El nuevo rumbo de la violencia dominicana
Psicología Social - Comunitaria


  • Mayra Brea de Cabral
    Edylberto Cabral
    Universidad Autónoma de Santo Domingo
    Santo Domingo, República Dominicana

Resumen

  • Se estudian las dimensiones, evolución, factores de riesgo y perspectivas de la violencia dominicana en el contexto internacional. Se ponderan datos reportados por organismos internacionales especializados, para comparar las tendencias mundiales de violencia respecto a República Dominicana. Se mostró que en el interregno 2000-2012 las tendencias de la violencia interpersonal mundial y dominicana son opuestas, descendiendo los homicidios en el mundo y creciendo notablemente en el caso dominicano. En cambio, del 2012 al 2016 en República Dominicana decrecen rápidamente los homicidios, pero paralelamente surge una fuerte ola de raterismo (robos y atracos) difíciles de tratar, originándose en la población la percepción de estar frente a un incremento de violencia e inseguridad. Todo esto requerirá de nuevos métodos de abordaje más eficaces y eficientes para lograr una reducción significativa, irreversible e incuestionable del flagelo. A este proceso podría llamársele el “nuevo rumbo de la violencia dominicana”.
    Palabras clave: Evolución, violencia, República Dominicana, factores de riesgo, perspectivas de tratamiento.

 

Dada la importancia que reviste en la actualidad asumir políticas públicas más eficaces contra la violencia en la República Dominicana, los autores pretenden en el presente artículo, responder tres interrogantes claves: I) ¿Cuál es la verdadera y peculiar situación de la violencia dominicana en relación a la panorámica mundial y regional? II) ¿Cómo ha sido su evolución en las últimas dos décadas y cuáles combinaciones de factores de riesgo han sido los determinantes? y III) ¿Con cuáles medidas a corto, mediano y largo plazo se podría enfrentar el fenómeno y lograr reducirlo a niveles que sean significativos e irreversibles?

Metodológicamente, el ensayo es fruto de estudios y observaciones transversales y longitudinales de hechos violentos; del análisis exhaustivo de datos estadísticos y del resultado de múltiples encuestas de percepción de violencia e inseguridad en la población dominicana. La investigación es de carácter explicativo y diseño no experimental con el uso de una revisión puntual de la bibliografía más relevante y actualizada acerca del tema. Por conveniencia, como es frecuente en la literatura internacional, se utilizan como variables e indicadores principales de la violencia interpersonal (familiar, de pareja y de la comunidad) las frecuencias de los homicidios y/o crímenes cometidos contra una persona y sus tasas. La tasa de homicidio es el número de homicidios por cada 100 mil habitantes. No obstante, los autores también comparten la clasificación de la OPS/OMS (2003) que amplía el concepto de violencia, agregando la violencia auto infligida (suicidios, intentos de suicidios o laceraciones hacia sí mismo) y la violencia colectiva (social, política y económica, entre las cuales se encuentran las guerras internas y entre naciones, la violencia de Estado, entre otras más).

Situación comparativa de la violencia

La violencia interpersonal en República Dominicana es muy alta en la comparación internacional. El promedio anual de la tasa de homicidios durante el período 2007-2012 en el país fue de 23.6 (según datos de la Declaración de Ginebra, 2015), colocándose en el lugar 148 entre los 158 países comparados. Con esa tasa prácticamente triplicó la tasa del promedio mundial (8.8) y superó la tasa promedio de América Latina y el Caribe (23.3), la región del planeta de mayor violencia interpersonal. En cambio, las cifras de violencia autoinfligida (suicidios) en el país son menos preocupantes, contrario a las que se registran en casi todo el resto del planeta, incluyendo a los países desarrollados. Ver la Tabla 1.

Tabla 1
Magnitud de la violencia en República Dominicana en el contexto internacional

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EsGlobal. (2016).  Mapa interactivo y gráficos del Índice de Paz Global 2016(1). Declaración de Ginebra 2015(2). PNUD, 2016. Informe de Desarrollo Humano 2015(3).

Pero el hecho más notable a nivel mundial, destacado por instituciones como la OPS/OMS y la UNODC, es la reducción de los valores absolutos y relativos de todos los tipos de violencia (las muertes violentas) en el interregno (2000-2012). Este hecho puede ser observado en la Tabla 2.

Tabla 2
Situación mundial de la violencia en los años 2000 y 2012

Fuente: Elaboración propia con base al Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014 (OPS, UNODC y PNUD, 2016); OPS y OMS (2014) Prevención del suicidio. Un imperativo Global. Declaración de Ginebra (2015) The global Burden of armed violence 2015.

No deja de ser cierto que en los últimos cuatro años (2012-2016) la situación mundial se viene deteriorando drásticamente tras los acontecimientos en el Medio Oriente, sobre todo en relación a la violencia colectiva y que en los próximos informes internacionales saldrá a relucir.

En contraste con las tendencias descendientes mundiales, en República Dominicana, tal como se verá más adelante, la violencia interpersonal prácticamente se duplica durante el interregno 2000-2012, mientras que en los últimos cuatro años (2012-2016) entra en un proceso continuo de descenso.

Resulta esencial observar en la Tabla 3, el vínculo de las armas de fuego con los homicidios en los países de América Latina y el Caribe con respecto a las demás regiones del mundo y en donde sobresale también el caso dominicano.

Tabla 3
Tasas de homicidios y de homicidios con armas de fuego en diversas regiones del mundo (promedios anuales 2007-2012).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Declaración de Ginebra (2015): The global Burden of armed violence 2015. Small Arms Survey.

Evolución, peculiaridades y factores de riesgo

En la Tabla 4 se presenta la evolución de los homicidios en República Dominicana entre 1992 y 2016. Para que se tenga una idea más acabada de las dimensiones que ha alcanzado la violencia en el país en los primeros ocho años del análisis (1992-1999) el promedio anual de homicidios fue de 1016. En los ocho años siguientes (2000-2007) ese promedio llegó a 1747 y en los últimos ocho años (2008-2015) logró cifras de 2184 homicidios. Las tasas promedios anuales de homicidios por cien mil habitantes, en los tres períodos antes señalados fueron: 12.9, 19.7 y 22.7 respectivamente.

Tabla 4
Evolución de los homicidios en República Dominicana, 1992-2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. *: Las Tasas son corregidas según la nueva estimación de la población de la Oficina Nacional de Estadísticas. **: Datos proyectados al año completo en base a los primeros 7 meses del año.

En el interregno 1992-2016 se observan claramente dos tendencias opuestas en la evolución de los homicidios: una que aumenta desde el año 1992 y se acelera bruscamente a partir del 2002, llegando a su máximo valor en el 2011; la segunda tendencia de descenso continuo, que se extiende probablemente hasta el año 2016, pero que aún representa casi el doble de los homicidios acontecidos en el 1992. (Ver la Figura 1).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. Las Tasas son corregidas según la nueva estimación de la población de la Oficina Nacional de Estadísticas. **: Datos proyectados al año completo en base a los primeros 7 meses del año.

La violencia homicida es clasificada según su tipo en: delincuencial (homicidios por robos, drogas, acción judicial, secuestros, sicariatos, etc.) y conforma el 42.2% del total de todos los homicidios cometidos del 2006 al 2015; la llamada violencia de la conflictividad social (homicidios por riñas, venganza, feminicidios, violencia intrafamiliar, violación sexual, linchamientos, balas perdidas, etc.) que alcanza el 41.1%, y los homicidios de causas desconocidas con el 16.7% en dicho período.

Las tasas de feminicidios en República Dominicana en la comparación mundial son también altas (Declaración de Ginebra, 2014). Del 2005 al 2015 mueren violentamente un promedio anual de 188 mujeres, de éstas, 98 son feminicidios, siendo esto parte de una violencia cotidiana que impacta sensiblemente a la sociedad. Esta violencia no relacionada con la delincuencia, es decir, producto de la conflictividad social, aumenta considerablemente, sobre todo las riñas (comprende el 31.3% de todos los homicidios de los últimos 10 años). La violencia intrafamiliar y de género y la violencia sexual se han incrementado en los últimos 8 años en 45% y 158% respectivamente.

La violencia dominicana tiene un alto costo en vidas humanas, principalmente para las familias afectadas. Representa un elevado gasto económico, que según el Índice de Paz Global (2016), equivale al 13,2% del PIB en el 2015, lo que representa, de acuerdo a nuestros cálculos, un gasto de más de $400 mil millones de pesos dominicanos. La violencia se convierte así en un obstáculo importante para el desarrollo dominicano. Hay que agregar, además, un costo ético: el fracaso de la sociedad dominicana para proteger a las víctimas, a tantos ciudadanos productivos y talentosos, y del lado de los victimarios por no haber orientado adecuadamente a los jóvenes desviados por el camino de la violencia y delincuencia.

Ha quedado demostrado teórica y empíricamente en la literatura mundial y regional (Cabral & Brea (1999), que existen estrechas y complejas relaciones entre la violencia y los cambios que se producen en las condiciones socioeconómicas (factores estructurales) en las individuales (factores personales), en las condiciones familiares, comunitarias, de orden y justicia y de las políticas públicas en general (factores institucionales, del aprendizaje y psicosociales) y en situaciones de alto armamentismo y el despliegue de las actividades ligadas al narcotráfico (factores  coyunturales y facilitadores). Se trata, en consecuencia, de un fenómeno complejo, multidimensional y multicausal. Bajo este marco se explica el nivel de violencia y los cambios en las tendencias arriba mencionados en República Dominicana.

En un estudio realizado por Brea y Cabral (2016) se encontró que en períodos de cuatro años del 1992 al 2015, la violencia (el incremento del número de homicidios promedio porcentual anual) correlacionó con las variables socioeconómicas siguientes: con el crecimiento económico o variaciones del PIB real (r = – 0.677); con la inflación o variación en el Índice de Precios al Consumidor -IPC- (r = 0.960); y con la tasa de desempleo ampliada (r = 0.740) tal como se observa en la Tabla 5.

Tabla 5
Variables socioeconómicas y niveles de violencia (incremento del número de homicidios) por períodos de cinco años del 1992 al 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría General de la República y del Banco Central de la República Dominicana en esos períodos.

No menos significativas son las relaciones encontradas entre la violencia y los niveles de desigualdad y exclusión social, así como también con el incremento de la pobreza y los bajos niveles educativos (años de escolaridad) y la poca participación social de los jóvenes (situación de los Ni-Ni, jóvenes con edades entre 15 a 24 años, quienes ni estudian ni trabajan, y que en nuestro país se estimaban para el 2015 en unos 432,000 de acuerdo a la ONE, 2016).

Hay que señalar, de manera contundente, que en República Dominicana en los últimos 17 años se incrementó en 661% la expedición de permisos para porte de armas en civiles (MIP, 2000-2016). Y los heridos de balas aumentaron en 69% del 2000 al 2015 (Policía Nacional, 2000-2015). Se hiere por armas de fuego un promedio de 12 personas diarias. Alrededor del 64% de los homicidios del país se cometen con armas de fuego y mayormente armas legales, muchas de las cuales pasan a engrosar las filas del mercado ilícito de armas.  En los últimos 10 años se ha registrado un promedio de 5 personas asesinadas mensualmente para despojarlos de su arma (Procuraduría General de la República, 2007-2016).

Del 2000 al 2015 se han producido 20,452 homicidios con armas de fuego (Policía Nacional, 2000-2005; Procuraduría General de la República, 2006-2015), para un promedio anual de 1278 muertes con este instrumento tan letal. En República Dominicana circula un arma (legal e ilegal) por cada 18 habitantes según datos del informe del UNPoA1 de agosto del 2016 y de Gunpolicy.org del 2013. En otros estudios de Brea y Cabral (2013 y 2014) se encontró fuertes correlaciones entre el número de autorizaciones de armas y los heridos de balas (r = 0.85306363) y entre la frecuencia de homicidios y el número de armas legalizadas (r = 0.6044848), lo que significa que a medida que circula mayor cantidad de armas (en este caso legales) hay mayor cantidad de heridos de balas y tienden a aumentar los homicidios. Esto contradice abiertamente la tesis sostenida por los vendedores de armas de fuego, en el sentido de que a mayor armamentismo en la población menor violencia.

Los apresados por drogas crecen del 2006 al 2015 en 138.4%, pasando de 11,145 a 26,559 personas detenidas en operativos de drogas. Las incautaciones de cocaína aumentan en 144.8% en dicho período según datos de la Dirección Nacional de Control de Drogas y reportado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE, 2016).

Todos estos factores (estructurales, institucionales y coyunturales) se combinaron de manera negativa en el período 1992-2011. Y es eso lo que explica la tendencia ascendente de la violencia en ese largo interregno. Sin embargo, en los últimos años en el país se observan considerables reducciones en las tasas de homicidio, que probablemente desciendan hasta 15.9 para finales del 2016, no obstante, hay que subrayar que aún esa tasa resulta muy alta respecto al contexto internacional y en relación a los niveles prevalecientes en el país a principios de siglo.

Pero más importante aún es, considerar que esa reducción positiva se ha logrado mediante una combinación de factores casi inédita en la historia económica moderna del país. Son muchos los factores internos y externos favorables tanto económicos como sociales e institucionales que han incidido en dicha reducción, tales como son de manera directa: altas tasas de crecimiento económico, niveles considerablemente bajos de inflación, descenso del desempleo, reducción de los grandes desequilibrios internos y externos, reducción de la pobreza y la desigualdad social, y también el conjunto de políticas públicas muy concretas y efectivas en diferentes niveles (el programa 911, ejecución de algunos programas sociales en sectores vulnerables, la ampliación de la tanda educativa extendida, la militarización de calles y barrios como mecanismo disuasivo, la lucha abierta contra las drogas de los grandes carteles y un mayor control en las autorizaciones de las armas de fuego, entre otros).

Llama la atención, en el sentido de que esta conjugación de factores externos e internos difícilmente se mantenga por mucho tiempo. Por lo que es recomendable que se profundice en las políticas públicas aplicadas a corto y mediano plazo, las que deberán ser mejor planificadas y mucho más eficientes que hasta ahora para poder lograr reducir la violencia e inseguridad ciudadana a niveles irreversibles, ante la ocurrencia de un cambio desfavorable de coyuntura, sobre todo internacional (con aumentos de precios de los combustibles, entre otros). Es imprescindible mantener y profundizar el rumbo descendente de la violencia. Es lo que aconseja toda la experiencia acumulada a nivel nacional e internacional. De lo contrario, podríamos pasar a un nuevo ciclo de mayor violencia que en el pasado.

Algunos diagnósticos de la percepción de violencia en la población, apoyados en el uso de encuestas (ENHOGAR, 2015; CID-GALLUP, 2016; GALLUP-HOY, 2016; Latin barómetro, 2016) sitúan a la delincuencia e inseguridad ciudadana como el primer problema de preocupación en los dominicanos, y apuntan a un recrudecimiento del raterismo, de las acciones de pandillas y grupos del crimen organizado. De ahí surge la aparente contradicción entre la alta percepción de violencia e inseguridad en la población dominicana y la realidad de los datos en cuanto a reducción de los homicidios y de la violencia criminal que refieren las estadísticas oficiales, lo que pudiera explicarse por una atomización y propagación de esos grupos delincuenciales, fruto de un mayor desmantelamiento de los grandes carteles de drogas, de sus redes de negocio y distribución (modus vivendi), y que esto se esté reflejando en un mayor auge del raterismo desmesurado y de atracos a mano armada. Por tanto, se sugiere prestar mayor atención a estos fenómenos microsociales y a los riesgos que suponen.

Medidas sugeridas

Para continuar avanzando en la lucha contra esta epidemia tan compleja y preocupante, los autores de este trabajo proponen algunas medidas como las siguientes:

1. Sociales, económicas e institucionales. La profundización y adecuada coordinación de todas las políticas públicas contra la violencia en todas sus manifestaciones: políticas económicas, sociales, de las preventivas y correctivas en términos de orden y justicia, etc. Es fundamental enfrentar los factores estructurales, coyunturales, psicosociales e institucionales, atacando principalmente los de mayor riesgo al alza de la violencia. Urge seguir abordando con renovada energía los problemas sociales básicos con más y mejor educación, salud, vivienda, empleo digno y con soluciones a problemas infraestructurales (que afectan directamente a las comunidades). Solo de esa forma se crearán serias oportunidades para reducir drásticamente la pobreza y las inequidades surgidas al amparo de las enormes desigualdades de ingreso que caracterizan a la sociedad dominicana.

2. Acercamiento comunitario. La organización de las Mesas Locales de Seguridad Ciudadana donde participen el gobierno central a través de sus instituciones, los gobiernos locales y municipales y la propia comunidad para la búsqueda de soluciones y de opciones contra la violencia. Que se contemple un abordaje e intervención multidimensional e integral desde los propios barrios y comunidades, y sirva para fortalecer las oportunidades de diálogo entre los sectores, y de recuperación de los espacios perdidos en el entorno urbano y social, aprovechado por la delincuencia. Es imprescindible que dichos proyectos cuenten con la debida evaluación permanente y una inversión eficiente y masiva de recursos.

3. Institucionales de orden y justicia. El establecimiento y ejecución de una verdadera reforma policial, que haga del cuerpo policial un ente competente, bien formado y equipado, integrado a la comunidad, que resuelva los problemas del orden y la seguridad en el marco del respeto a los derechos humanos. Priorizar las políticas de prevención frente a la represión; rechazar las acostumbradas políticas de “mano dura” como la panacea, ya que con mucha frecuencia muestran que no pueden resolver la problemática delictiva. Concomitantemente, se deben mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los encargados del orden público, requisito tan exigido por todos. Reformular, además, el sistema judicial y carcelario, a fin de que se sancione el delito sin impunidad ni corruptela alguna, de tal manera que delincuentes profesos no puedan burlarse de la Ley mediante el soborno y la compra de los jueces y de funcionarios, tal como ha sido común en la práctica cotidiana.

4. Tecnológicas y educativas. La continuación de la modernización tecnológica aplicada a la seguridad (video-cámaras, mapeo del delito, etc.) como prevención-disuasión y monitoreo delictivo en las diferentes localidades. Al mismo tiempo, fortalecer los programas de reinserción escolar y de atención a los jóvenes desertores, evitando así su impacto negativo (Unesco, 2012). Y utilizando adecuadamente el presupuesto del 4% otorgado a nuestra educación preuniversitaria. Profundizar la revolución educativa en todos los niveles escolares y extenderla a la educación superior pública, para hacerla capaz de atender a la población joven entre 18-24 años de edad, donde se registra un notable ausentismo laboral y escolar. La preparación adecuada de este segmento poblacional es vital para que pueda en lo adelante con sus estudios universitarios o técnicos, lograr una inserción provechosa en un mercado laboral cada vez más cambiante y exigente

5. Protección de género. Fomentar los proyectos educativos transversales de igualdad de género para prevenir la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar (orientando debidamente a la población escolar desde inicios de su educación básica y en otros grupos secundarios de socialización). Intensificar los programas de apoyo y de protección a la Mujer (Casas de acogida, leyes contra el abuso y maltrato a la mujer, etc.) dirigidos desde la Procuraduría y el Ministerio de la Mujer.

6. Control de armas. Redefinir y transparentar los principios y sustentaciones contemplados en la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, aprobada repentinamente días antes del proceso de elecciones del 2016 en el país, la cual podría facilitar dando aún mayor apertura a la circulación, importación, fabricación, exportación y venta de armas de fuego “legalizadas”. Nuestro objetivo debería ser el desarme gradual y ordenado de la población civil en un plazo máximo 5 años y desincentivar la demanda de armas de fuego tanto legales como ilegales en la población que se siente desprotegida. Y siendo necesario disminuir el cuadro de inseguridad ciudadana con una mejor cooperación entre el Estado y los ciudadanos y la mejoría de la confianza en el orden de protección público.

7. Promoción-educación para la paz. Iniciar campañas de educación hacia el desarme y de educación sobre el uso cotidiano de fórmulas de resolución pacífica de los conflictos. Involucrar a los medios de comunicación masivos y a otros sectores de la nación en el proceso de educación para la paz y contemplar una regulación más estricta de la proyección de los modelos violentos que alteran la convivencia social.

8. Medidas preventivas anti drogas. La elaboración de nuevos programas de prevención del consumo de drogas y alcohol en los barrios y comunidades. Importantizar la labor de psicólogos, orientadores y trabajadores sociales en la prevención y tratamiento de los factores de riesgo que inducen a la violencia y su relación con las drogas. La aplicación de sanciones menos punitivas para adictos, ya que más bien son enfermos a tratar.

9. Sociales y de apoyo familiar. El trabajo dirigido a reforzar y apoyar a las familias sobre todo a las más vulnerables, involucrando los medios de comunicación, las escuelas de padres, las organizaciones barriales y comunitarias en el proceso de educación para la paz en pos de un cambio de paradigma, que tienda a eliminar los métodos educativos punitivos y autoritarios predominantes (castigo físico) tanto familiar como a nivel escolar.

10. Investigación participativa. El incrementar los diagnósticos participativos, la investigación permanente de los factores que generan riesgo para engendrar la violencia. Que la investigación sea la base para la elaboración, planificación y ejecución de las políticas públicas y sociales donde se reduzcan los márgenes de la improvisación tan frecuentes en estos tiempos.

Que el objetivo primordial sea fortalecer el compromiso decidido y luchar por una República Dominicana más integrada, inclusiva, sostenible y pacífica.

Referencias

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Para citar este artículo:

  • Brea, M. & Cabral, E. (2017, 01 de mayo).El nuevo rumbo de la violencia dominicana. Revista PsicologiaCientifica.com, 16(1). Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/nuevo-rumbo-violencia-dominicana

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