el fácil acceso a armas pequeñas facilita la violencia política y criminal. Según Informes del PNUD, en el 2005 las armas pequeñas causaron, a nivel mundial, la muerte de 500,000 personas, es decir, la muerte de una persona por cada minuto.

La mayoría de los homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego. El análisis estadístico de los crímenes del 1995 al 2000 muestra que el 80% de éstos fueron de “criminalidad armada”, presentándose un aumento en los últimos tres años que alcanza el 82,5% en el año 2000. La violencia en Colombia está relacionada con las organizaciones criminales, el narcotráfico y el ajuste de cuentas (Informe del Ministerio de Defensa Nacional, 2001).

Investigaciones avaladas por el PNUD y efectuadas en El Salvador en el 2003, país con la Tasa de Homicidio más alta de América Latina y donde existen 450 mil armas en manos de civiles, siendo el 60% ilegal, señalan que la mayor parte de los crímenes son cometidos con armas de fuego, hecho que se ha ido agravando cada vez más. En ese mismo informe, Carlos Umaña Cerna refiere que “la utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia cualquiera durante el año 2000, murieron en una relación cuatro veces mayor en comparación con aquellas personas que no intentaron defenderse. Por su parte, las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto” (Informe Armas de Fuego y Violencia, PNUD, San Salvador, 2003).

Hay múltiples razones por las que se demanda un arma de fuego. En el caso dominicano se podría mencionar, en primer lugar, la disponibilidad de armas existente para su adquisición tanto proveniente del mercado legal como ilegal, sumado al ineficiente control estatal en ese mismo sentido. A esto se le añade las facilidades que irresponsablemente ha brindado el Estado para el proceso de legalización, ya que anteriormente sólo se les exigía unos tímidos requisitos, no se requería de una certificación de la procedencia del arma, legalizándose de esa manera innumerables armas provenientes del mercado ilegal.

En segundo lugar, existe una gran desconfianza en los organismos públicos de seguridad y de protección ciudadana (policía, justicia, cárceles, etc.), por estar involucrados en actos delictivos, de corrupción e impunidad que indudablemente ocasiona la percepción generalizada de desprotección, lo que aunado al aumento estrepitoso del nivel de criminalidad, se puede convertir en un estímulo para la búsqueda de autoprotección y/o de protección privada, sobre todo, a través de la adquisición de armas de fuego como un mecanismo de defensa (Brea y Domínguez, 2005). A esto se le agrega la errada percepción de poder que implica la posesión de un arma de fuego en una sociedad con trascendencia de un autoritarismo arraigado y con valores culturales basados en el temor.

En el modelo descrito en la figura 1, se trata de explicar la dinámica de los factores que están interrelacionados con la violencia y que determinan la proclividad hacia la posesión y el uso de armas de fuego.

Los factores sociodemográficos y el  historial personal (sexo, edad, trabajo, ingreso, religión, etc.) influyen sobre la cognición y la formación de actitudes del individuo, lo que a su vez está matizado por los factores vivenciales (experiencias de violencia y con armas) ocurridas en el hábitat y, también, adquiere relevancia la influencia de otros acontecimientos como son: la interacción con instituciones de seguridad, con los medios de comunicación y las facilidades objetivas y subjetivas existentes para la adquisición de un arma de fuego, lo que contribuye a la creación de la percepción de riesgo o inseguridad ante una situación determinada. Por otro lado, de lo cognitivo y actitudinal se genera la conducta preventiva (búsqueda de mecanismos de protección) de donde florecen formas de comportamientos, siendo la antesala para la acción de poseer o predisponer hacia el uso de un arma de fuego.

Este modelo fácilmente podría ser usado para explicar cómo un determinado medio de comunicación es capaz de crear una falsa imagen de la realidad, inducir actitudes y desencadenar mecanismos de protección-acción que se da en los individuos.

Figura 1. Modelo explicativo de la posesión y la proclividad hacia el uso de armas de fuego como mecanismo de prevención-acción de violencia.

 Evolución de la violencia en República Dominicana 

Las estadísticas muestran claramente la evolución de la criminalidad en el país, donde los homicidios del 1999 al 2005 llegaron más que duplicarse. En esos 6 años se registraron 11,253 homicidios, cuyas víctimas principalmente fueron del sexo masculino (90%) y 10% femenino.  La tasa de homicidio (número de homicidios por cada 100,000 habitantes) se duplicó, incrementándose de 13 a 26 durante ese período.

Figura 2Evolución de homicidios de los años 1999-2005 por sexo de las víctimas
Fuente: Datos de la Policía Nacional.

Tabla 1
Evolución de la Tasa de Homicidio del 1999-2005 en República Dominicana 

Figura 3. Evolución de la Tasa de Homicidio del 1999-2005 en República Dominicana Fuente: Datos de la Policía Nacional.

Crecimiento de los homicidios con armas de fuego 

Un hecho a destacar lo constituye el rápido crecimiento que experimentan los homicidios con armas de fuego, que ascienden de un 30% en 1993 a un 49% en 1999 (reportado por Cabral y Brea, 2001 y Brea & Cabral 2006/b), y en 6 años, del 1999 a 2005 se elevan de 49% a 69%. (Tabla 3).

Las cifras muestran claramente la prevalencia de mortalidad con armas de fuego en los últimos tiempos y el descenso de la comisión de éstos con otras formas de ejecución, ya sea con armas blancas, con golpes contundentes y los cometidos “de otras maneras”. Si calculamos el promedio de los homicidios ocurridos en esos últimos 6 años, se observa que se producen 4.4 homicidios diarios, y sólo durante el 2004 y 2005 ocurrieron más de 6 homicidios por día, de los cuales más del 67% fue ejecutado con armas de fuego, lo que significa más de 4 homicidios con armas.

 Tabla 2
Cantidad de homicidios cometidos con armas de fuego y otras maneras de ejecución 1999-2005.

Figura 4.  Evolución de la frecuencia de homicidios del 1999 al 2005 según su  forma de ejecución.
Fuente: Datos de la Policía Nacional del período.

Tabla 3
Homicidios cometidos con armas de fuego y otras maneras de ejecución (valores porcentuales)

Figura 5. Homicidios cometidos con armas de fuego y otras maneras de ejecución (valores porcentuales).
Fuente: Datos de la Policía Nacional.

Relación de variables socioeconómicas con la violencia

El siguiente cuadro resume los indicadores de algunas variables socioeconómicas analizadas en relación a la tasa de violencia. Vemos, que cuando decrece el producto interno bruto per cápita real crece estrepitosamente la violencia. Véanse las cifras señaladas en rojo de los años 1991 y 2003, caracterizado por una alta tasa de desempleo, igualmente una tasa de inflación elevada y un rápido crecimiento en los niveles de violencia extrema.

Tabla  4
Variables socioeconómicas relacionadas a la violencia del período 1991 al 2005

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de la Rep. Dom. y datos de la Policía Nacional del período 1991-2005.

Porte y tenencia legal de armas de fuego en República Dominicana

El organismo que controla la circulación, comercialización, porte y tenencia de armas de fuego en el país es el Ministerio de Interior y Policía (anterior Secretaría de Estado) a través de la Ley No. 36. Esta ley prohíbe la fabricación, la comercialización y la posesión de armas de fuego sin la debida autorización correspondiente. No obstante, la supervisión efectiva de las normativas ha sido bastante tímida en sentido general.

Actualmente se concede permiso legal o autorización para el uso de un arma de fuego a los funcionarios oficiales, también a empleados públicos administrativos, judiciales o municipales autorizados, y a toda aquella persona que “justifique la necesidad de tenerla para su defensa personalsiempre y cuando se cumpla con los requerimientos legales necesarios. Los requisitos para poder poseer legalmente armas son: ser mayor de edad (18 años), no padecer “enfermedad mental”, ni consumir drogas ilícitas y no haber sido condenado por algún delito o estar sometido a la acción de la justicia. Díaz, S (2002).

En marzo de 2003, el Dr. Franco Badía, entonces ministro de Interior y Policía, en una declaración ante los medios de comunicación, señaló que la institución tenía registrada en aquel momento 260,000 armas autorizadas en el ámbito nacional; dos años después, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, sostuvo que en el país los civiles poseían más armas de fuego que los policías y militares, situación que calificó de preocupante, vinculándola con la alta incidencia de personas heridas por balas perdidas, incluyendo niñas, niños y adolescentes (Pesqueira, 2005).

El 30 de julio de 2006, el Dr. Franklin Almeida, ex ministro de Interior y Policía, expresó en el programa televisivo Rueda de Prensa del Canal 13, que en el país existían 159,648 personas con autorización legal para portar o tener armas de fuego.

Según algunos cálculos basados en los registros oficiales del Ministerio de Interior y Policía, se otorgó entre 2003 y 2005 alrededor de 295,739 autorizaciones de porte y/o tenencia de armas de fuego, pudiendo poseer una misma persona más de un arma de fuego y renovar anualmente su permiso mediante el pago de los impuestos correspondientes. Se estima que más del 94% de esas autorizaciones son licencias privadas y las restantes oficiales.

En la tabla 5 y la figura 6 se presenta la cantidad de autorizaciones legales para portar armas de fuego, otorgadas en los años 1999-2005.

Tabla 5
Autorizaciones de porte y/o tenencia otorgadas por el Ministerio de Interior y Policía del 1999 al 2005

Figura 6.  Autorizaciones de porte y/o tenencia otorgadas por el Ministerio de Interior y Policía del 1999 al 2005.
Fuente: Datos del Ministerio de Estado de Interior y Policía del 1999 al 2005 y otras fuentes.

Tal como se muestra, en el año 1999 se concedieron 10,410 autorizaciones para porte de armas de fuego, y al año siguiente esta cantidad prácticamente se triplicó (30,516 autorizaciones). A partir de 2001 se produjo un gran crecimiento con las 78,979 autorizaciones que fueron otorgadas. En los últimos tres años las autorizaciones sobrepasaron las 96,000 por año. Podemos observar que desde finales de la década de los 90 se ha multiplicado por 10 el número de autorizaciones de porte/tenencia de armas. Durante el interregno de 2003 a 2005 se concedieron, en promedio, unas 270 autorizaciones diarias.

Es importante señalar, que se desconocen las cifras exactas de armas ilegales que actualmente circulan en el país, aunque cálculos tímidos la ubican para esta fecha entre 100,000 a 200,000.

Heridos de balas

Figura 7. Cantidad de heridos de balas del 2000 al 2005 según datos de la Policía Nacional.

Como se observa en el figura 7 los heridos de balas se incrementaron en 67% del 2000 al 2005, mientras en el año 2000 hubo un promedio diario de 7.2 heridos por armas en el país, para el 2005 el promedio diario de heridos de balas ascendió a 12.

 Planteamiento del problema de investigación 

El problema de investigación surge de la necesidad de estudiar la incidencia de armas de fuego en la criminalidad y su relación al deterioro de los indicadores socioeconómicos, así como también conocer la dinámica de los factores socio-demográficos e individuales, vivenciales, cognitivos-actitudinales y externos socioculturales que influyen en la posesión y proclividad hacia el uso de armas de fuego, con el fin de considerar la posterior identificación de líneas de acción estratégicas para el desarrollo de una campaña preventivo-educativa a favor de la reducción del fenómeno del crimen y el armamentismo creciente.

Justificación del estudio

Cuatro razones básicas justifican la realización del presente estudio:

1. La necesidad de investigar y de establecer diagnósticos objetivos de los factores que generan y/o catalizan el aumento excesivo de la criminalidad en el país. 2. El análisis del impacto de la proliferación de las armas de fuego en el nivel de violencia prevaleciente. 3. La comprensión de los factores individuales (conocimientos, creencias, actitudes y vivencias violentas) y socioculturales que inducen a la posesión y proclividad para el uso de armas de fuego en la población dominicana. 4. La posible utilización de los resultados del estudio como línea-base de acción que permita evaluar los cambios que se producirían como resultado de intervenciones futuras por realizarse en el marco de una política preventiva-educativa a corto, mediano y largo plazo.

Objetivos generales y específicos 

Se pretende estimular la discusión científica y la investigación del tema de la violencia en su relación con la proliferación de armas de fuego en República Dominicana.

Como objetivos específicos: 1. Evaluar la problemática dominicana de las altas tasas de homicidios que vinculan la pobreza y criminalidad con el auge de armas de fuego. 2. Demostrar la relación entre el incremento de la violencia de tipo criminal (homicidios), el número de heridos de balas y el uso proliferado de armas de fuego en República Dominicana. 3. Analizar los factores individuales y socioculturales relacionados con la adquisición y uso de armas de fuego (conocimientos, creencias, actitudes y vivencias violentas) en una muestra representativa de estudiantes universitarios del sector público del Distrito Nacional. 4. Proponer la elaboración de líneas gruesas de acción estratégicas para el establecimiento de una campaña educativo-preventiva a favor del desarme en la población dominicana.

Hipótesis a comprobar 

Se parte de las siguientes presunciones:

1. En República Dominicana se ha producido, en los últimos años, un rápido crecimiento tanto del número de homicidios con armas de fuego como de heridos de balas como consecuencia de la proliferación de armas en la población civil.

2. El deterioro de las condiciones de vida como factor estructural predispone a la criminalidad y a la proliferación de armas de fuego.

3. La posesión y proclividad hacia el uso de armas de fuego está estrechamente relacionada a las variables socio demográficas, vivencias violentas personales y barriales; a la inseguridad o desconfianza en los mecanismos oficiales de protección ciudadana; a las creencias y actitudes personales que incitan a la búsqueda de autoprotección, e instigada por los medios de comunicación y las oportunidades reales para su adquisición y legalización, así como también por otros factores de tipo educativo, religioso y socioculturales que subyacen.

Metodología utilizada en el estudio de campo

Descripción de la población 

La investigación de campo comprende un estudio descriptivo de corte transversal tipo CCAP, de conocimiento, creencias, actitudes y vivencias de violencia relevantes a la posesión y proclividad para el uso de armas de fuego, para lo que se aplicó una encuesta en una muestra de estudiantes universitarios, estratificada por facultades y carreras de la universidad pública en el Distrito Nacional de la República Dominicana. La muestra es elegida de la población general que asiste a la sede central universitaria compuesta por 103,577 estudiantes. Se excluyen los estudiantes pertenecientes al ciclo básico y a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, por ser una población de difícil localización y la última tener asiento en otro recinto universitario.

Diseño de la muestra 

El tamaño muestral (n) original se calculó en 784, elegida de manera multietápica y afijada mediante el sistema proporcional [probabilidad proporcional a su tamaño (PPT)], proporcional al número de estudiantes por facultades (ver Tabla 6). Para la selección de las unidades muestrales se utiliza el muestreo sistemático.

Tabla 6
Distribución de la muestra por Facultades


Se partió del criterio de asignación de máxima varianza cuando se trabajan variables cualitativas (p = 50% y q = 50%).  El nivel de confiabilidad es de 95% y el error máximo permitido para las estimaciones es de 3.5%.

El tamaño muestral se calculó con el siguiente procedimiento estadístico:

 

Donde: z = nivel de confianza (95%) e = Margen de error permitido (3.5%) p = Proporción de personas que se estima tienen la característica de interés en la población (50%) q = Proporción de personas que se estima no tienen la característica de interés en la población (50%) N = Total de estudiantes en la sede central universitaria (103,577) n= Tamaño de la muestra = 784.

Descripción del instrumento de medida 

Con base en las necesidades de información derivadas del modelo teórico explicativo, se utilizó un cuestionario anónimo, confidencial y auto administrativo que incluía 97 preguntas cerradas (dicotómicas o categóricas) y abiertas, formuladas a partir del cuestionario aplicado en el Salvador en el 2001 por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”: Encuesta Nacional de Actitudes, Normas y Valores en Torno a la Violencia y Uso de Armas de Fuego, bajo la dirección del Lic. José Miguel Cruz, para lo cual se modificaron algunos ítems y adaptados al lenguaje y la realidad dominicana.

La composición de las principales variables se detalla a continuación: 1) datos personales y familiares (socio-demográficos) tales como sexo, edad, convivencia familiar, procedencia, datos relativos a la carrera, religión, trabajo, vivencia o no en barrio peligroso, grado de penetración de los medios de comunicación, etc.; 2) conocimientos y vivencias de violencia-armas: la victimización y sus condiciones de ocurrencia, temor a ser víctima, conocimiento de violencia en el barrio, escuchar disparos, etc.; 3) premisas socioculturales: referentes al porte de armas, el derecho a tomar la justicia por propias manos, matar a delincuentes en diferentes situaciones, etc.; 4) opinión de armas y de la seguridad ciudadana: preguntas referentes al quehacer ante situaciones concretas como el recibir amenazas de muerte, al tener que asistir a un barrio peligroso, al entrar un ladrón a la casa, etc. Otras preguntas sobre la posesión de armas, dificultades para el registro, las facilidades en el barrio para adquirirlas, su disposición para la adquisición, causas motivantes, el grado de confianza en los organismos de seguridad ciudadana, etc.; 5) acciones de prevención delincuencial: aquellas acciones que se podrían considerar importantes para evitar la delincuencia como matar delincuentes, reeducarlos, mejorar las condiciones sociales propias del sistema en el país, la restricción de armas, etc.

Instrucciones para la aplicación del instrumento por aulas 

Luego de seleccionar el aula aleatoriamente, se solicitó el permiso a los profesores y se inició el proceso de aplicación del instrumento. Se procedió a instruir a los encuestados informando acerca de la intención del estudio, “el conocer lo que piensan y han vivido los universitarios respecto a la violencia, la seguridad y las armas de fuego“, para lo que se les solicitó la contribución respondiendo el cuestionario anónimo y confidencial. Se insistió en la importancia de la veracidad de sus respuestas, lo que permitiría conocer y comprender mejor algunos de los problemas agobiantes en el país. Finalmente, se les instruyó sobre la manera de llenar el cuestionario, dejando abierta la posibilidad de aclarar dudas en caso necesario en cuanto a las preguntas se refiere. El cuestionario fue autoaplicable.

Entrenamiento a encuestadores y estudio piloto 

Se escogieron 6 estudiantes de término de psicología como encuestadores, a quienes se les entrenó en la aplicación de la encuesta. Originalmente se realizó un estudio piloto con 50 estudiantes, observando las dificultades en el entendimiento de las preguntas. Posteriormente se efectuaron algunas correcciones de lugar.

Control de calidad 

Los cuestionarios fueron sometidos a un control riguroso de calidad, analizados uno a uno, descartándose los que observaban algunas irregularidades como dejar preguntas vacías, entre otros aspectos.

Análisis estadístico de los datos 

El análisis estadístico de los datos se corrió bajo el programa computarizado SPSS 12.5 para Windows. Se presentan las frecuencias y porcentajes de todas las respuestas por preguntas. Se utilizó la prueba X 2 para determinar la existencia de asociaciones significativas entre variables.

Variables del estudio 

- Variables dependientes: posesión y proclividad al uso de armas.

- Variables independientes: socio-demografía de los sujetos; conocimientos, creencias, actitudes y prácticas vivenciales respecto a la violencia y las armas, inseguridad o sentimiento de desprotección percibido; los medios de comunicación y las facilidades reales y percibidas por la población para la obtención y posesión de armas.

Resultados del Estudio CCAP con estudiantes 

Datos sociodemográficos 

Los resultados de la encuesta señalan que la gran mayoría de los estudiantes ya había cursado el 5º  y 6º  semestre universitario al mes de julio de 2006. El promedio de edad de los mismos fue de 26 años (el 43% de los estudiantes se situaban por encima de los 25 años, es decir, edad respecto al rango de edad adecuado).

Los estudiantes convivían bajo un mismo techo con 4 personas en promedio. El 62% procedía de la zona urbana y el 38% de la zona rural. El grueso habitaba en barrios de las tres circunscripciones del Distrito Nacional, y unos pocos viajaban diariamente a sus provincias y/o municipios cercanos a la capital, tales como Baní, San Cristóbal, Monte Plata, entre otros.

El 82% dijo pertenecer a una religión, principalmente la católica (57%), cristiana (20%) y otras (5%), versus el 18% que dijo no tener ninguna afiliación religiosa. El 39% se consideró muy religioso, 52% se considera solo un poco religioso y 9% contestó no ser religioso, es decir, “nada religioso”. Ante la pregunta de si asistía a la iglesia, el 72 % aseguró ir siempre y/o algunas veces y el 28% restante respondió que casi nunca o nunca asistía a la iglesia.

El 48% trabajaba en el momento de la encuesta y el 52% no lo hacía. El 30% de quienes trabajaban recibían un salario igual o menor a RD$5,500 mensuales (US $167), el 38% entre RD$5,501 y RD$9,600; el 25% entre RD$ 9,601 y RD$16,500 y sólo el 7% ganaba más de RD$16,500. La media de los grupos fue de RD$9,616, es decir, US$291 mensuales.

A continuación se presentan los principales descriptivos (frecuencias y porcentajes) de las variables que fueron analizadas a los fines del estudio.

Vivencias de violencia 

Ante la pregunta si habían sido víctimas de un acto de violencia en los últimos 12 meses del año, el 29.4% de la población encuestada respondió afirmativamente, versus el 70.6% que dijo que no lo fue. El robo constituyó más de las tres cuartas partes de los hechos de violencia acaecidos, ya sea con agresión o sin ese recurso; de éstos el 89.4% fue efectuado por personas desconocidas para las víctimas. El 98.6% de las víctimas no tenía arma cuando sucedió el hecho y sólo el 1.4% si poseía; no obstante, el 70.5 % de los afectados que poseían armas reportó no haber hecho nada con ella al ocurrir el acontecimiento.

A la pregunta de si vivían en un barrio peligroso por la delincuencia, el 70.4 % respondió que “Si y Más o Menos Peligroso”, versus el 29.6% que dijo que no.

El 48.5% dijo escuchar disparos algunas veces en su barrio, el 28.6% rara vez; el 17.9 % siempre y el 4.7% dijo que nunca escuchó disparos. El 50% conocía algún familiar o persona cercana muerta por la delincuencia.

Miedo a ser víctima 

El miedo percibido en los estudiantes de ser víctima de un acto de violencia en su vida diaria, se mostró cuando el 11.5% dijo no tener miedo (nunca o rara vez), versus el 25.3% que siempre lo tenía. El restante 62.7% dijo sentir miedo con “frecuencia” y “algunas veces”.

Medios de comunicación 

El medio de comunicación preferido para ver noticias es la televisión. El 98.5% la ve “siempre y a veces” en la televisión; igualmente, el 97.3% lee noticias en los periódicos y el 92% acostumbra preferiblemente escucharla en la radio. Esto revela la posible influencia que ejercen los medios masivos de comunicación e información en la transmisión de noticias sobre violencia, sobre todo considerando que estos medios están dirigidos a mantener la debida atención de los usuarios y vender a toda costa su producto a través de lograr el mayor impacto que puedan ocasionar.

Posesión de armas de fuego 

Se encontró que solo 35 estudiantes, el 4.5 % de los encuestados, poseían armas de fuego, quienes expresaron (72%) que la principal razón para tenerla era la “protección”.

El 29% adquirió el arma legalmente, versus el 19.4% que dice la adquirió en el mercado ilegal; el restante 16.1% de manos de amigos (posiblemente también del comercio ilegal). El 35% de los portadores reportan que tenían su arma asignada por una institución de seguridad a la que dijeron pertenecer.

El 67.6% lleva siempre consigo el arma cuando sale de la casa, transportándola principalmente en la cintura o cincho. De los estudiantes que poseían armas de fuego, 6 dijeron no tenerla legalmente registrada (18.8%). El 29% de los encuestados reportó que alguien de su casa poseía armas de fuego.

Ante la pregunta: ¿dónde deja el arma de fuego cuando sale de la casa?, alrededor del 32% de los encuestados acostumbra dejar el arma en un lugar escondido de la casa y/o en el peor de los casos en cualquier lado, lo que habría de suponer el riesgo que significa para aquellos hogares donde habitan menores de edad.

Sorprendentemente, el 19% de todos los encuestados afirmó haber tenido algún tipo de entrenamiento o adiestramiento para el uso de armas de fuego, versus el 81% que respondió que no, cifra relativamente alta respecto a la población del 4.5% que solamente porta un arma.

 La proclividad para adquirir y usar armas de fuego 

La proclividad hacia la adquisición y el uso de armas fue medida con base en varias preguntas, como se muestra a continuación.

¿Estaría dispuesto a invertir una cantidad elevada de dinero para adquirir un arma de fuego? 

¿Qué haría si por trabajo tuviera que ir a una zona del país peligrosa por delincuencia?

Si entra un ladrón a la casa, ¿qué haría? 

Si recibiera amenazas de muerte, ¿qué haría? 

Del total de estudiantes encuestados, el 28% estaría dispuesto a disparar si entrara un ladrón a la casa; invertiría su dinero en un arma de fuego (25.2%) y llevaría un arma a una zona peligrosa (10.3%). Y en menor proporción ante una amenaza de muerte portaría (9.5%) o compraría un arma de fuego (8.5%).

Disponibilidad y facilidades legales para las armas 

El 57% de los estudiantes dijeron que era fácil registrar legalmente un arma en el país, cuyos argumentos más comunes fueron: “aquí todo es posible con dinero“; “es posible por el desorden institucional“; “sí, porque depende de las relaciones que se tengan“; “es fácil por la corrupción existente“, “por la existencia de facilitadores e intermediarios“; “son fáciles los exámenes que se dan“, “sí, porque se compran los permisos“; “solo hay que pagar los impuestos“; “no hay reglas claras“, entre otras afirmaciones.

El 43.2% dijo era difícil registrar un arma por: “tanto papeleo”, “costo elevado”, “dificultad de los trámites y la pérdida de mucho tiempo”.

Hay una percepción generalizada en la población dominicana de que las leyes actuales facilitan la adquisición de armas, de tal manera que el 70.1% así lo afirmó.

Ante la pregunta si conocían qué en su barrio, comunidad o lugar cercano se podían conseguir armas de fuego fuera de los establecimientos comerciales legales, el 23.1% dijo que sí y el 76.9% dijo que no conocía, cuyos datos podría certificar claramente la existencia del tráfico y comercialización ilegal de armas, prácticamente organizado a nivel barrial.

Confianza en los organismos de protección 

Se cuestionó respecto a la confianza que se tenía en algunas instituciones de protección ciudadana, encontrándose un elevado porcentaje que desconfiaba en los organismos estatales supuestos a proteger a los ciudadanos, principalmente en la Policía Nacional, en la que sólo 18 personas (2.3%) de los encuestados dijeron tener mucha confianza; en el sistema judicial 5.5%; en el sistema penitenciario 5.7% y una mayor confianza en el Ministerio de Interior y Policía  (antes Secretaría de Estado) 7.2%, y en las Fuerzas Armadas 18%. Estos resultados van acorde con los datos encontrados en el diagnóstico al respecto, realizado por Newlink, Bobea y Polanco en el 2005 en los barrios populares del Distrito Nacional y Santiago, donde el trabajo de la Policía se catalogó como muy malo en más de un 50% y la corrupción policial considerada de “muy elevada”. Al parecer este es un fenómeno generalizado en la mayoría de países de Latinoamérica.

Tabla 7
Nivel de confianza en instituciones de protección 

 

Resultados del análisis estadístico

A nivel analítico se utilizó la prueba Chi-cuadrada para explorar la asociación entre la posesión y proclividad para el uso de armas de fuego respecto a las diferentes variables consideradas importantes en el modelo explicativo de dicho comportamiento.

Se analizan las variables sociodemográficas, vivenciales, cognitivas y actitudinales, la confianza en los organismos de protección, la presencia de los medios de comunicación y el conocimiento de tiendas ilegales de armas en el barrio en relación a la conducta de poseer armas. Luego, en un segundo momento, se cruzaron los mismos indicadores con la proclividad para la posesión y uso de armas de fuego.

Dada la escasa población que resultó poseer un arma en la muestra elegida (apenas el 4.5% de todos los encuestados) y la desproporción con la población que no la poseía (95.5%), fue difícil realizar algunas comparaciones y cruces estadísticos válidos respecto a muchas variables. Sin embargo, se evidenció que la posesión de armas estuvo asociada estadísticamente con los siguientes indicadores: 1. El sexo: el 64% de los portadores fue masculino, versus el 36% femenino, encontrándose una relación muy significativa con la posesión de armas (X2=12.42, gl=1, p < 0.01). 2. El trabajo también estuvo asociado significativamente con poseer armas (X2=4.76, gl=1, p < 0.05), donde el 66% de los portadores trabajaban versus el 34% de ellos que no lo hacía en dicho momento. 3. el vivir en un barrio peligroso está asociado a la posesión de armas (X2=6.75, gl=2, p< 0.05), el 60% de los estudiantes que viven en esos barrios portan armas (“vivir en barrios peligrosos” + “más o menos peligrosos”), versus el 40% de los que viven en barrios más seguros. 4. La posesión de armas de alguien en la casa se relacionó muy significativamente con el porte de armas personal (X2=32.7, gl=1, p< 0.01), observándose que el 71% de los portadores tenían en la casa alguien que portaba armas, versus el 29% que dijo no tener a nadie en el hogar con esas condiciones. 5. Estar entrenado en el uso de armas se relacionó muy significativamente al porte de armas (X2=96.59, gl=1, p< 0.01), notándose que el 83% de los portadores dijo poseer entrenamiento y sólo el 17% no lo tenía. El hecho de estar entrenado se podría relacionar con las habilidades que les provee la institución de seguridad a la que algunos dijeron pertenecer. 6. El conocimiento de las facilidades para acceder a armas en tiendas ilegales del barrio estuvo asociado muy significativamente a la posesión de armas (X2=7.6 gl=1, p< 0.01), pero de manera inversa a lo esperado, ya que el 58% de los portadores no conocía los comercios ilegales existentes en el barrio, versus el 42% que si tenía conocimiento de éstos.

Probablemente, esto refleje la forma de adquisición del arma en los encuestados, ya que el 35% reportó obtenerla de una forma dudosa (mercado ilegal, regalo de amigos, etc.) versus el otro 35% que dijo recibirla de parte de una institución de seguridad.

Pruebas estadísticas de asociación significativa entre las variables estudiadas y la proclividad de posesión y uso de armas de fuego 

Se realizaron cruces estadísticos para mostrar la asociación entre los indicadores de proclividad para la posesión y uso de armas de fuego y las variables intervinientes señaladas en el modelo explicativo propuesto, cuyos indicadores son: estar dispuesto a invertir dinero para adquirir un arma; compraría o portaría un arma ante una amenaza de muerte; al entrar un ladrón a la casa le dispararía con el arma; al tener que ir a una zona peligrosa llevaría un arma.

En el nivel de las variables socio demográficas se encontró que existen diferencias muy significativas según el sexo entre mujeres y hombres, en lo relativo a la proclividad para la posesión y uso de armas de fuego. Las mujeres son menos proclives a comprar armas (5.7% versus 13.7% en los varones); llevar un arma (6.8% versus 16% en los varones); portarla (6.9% versus 14.7% de los varones) o disparar con dicho artefacto (23% versus 37% en varones), y coincide con el resultado de los datos de posesión (de todos los encuestados, las mujeres poseen armas sólo en un 2.4% versus los varones con un 7.9%). Ha de comprenderse que en dichas diferencias influyen, además, otras variables como la religiosidad. Las mujeres mostraron ser más religiosas (42.7%) versus los varones (32.2%,), donde X2=11.62, gl=3, p< 0.01. Cabe señalar el efecto de la socialización como fenómeno sociocultural predominante en muchos países latinoamericanos, determinantes de diferencias comportamentales entre los sexos, mostrada en el estudio con el hecho de que ante una amenaza de muerte el 70% de las hembras reaccionaron con mayor pasividad que los varones (30%), “Pidiéndole a Dios que la protegiera”, obteniéndose diferencias altamente significativas entre ellos (X2=19.34, gl=1, p< 0.01).

La variable religiosidad también estuvo asociada significativamente a la proclividad hacia el uso de armas, inhibiendo ese comportamiento: los más religiosos están menos dispuestos a invertir en armas (14%) que los menos religiosos (27%), donde X2=8.97, gl.=3, p< 0.05; también para la conducta de disparar (19% los religiosos versus 30% de los menos religiosos, y X2=8.90, gl.=3, p< 0.05).

El trabajar se asoció significativamente con el porte de un arma, a sabiendas de que quienes trabajan tienen mayor disposición (19.9%) para portarla, que los que no lo hacen (7.5%), encontrándose diferencias, X2=4.36, gl.=1, p< 0.05.

Los indicadores vivenciales de violencia mostraron ser fuertes Predictores para la proclividad hacia el uso de armas, principalmente el vivir en un barrio peligroso correlacionó fuertemente con ser víctima de un acto violento (43.2% versus 19.7% del que no vive en ese tipo de barrio, X2=25.16, gl=2, p< 0.01); con siempre oír disparos en el barrio (47% versus el 3% de los que no viven en barrios peligrosos, para una X2= 260.26, gl=6, p< 0.01); también vivir en un barrio peligroso está fuertemente asociado a conocer a alguien o un familiar cercano muerto por la delincuencia (63% versus el 39% que no vive en un barrio peligroso, X2=22.6, gl=2, p< 0.01). No obstante, la evidente relación encontrada entre habitar en un barrio peligroso y la violencia, los estudiantes que viven en barrios inseguros no mostraron ser los más proclives para el uso de armas, y sólo el 6% de ellos portaría un arma de fuego frente al 94% que no lo haría; los datos señalan que los que no habitan en barrios peligrosos estarían en mayor disposición (14%) para portar un arma.

De igual manera, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre ser o no ser víctima de violencia y la disponibilidad para disparar, resultando paradójicamente que los que no habían sido víctima (30.4%) estarían más dispuestos a disparar versus el 22.2% de los que fueron víctimas de un acto violento (X2=5.21, gl.=1, p< 0.05). Sin embargo, las víctimas de violencia invertirían en armas en una mayor proporción (32.1%) frente al 22.7% de los que no lo han sido (X2=7.45, gl=1, p< 0.01).

Otras variables de vivencia violenta también correlacionan fuertemente con la predisposición para usar armas, tales como estar entrenado o no en el uso de armas (Dispararía: 51% versus el 23% de los no entrenados; estar dispuesto a invertir en armas el 43% versus el 21%; llevaría armas el 19.2% versus el 8.1%; compraría un arma el 14% versus el 7% que no poseen entrenamiento). Son proclives al uso de armas los que tienen alguien en el hogar con un arma de fuego, expresaron en mayor cantidad que invertirían en armas (X2=7.26, gl.=1, p< 0.01); dispararían (X2=20.67, gl.=1, p< 0.01); los que conocen algún familiar o cercano muerto por delincuencia mayormente portarían armas (X2=5.42, gl=1, p< 0.05); los que oyen siempre disparos en el barrio (34.5%) versus el 18.9% que no lo oye, estarían más dispuestos a invertir dinero en un arma (X2=11.12, gl=3, p< 0.05).

El conocimiento de la disponibilidad de acceso a armas ilegales en el barrio estuvo asociada significativamente a la predisposición para adquirir armas, ya que el 32% de los que tenían dicho conocimiento invertirían en armas versus el 23% que desconocían esos lugares (X2=5.4, gl=1, p< 0.05); dispararía con un arma el 39% versus el 25% que no conocía (X2=12.35, gl=1, p< 0.01).

No se encontró relación significativa entre la percepción de la gente (“fácil o difícil registrar un arma legalmente”) y la proclividad hacia éstas.

Los medios de comunicación se relacionan significativamente con la proclividad para usar armas. Oír las noticias en la radio está asociado con la conducta proclive a disparar; el 34% de los estudiantes que siempre oye noticias en la radio estaría dispuesto a disparar con un arma versus el 25% de los que nunca oyen noticias (X2=6.79, gl.=2, p< 0.05); igualmente, leer noticias en los periódicos está significativamente asociado a la disposición para disparar, el 34% de los que siempre leen periódicos versus el 24% de los que nunca lo hacen (X2=8.58, gl=2, p< 0.05).

Sorprendentemente, el ver noticias en la televisión no estuvo asociado directamente a la proclividad hacia el uso de armas, ya que la mayoría (98.5% siempre y a veces) de los encuestados veía noticias por la televisión versus apenas el 1.5% que dijo no verla nunca.

Se encontró una estrecha y significativa asociación entre la confianza o no en los organismos de protección del Estado y la proclividad para el uso de armas de fuego, principalmente en los que poseían desconfianza en el sistema penitenciario o las cárceles (50% estaría dispuesto a invertir en armas) versus el 29% que dijo tener mucha confianza en ella (X2=9.38, gl.=2, p< 0.01); en los jueces o tribunales de justicia (X2=10.29, gl.=2, p< 0.01) dispararían mayormente o no con armas; los que desconfiaban totalmente en la Procuraduría o Fiscalías Barriales (14%) versus el 3% de los que tenían mucha confianza comprarían un arma y dispararían con ella el 35% que desconfiaba en esa institución versus el 25% que expresó tener mucha confianza (X2=8.64, gl=2, p< 0.05); en los que desconfiaban en la Secretaría de Estado de Interior y Policía (32%) estarían dispuestos a invertir en un arma versus el 22% que tiene confianza (X2=11.2, gl=2, p< 0.01); y aunque en sentido general la confianza fue mayor en las Fuerzas Armadas se encontró una fuerte asociación con los renglones de comprar un arma (X2=10.34, gl=2, p< 0.01).

De los factores actitudinales más importantes para el análisis de la proclividad hacia el uso de armas se encontró la creencia del “derecho a tomar la justicia por su propia cuenta“. Los resultados señalan que el 15.7% de las personas que dijeron estar de acuerdo con esa afirmación portaría un arma de fuego versus el 6.5% de los que no están de acuerdo con tomar la justicia por sus propias manos si fallan las autoridades, encontrándose diferencias muy marcadas entre los encuestados (X2=18.36, gl=2, p< 0.01).

Dispararía un arma el 42% de los que pensaban tener derecho a hacer justicia por sus propias manos, versus el 21% que no estaban de acuerdo con ello (X2=39.02, gl=2, p< 0.01).

Llevaría un arma el 15.5% de los que están de acuerdo con hacer justicia por sus propias manos versus el 6.1% de los que no lo estaban (X2=16.21, gl=2, p< 0.01).

Invertiría dinero en armas de fuego el 35% de los que estaban de acuerdo con la posición de hacer justicia por sus propias manos, versus el 19% de los que no creían correcta la afirmación (X2=22.35, gl=2, p< 0.01).

Discusión y conclusión 

En apenas siete años, en el período 1999-2005, el crecimiento de los homicidios en República Dominicana alcanzó un 125%. La tasa de homicidios pasó en ese interregno de 13 a 26 (homicidios por 100 mil habitantes), superando todos los vaticinios y colocando al país entre los países de alta violencia en la región latinoamericana.

La ola de robos, secuestros, violaciones y asesinatos por encargo ha desbordado los llamados “barrios peligrosos” y se ha constituido en una verdadera preocupación para la población dominicana en todas las clases sociales y a todo lo largo de la geografía nacional. Inclusive se han extendido también los actos violentos no considerados dentro de las acciones delincuenciales (violencia intrafamiliar, riñas en sitios públicos, etc.).

La hipótesis sobre el rápido crecimiento del número de homicidios con armas de fuego en los años analizados, quedó demostrada en el presente estudio. Un factor común a la mayoría de actos violentos fue la presencia cada vez más decisiva de las armas de fuego. Los homicidios con armas de fuego que para el año 1999 ocurrían en una proporción de un 49%, para el 2005 se elevan a 69%, y aquellos ejecutados con otras armas (blancas, etc.) que hace siete años constituían el 51% se redujeron a sólo un 31%. Esto no es más que la puesta en marcha de un profundo proceso armamentista en nuestro país, que se inició a finales de la década de los noventa pero que ha alcanzado un acelerado crecimiento en los últimos siete años.

El crecimiento tan abrupto de los homicidios, además de ser el reflejo de un inusitado auge de la violencia y la delincuencia en República Dominicana, viene acompañado de un número bastante elevado de heridos de balas y de lesionados permanentes. Sin lugar a dudas, se han multiplicado muy aceleradamente las víctimas inocentes como una fatal consecuencia del armamentismo, principalmente niños son lesionados por balas perdidas y frecuentemente se ocasionan muertes e incapacidad física y mental en los menores en esta loca carrera armamentista.

Se infiere que a medida que crece la percepción de inseguridad como consecuencia del aumento de la criminalidad, la población civil busca un mecanismo de protección a través de la adquisición de un arma de fuego, acción que a su vez incrementa la posibilidad de que sean cometidos nuevos homicidios, muchos de ellos de manera circunstancial. Se concibe que la desconfianza en las instituciones especializadas del orden público, ya sea por las razones implícitas o no en el grado de complicidad, corrupción e impunidad en que dichas instancias han sido permeadas, no es más que una variable que interviene en el proceso de esta mala selección para la acción y búsqueda de autoprotección.

Es posible percibir parte de las dimensiones del armamentismo con las cifras de las autorizaciones legales otorgadas por el Estado entre los años 1999-2005, la cual se incrementó en más de un 853%. Las mismas autoridades nacionales han reconocido la existencia de que cerca de 201,000 personas cuentan legalmente con un arma de fuego en el año 2007. A esto se le agrega la inmensa cantidad de armas ilegales circulando, y que entendidos en el área la sitúan entre las 100,000 a 200,000; si consideramos una media de 150,000, estaríamos hablando de alrededor de 350,000 personas armadas, en un país donde la población apenas alcanza los nueve millones de habitantes y dispone de una superficie terrestre de apenas 49 mil kilómetros cuadrados (estimación de más de 7 armas por kilómetro cuadrado).

De nuevo, la crítica a las políticas públicas que se ponen en práctica para enfrentar en las condiciones dominicanas el flagelo de la delincuencia. El otorgamiento indiscriminado de autorizaciones para el porte legal de armas de fuego ha elevado la peligrosidad del uso de las mismas. Basta citar lo frecuente que resultan las denuncias de muertes, heridos y lesionados permanentes por efecto de las llamadas “balas perdidas” o por cualquier tipo de discusión o riña en un lugar público.

Son muchos, sin lugar a dudas, los factores que impulsan esta escalada de violencia. Sin embargo, una de nuestras hipótesis plantea que el rápido deterioro de las condiciones de vida (factor socioeconómico) ha sido, en el caso que nos ocupa, un factor estructural clave para entender el nuevo auge de la violencia. En anteriores investigaciones habíamos demostrado el vínculo estrecho que existía entre el comportamiento de ciertas variables socioeconómicas y el auge de la delincuencia y la violencia en nuestro país (Cabral y Brea, 1999, 2001 y 2003). Inclusive, pusimos de manifiesto al igual que en el resto de América Latina, que en el ejemplo dominicano se expresaba la llamada inercia criminal. Es decir, cómo la violencia aunque a un ritmo más lento seguía creciendo, inclusive en los llamados períodos de expansión económica. Se producía en estos intervalos una desaceleración de la violencia, mientras que en los períodos de crisis económica y en función de la magnitud de la crisis la violencia crecía muy aceleradamente.

Algunos autores, anteriormente señalados, han logrado asociar el crecimiento de la pobreza urbana, los desequilibrios socioeconómicos de los países en la región latinoamericana con el aumento de la violencia delictiva y criminal, demostrando la fuerte relación entre los homicidios y las condiciones socioeconómicas desfavorables de países más vulnerables, respecto a los más aventajados económicamente y que poseen menores poblaciones viviendo en la pobreza, exclusión e injusticia social. La Teoría de la Frustración-Agresión (Dollard, Miller y asociados, 1939) es capaz de explicar el comportamiento agresivo individual, al señalar a la frustración como generadora de violencia; sin embargo, autores como Skinner (1969); Bandura (1973) y Berkowitz (1996), entre otros, estudian la agresión desde una óptica diferente, como una forma de aprendizaje en el medio social, donde la apropiación y la tolerancia a los métodos violentos o determinados patrones conductuales son capaces de mantener alto los niveles de violencia al encontrar los incentivos que la refuercen, por lo que el fenómeno de la delincuencia se puede convertir en un mecanismo de supervivencia.

En el caso dominicano, junto al estancamiento del PIB per cápita real, se registran altos niveles de desempleo y de inflación que agravaron las condiciones de pobreza de la población. Al final de 2003 de una pobreza estimada en una cuarta parte de la población, la pobreza llegó a cubrir a la mitad de la población. Se estima que para ese año un millón y medio más de dominicanos pasaron a la pobreza. Lo lamentable es que frente a estos fenómenos críticos, el gasto social lejos de mantenerse en términos relativos ha disminuido, como apunta el hecho de que el gasto en educación descendiera desde un 2.3% del PIB a solo un 1.9%. Ante una crisis económica, como es ya la costumbre en nuestros países, se le busca salidas agravando aún más las condiciones de vida de los más humildes.

Sin lugar a dudas, la violencia a que nos referimos, además de ser un fenómeno social multidimensional es un fenómeno multicausal. El error más grave de la estrategia pública en su enfrentamiento con la violencia y la delincuencia es tratarlas de manera coyuntural, como si fueran unicausales y al margen de diagnósticos completos y realistas.

Lo más doloroso es que, inclusive en presencia de gobiernos conscientes de la multicausalidad, como es el caso del actual gobierno dominicano, éste justifica su incapacidad y la ineficacia e ineficiencia de la estrategia pública para enfrentar la delincuencia por las limitaciones económicas, limitaciones de ingresos que a su juicio impiden que se lleven a cabo programas llamados a tener éxito por cuanto atacan los problemas no solo en la coyuntura (vía mecanismos como la mano dura contra la delincuencia o la entrega irresponsable de armas de fuego a la población), sino también en sus raíces estructurales, como los llamados programas de barrios seguros, programas que están destinados a combatir la delincuencia con políticas efectivas de empleo, educación, salud, creación de infraestructura, deportes y otros servicios sociales a la juventud y a la comunidad en su conjunto.

Estas actitudes dejan un sabor muy amargo en quienes creemos que estos fenómenos no solamente son prevenibles, sino que pueden revertirse, si se actúa con la estrategia correcta, con los recursos suficientes y en los momentos adecuados. En el fondo se plantea si el sistema capitalista, sobre todo, si sus clases dirigentes están en capacidad de sacrificar parte de sus elevados niveles de vida para modelar una sociedad con un rostro más humano que el actual. Habíamos dicho que “el enfrentamiento de la violencia tiene además un contenido ético. La misma sociedad sufre una derrota moral, cuando parte de sus niños, adolescentes y jóvenes se incorporan a la vida delictiva, unos por un problema de supervivencia estrictamente económico y social, y otros, sin más criterios que no sean los de obtener dinero de forma rápida y fácil” (Cabral y Brea, 1999).

Nuestro estudio de campo sobre la población estudiantil en la universidad pública, arrojó resultados que reflejan el grado de inseguridad y desprotección en que vive la mayoría de los ciudadanos dominicanos. En primer lugar, el hecho de que una quinta parte de los universitarios viva en barrios considerados inseguros, un 50% tiene un conocido o familiar que ha sido víctima de violencia y más de un 70% tiene el temor frecuentemente o siempre de ser víctima de un acto delincuencial.

La tercera hipótesis del estudio buscaba indagar los posibles factores que están asociados al hecho de poseer un arma y la proclividad hacia su utilización en determinadas circunstancias, para lo que se relacionaron algunas variables consideradas importantes dentro del modelo explicativo que se pretende demostrar.

Los datos resultantes del estudio de campo muestran que los estudiantes universitarios tienen una baja frecuencia en cuanto a posesión de armas de fuego se refiere, ya que sólo 35 sujetos, apenas el 4.5% de los encuestados, dijo poseer un arma. Además, esta población mostró ser muy poco proclive al uso de armas de fuego en sentido general. Sin embargo, la situación cambia en la medida nos acercamos a los llamados barrios peligrosos o inseguros.

Se encontró, por otro lado, una asociación muy significativa estadísticamente entre la conducta de poseer un arma y la variable género (ser mujer o varón). Las diferencias no solo tienen interpretaciones de tipo genético, sino que más bien se deben a procesos psicosociales y socioculturales del fenómeno de la socialización, los patrones culturales que son transmitidos de generación a generación, donde se les enseña a los varones a ser “machos”, por ejemplo, se les reprime el llorar ante una situación de tristeza; es el varón un “agente de la calle” frente a la mujer, quien principalmente se encarga de velar por la protección de los seres que engendra en su vientre; a los varones se les estimula mayormente a la violencia a través de los juegos con pistolas, etc. Habría que considerar, además, si el grado de religiosidad, que bien es conocido como más alto en las mujeres, las hace más pasivas y resignadas que los varones, lo que funcionaría como un mecanismo inhibidor de la agresividad en sentido general.

Otras variables que resultaron asociadas significativamente a la posesión de armas fueron: el tener entrenamiento en armas, el conocimiento de las facilidades para acceder a armas en tiendas ilegales del barrio y la posesión de armas de alguien en la casa; el estar trabajando y el vivir en un barrio inseguro.

Muchas variables relacionadas a la posesión de armas también lo fueron a la proclividad hacia su uso, encontrándose mayor significación estadística en el sexo (femenino y masculino), el trabajo y la religión; las experiencias vivenciales violentas (alguien en la casa posee armas de fuego, estar entrenado para usar armas, haber sido víctima de violencia, vivir en barrio inseguro, oír disparos en el barrio, conocer una víctima fatal de la delincuencia); el conocimiento de las facilidades de obtención del arma en los barrios; los medios de comunicación, principalmente oír noticias en la radio y leerla en los periódicos; la desconfianza en el sistema penitenciario, judicial, las Fuerza Armadas y la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Finalmente, entre los factores actitudinales se encontró que el derecho a tomar la justicia por su propia cuenta se asoció muy significativamente con ser proclive hacia el uso de armas de fuego.

En conclusión, los autores del trabajo consideran  las armas de fuego como uno de los factores catalizadores más relevantes del alto nivel de violencia que existe en República Dominicana, aun sin menospreciar el carácter multifactorial y la complejidad que reviste el fenómeno en sí. Las hipótesis planteadas fueron confirmadas de acuerdo con los resultados del estudio.

Se sugiere que no se debe justificar en el futuro aquellos mecanismos que faciliten la adquisición de un arma de fuego. Es menester no incentivar la demanda de armas por parte del sector civil y lograr cambiar los motivos y actitudes que inducen a la población para armarse. Sin embargo, es necesario mejorar a toda costa el cuadro de inseguridad existente en el país, y cuya función plena es una atribución del Estado Dominicano. Principalmente, se necesita considerar el sentimiento de desprotección generalizado ante el incremento de la delincuencia, y en ese sentido se requiere de grandes transformaciones a nivel de las instituciones del Estado, además de mucha voluntad y tener bien claro sus propósitos. Hay que necesariamente restablecer la confianza perdida en los organismos de protección ciudadana.

En términos estratégicos, se sugiere como asunto prioritario, entre otras medidas de índole social y comunitaria, poner mayor énfasis en el control de armas de fuego. Afortunadamente, el Estado dominicano comienza a prestar mayor atención a los asuntos que conciernen a la seguridad ciudadana al crear los programas denominados “Barrios Seguros” y de “Seguridad Democrática” en el año 2005. Más recientemente, ante la creciente ola de criminalidad que inquietó sobre manera a la población dominicana, en julio de 2006 se implementaron algunas medidas emergentes como fueron el prohibir momentáneamente la importación de armas de fuego livianas, el patrullaje mixto policial-militar en horas nocturnas y la regulación de la ley de prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, la denominada “Ley seca” para los días laborables a partir de las doce de la noche. Sin embargo, se debe hacer énfasis en los factores estructurales y a combatir el armamentismo y la criminalidad con políticas sociales mejor dirigidas, que enfrenten el mal en su raíz, y no en la superficie.

Es evidente que la delincuencia no podrá ser reducida si no se formulan planes de prevención e intervención directa en los factores que la provocan y sobre todo sobre la base de una permanente investigación del fenómeno en toda su complejidad y que sea capaz de evaluar los cambios que se van produciendo en dicho orden.

Referencias

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  • Brea de Cabral, M. & Cabral, E. (2007, 07 de abril). Violencia y proliferación de armas de fuego. Estudio de conocimientos, creencias, actitudes y vivencias en estudiantes universitarios del sector público en República Dominicana. Revista PsicologiaCientifica.com, 9(14). Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/violencia-proliferacion-armas-de-fuego-estudiantes-universitarios-republica-dominicana


4 Comentarios para “Violencia y proliferación de armas de fuego. Estudio de conocimientos, creencias, actitudes y vivencias en estudiantes universitarios del sector público en República Dominicana

  1. yensy

    Se trata de un análisis de la situación de la violencia desde varios puntos; maneja y expone ejemplos y encuestas, datos estadísticos que dan mayor credibilidad al trabajo.

  2. Nicolas

    Pienso que el uso de armas de fuego en la mayoría de los países se da ante la existencia de fuerzas de seguridad que en lugar de combatir el delito coexisten con él o carecen de elementos que le permitan hacerlo correctamente. Es decir, los civiles acuden o intentan utilizar un arma para su defensa personal. No creo correcto el analizar directamente el crecimiento de las armas en la población con las muertes que causan las mismas sin plantear cuántas son destinadas y usadas con fines deportivos. ¿Se analizó la situación en que se dieron esas muertes o heridas? ¿No será el crecimiento de la delincuencia y su accionar violento los que incrementan tales circunstancias? Tengo entendido que en países donde se generaron planes de desarme de la población civil se incrementaron los homicidios. El Secretario General de las Naciones Unidas reportó una tabla realizada por el Economic and Social Council del 25 de abril de 1997 donde se puede apreciar que en países como Belarus, Brazil y Jamaica con muy bajo armamentismo tienen muy alto el indice de homicidios con armas, mientras que Australia, Alemania, Finlandia, Nueva Zelandia Suecia y otros con alto armamentismo tienen una taza de homicidios por armas mus bajo. No tendriamos que atacar la desigualdad social, la corrupción dirigencial sobre todo estatal, la falta de educación y trabajo con sueldos dignos para dar con motivos más reales que la proliferación de las armas. Espero que desde este humilde lugar ayude a dilucidar un tema que genere un mundo con menor violencia, no solo producida por armas de fuego, sino con menor violencia en todas sus versiones. Gracias, y un cordial abrazo

  3. Luis Benítez Aponte

    Dra. Cabral, hago reconocimiento de su investigación al ver esta problemática en este hermano país. Le escribo desde Panamá, soy Coronel (R) de la Policía Nacional de Panamá y estoy buscando mucha información para mis alumnos en la universidad. Sé que este trabajo será de mucha utilidad para comparar acciones entre nuestros países y los de la región centroamericana. Congratulaciones Doctora.

  4. Jorge Rivera

    Excelente trabajo, es de mucha ayuda para estudiantes y profesores en Justicia Criminal y Psicología

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