Homicidios y armas de fuego en República Dominicana

El presente trabajo tiene el propósito de esclarecer la estrecha relación que existe entre la disponibilidad de armas de fuego legal y el aumento de los homicidios en la República Dominicana. En la primera parte, se presenta el aspecto normativo del control de armas de fuego en el país, y datos referentes al número de autorizaciones de porte y tenencia de armas que fueron emitidas legalmente en el interregno 20032005.

En la segunda parte, se exponen posiciones internacionales respecto a la polémica y estudiada relación entre armas de fuego y violencia. Posteriormente, se analizan las estadísticas policiales: el número de homicidios y sus características, la tasa por cada cien mil habitantes; sus formas de ejecución, resaltando aquellas producidas con el uso de armas de fuego. Se refieren los datos de heridos a consecuencia de balas perdidas e intercambio de disparos.

Por último, se concluye con algunas sugerencias frente a esta problemática, a fin de evitar se continúe agravando la situación.

Queremos dejar constancia, desde la misma introducción, de nuestro profundo agradecimiento a la Secretaria de Estado de Interior y Policía y al Departamento de Estadística de la Policía Nacional por todas las facilidades y la colaboración prestada para el desarrollo de esta investigación.

Ley No. 36: normativas de la comercialización, porte y tenencia de armas de fuego

La Secretaría de Estado de Interior y Policía es el organismo encargado de manejar la circulación o comercialización, porte y tenencia de armas de fuego en el país. El 17 de octubre del 1965, en República Dominicana se promulga la Ley No. 36 que regula lo relacionado con las armas de fuego. En septiembre del 2004, se introdujeron algunas modificaciones. Se define como arma de fuego a todo tipo de artefacto (fusil, rifle, carabina, escopeta, revólver, pistola, etc.) con la que se puede disparar balas mortíferas o proyectiles de pólvora u otro explosivo. Dicha ley prohíbe la fabricación, la comercialización y la posesión de armas de fuego sin la debida autorización correspondiente.

Actualmente, la ley concede permiso legal o autorización para el uso de un arma de fuego a los funcionarios del nivel superior (presidente y vicepresidente) y para otros miembros ejecutivos del Estado o del aparato de seguridad; también a empleados públicos administrativos, judiciales o municipales autorizados. Por otro lado, se concede autorización en general a toda aquella persona que «justifique la necesidad de tenerla para su defensa personal», siempre y cuando cumpla con los requisitos legales necesarios.

Esta ley excluye del derecho de portar armas de fuego a menores de 18 años, a los enfermos mentales, los afectados por drogas y alcohol, así como a los condenados por delitos y sometidos a la acción de la justicia.

Los requisitos para solicitar autorización de porte y tenencia de un arma de fuego son: «el pago de los impuestos correspondientes; el someterse a un examen médico (prueba antidoping) y a una ‘evaluación de salud mental’ (psicológica o psiquiátrica); el pago de una póliza de seguro; una certificación de participación del solicitante tanto en un taller teórico del manejo del arma, como en prácticas en un polígono de tiros».

En la Cámara de Diputados reposa un anteproyecto en espera de reintroducir otras modificaciones a esta ley. Los principales cambios a introducir serían:

1. La creación de la Dirección General de Control de Armas, adscrita a la Secretaría de Estado de Interior y Policía en coordinación con las Fuerzas Armadas.

2. Creación de la infraestructura oficial (que en parte existió y fue abolida en el año 2005) como los departamentos de salud física y mental, jurídico, de control de armas y de expedición de licencias para el porte y tenencia de armas.

3. Establecer una diferenciación clara entre porte (autorización para transportarla) y tenencia de armas de fuego (autorización para poseerla y no portarla).

4. Ampliar las categorías de los tipos de licencias para los polígonos de tiro, para las empresas de seguridad y los coleccionistas.

5. Aumentar la edad mínima a 21 años.

6. Obligar a anexar tres declaraciones juradas de personas no familiares que atestigüen la buena «reputación» del posible solicitante. Además, el aumento del impuesto fiscal, y nuevas normas de control para empresas comerciales y de seguridad privadas.

7. Plantear la creación de la comisión especial de destrucción de armas de fuego para armas confiscadas.

8. Aumentar la penalidad por infracción a la Ley 36 con multas de pago y prisión, incluyendo por la exhibición desaprensiva en público del arma de fuego; los tiros al aire; el tráfico ilícito de armas.

9. Finalmente, introducir algunas regulaciones respecto a las armas blancas o punzantes.

Cifras de porte y tenencia de armas de fuego

En marzo del 2003, el entonces Secretario de Estado de Interior y Policía, Dr. Pedro Franco Badía, declaró ante el periódico El Caribe que dicha institución tenía registrada 260,000 armas autorizadas en el ámbito nacional. Más recientemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, sostuvo que en nuestro país los civiles poseen más armas de fuego que los policías y militares, situación que calificó de preocupante, vinculándolo con los frecuentes casos de personas heridas por balas perdidas, incluyendo niñas, niños y adolescentes (Citado por Pesqueira, D, 2005).

Según registros oficiales, la Secretaría de Estado de Interior y Policía otorgó 178,193 autorizaciones de porte y tenencia de armas de fuego durante el período de septiembre del 2003 a junio del 2005; se efectuaron un total de 189,933 trámites, pudiendo una misma persona poseer más de un arma de fuego. El 93.4% de esas autorizaciones fueron privadas y el restante 6.5% oficiales.

Tabla 1
Cantidad de licencias otorgadas por la Secretaría de Estado de Interior y Policía de septiembre del 2003 a junio del 2005 según el destinatario

Fuente: Datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía

Tal como se observa en la tabla  1 y el figura 1 en los últimos cuatro meses del año 2003 se emitieron 22,644 licencias de porte y tenencia de armas de fuego, cifra alta en comparación con las que se ofrecieron para el año completo del 1999 que fue de 10,410. En el 2004 se otorgaron unas 96,847 autorizaciones y en los seis primeros meses del 2005 se concedió un total de 58,702 licencias, distribuidas entre el sector privado y el oficial.

Figura 1. Cantidad de licencias otorgadas de septiembre del 2003 a junio del 2005 según el destinatario

De esas autorizaciones expedidas en 668 días, 119,938 fueron licencias de renovación (67%) y 45,359 licencias nuevas (25%), o sea, otorgadas por primera vez. El promedio diario de licencias emitidas en dicho período fue de 68 para las licencias nuevas, y de 179 para renovaciones, cifras que indican la magnitud del problema, la proliferación de este fenómeno, sin contar con el número de armas ilegales que se estima también de bastante alto.

Tabla  2
Cantidad de autorizaciones de armas de fuego por año según el trámite realizado

Fuente: Datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía.
*De septiembre a diciembre (4 meses). **De enero a junio (6 meses)

Las autorizaciones más demandadas lo constituyen las armas livianas, entre ellas, pistolas (71.5%), escopetas (14.2%) y revólveres (13.9%).

Tabla 3
Cantidad de licencias emitidas por tipos de armas

Fuente: Datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía

Son muchas las causas por la que se demandan armas de fuego. En sociedades desprotegidas como la nuestra, el crecimiento de la criminalidad genera un clima de inseguridad en los ciudadanos; esto es asociado, también, con la gran desconfianza existente en los organismos de protección público nacional (policial y judicial); igualmente, con la impunidad y corrupción imperante que estimula a la búsqueda de autoprotección y de protección privada, sobre todo a través de la adquisición de un arma de fuego como mecanismo de defensa (Brea y Domínguez, 2005). A esto se agrega la errada percepción de poder que se adquiere mediante la posesión de un arma de fuego, principalmente en una sociedad con trascendencia de un autoritarismo muy arraigado, y con valores basados en el temor. En ese sentido Bordenave y Davis (2004) se refieren a la vulnerabilidad de la juventud, quienes ven las armas de fuego como una «fuente de poder y prestigio». En sociedades abiertas y también en sociedades militarizadas, se asocia la posesión de las armas de fuego con más estatus, dinero y seguridad. Por otro lado, los grupos de mayor poder económico, al sentirse amenazados, crean su propio cuerpo de seguridad privada para protegerse, lo que también incrementa la demanda de armas. Cabe señalar, que en nuestro país en el 2005 se incrementó las licencias de porte y tenencia empresarial.

Debate internacional en torno a las «armas de fuego y la violencia»

Existen dos posiciones contrapuestas en la literatura internacional respecto al vínculo entre armas de fuego y violencia: La primera, sostiene que contrario a lo que podría esperarse, en algunas regiones de los Estados Unidos, el incremento en la tenencia de armas de fuego va acompañado de una reducción de la violencia homicida, y esto es explicado por una supuesta inhibición en los delincuentes para cometer crímenes ante la posibilidad de que su víctima potencial pueda tener un arma. Basados en experiencias de este tipo, los partidarios de esas concepciones pregonan la liberalización del porte de armas de fuego (Lott y Mustard, 1997). Otros, en cambio, sugieren lo contrario, y basados en otras experiencias muestran la existencia de un elevado índice de violencia y de criminalidad asociado a la presencia de una mayor disponibilidad de armas de fuego. En el caso dominicano, los datos empíricos parecen justificar ampliamente los últimos argumentos.

Cabe señalar, que los autores del presente trabajo consideran a las armas de fuego como uno de los factores catalizadores más relevantes del alto nivel de violencia en República Dominicana.

Armas de fuego y violencia en América Latina y el Caribe

Sobre la violencia se ha escrito mucho en los últimos años. Se admite en amplios círculos de estudio sobre el tema que es un fenómeno de gran complejidad y de carácter multidimensional, puesto que se presenta en diferentes manifestaciones de la vida social, además, es multifactorial, es el producto de una conjunción de factores de riesgo, cuyos componentes biológicos, psicológicos y culturales se dan ligados a condiciones socioeconómicas y medioambientales específicas en un contexto determinado. Actúan, en la misma, los factores cíclicos y los coyunturales o catalizadores que, incluso, siguen actuando aun cuando determinadas condiciones estructurales económicas y sociales parezcan mejorar. Por ejemplo, el fenómeno de la «inercia criminal» que pudimos demostrar en anteriores investigaciones (Cabral y Brea, 2002).

Aunque el origen de la violencia es multifactorial, sin embargo, el fácil acceso a las armas de fuego es un fuerte factor catalizador, demostrable en la región latinoamericana en aquellos países con niveles altos de criminalidad. La proliferación de las armas de fuego junto a factores estructurales, cíclicos y coyunturales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, las crisis económicas, la exclusión social, las grandes expectativas en la población urbana, la inversión de valores éticos, la corrupción, la impunidad a todos los niveles, la venta y el consumo masivo de drogas y alcohol y la influencia de patrones culturales violentos contribuyen a hacer aún más complejo y preocupante el clima de inseguridad ciudadana hoy predominante en un número cada vez mayor de países de Latinoamérica.

América Latina y del Caribe es la segunda región del mundo con mayor nivel de violencia después de África del Sur del Sahara. Es evidente que en esta región, la frustración causada por la pobreza, desigualdad y marginalidad y que excluye a grandes segmentos de la población del disfrute de los bienes (imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas a través de los medios legítimos) son un caldo de cultivo importante para desencadenar agresividad, revueltas o levantamientos sociales. La explicación teórica de dicho comportamiento bien podríamos encontrarla en los postulados basados en la Teoría de la Frustración-Agresión propuesta por Dollard, Miller y asociados (1939), y que señala cómo la frustración podría generar violencia. Otros enfoques psicológicos analizan a la agresión como formas y modelos conductuales adquiridos en el medio social a través de procesos simples o complejos de un aprendizaje social (Skinner, 1969; Bandura, 1973; Berkowitz, 1996).

Algunos países de Latinoamérica y del Caribe son altamente vulnerables para la producción de violencia. Estudios comparativos realizados durante finales de la década de los noventa en relación a la tasa de homicidio muestran que aquellos países latinoamericanos con menores poblaciones viviendo en los umbrales de pobreza, con mayores ingresos per cápita, y los que gozan de una mejor distribución de sus ingresos poseen tasas más bajas de homicidios, entre ellos: Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina; por el contrario, los que poseen mayor desigualdad social y condiciones socioeconómicas más desfavorables, como Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, entre otros más, tienen índices de delincuencia más elevados. Precisamente, estos últimos se caracterizan por tener un gran arsenal de armas en manos de la población civil luego de atravesar por conflictos armados, hecho que certifica la estrecha relación entre una realidad socioeconómica determinada, la disponibilidad de armas de fuego y el crecimiento de la violencia armada (Cabral & Brea, 1999; Cabral & Brea, 2001, Cabral & Brea, 2003).

En los últimos años, en el Caribe se ha incrementado la violencia y los crímenes con armas de fuego. Por ejemplo, en Jamaica aumentan los crímenes callejeros, la violencia de pandillas y el crimen organizado, y se centran en los vecindarios urbanos más pobres. Santa Lucia y Trinidad son ejemplos adicionales del aumento de crímenes con armas de fuego y otras formas de violencia, estando a menudo implicados en ello, jóvenes con bajo nivel de educación o desertores escolares. La situación es explicada por los cambios económicos que se han producido, el aumento de la presencia de armas de fuego y el incremento del tráfico y consumo de drogas (Bordenave, S; Davis, D, 2004).

La mayoría de los homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego. El análisis estadístico de los crímenes del 1995 al 2000 muestra que el 80% de éstos fueron de «criminalidad armada», presentándose un aumento en los últimos tres años, alcanzando 82,5% en el año 2000. La violencia en Colombia está relacionada con las organizaciones criminales, el narcotráfico y el ajuste de cuentas (Informe del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2001).

Investigaciones avaladas por el PNUD en el 2003 efectuados en El Salvador señalan que la mayor parte de los crímenes son cometidos con armas de fuego, hecho que ha venido en aumento. En la primera mitad de la década pasada la proporción de asesinatos con armas de fuego era de 55%, cinco años después subió al 75% según datos de la Policía Nacional Civil, recogidos en el Informe del PNUD, razón por lo se ha destinado en ese país, grandes esfuerzos para controlar la circulación de las armas de fuego.

Según un estudio del Programa de Estado de la Nación realizado en Costa Rica, durante el periodo 1983-1985, los homicidios cometidos con armas de fuego representaron el 48.87% de la totalidad; en 1995-1997 el porcentaje se elevó a 53.99%, observándose una tendencia a crecer tanto de los homicidios, como los cometidos con armas de fuego (Loría Ramírez, M.A, 2000).

Otros estudios reportados en países como Estados Unidos y Nicaragua relacionan la tenencia y el control de las armas de fuego con la frecuencia y peligrosidad de los delitos y hasta con una elevada tasa de suicidio (Brent, Perper et al, 1991; Kleck G, 1991; Cuadra E, 2000).

Homicidios y armas de fuego en República Dominicana

Al analizar el número de homicidios producidos en los últimos 6 años en República Dominicana, según las estadísticas de la Policía Nacional, se puede observar un aumento de su frecuencia.

La tabla 4 y la figura  2 muestran que en los últimos 6 años se registraron 10,103 homicidios, es decir, un promedio de cerca de 5 homicidios por día (4.6), cuyas víctimas, son principalmente personas del sexo masculino (91%) y el restante 9% femenino.

Tabla  4
Frecuencia de homicidios en los años 2000-2005 * y sexo de las víctimas

Fuente: Tabla propia elaborada en base a datos recientes y revisados de la PN.

*Valores estimados para el año 2005 con base en el cálculo de los homicidios cometidos de enero a septiembre del mismo año.

El siguiente figura de línea muestra claramente el aumento de la frecuencia de homicidios en la República Dominicana durante el período del 2000-2005.

Figura 2. Número de homicidios del 2000 al 2005 * y sexo de las víctimas

Si consideramos a la tasa de homicidio (número de homicidios por cada 100,000 habitantes) como indicador cuantitativo de violencia de un país, nos percatamos del aumento creciente que ha experimentado en ese aspecto la República Dominicana, ya que la tasa de homicidio del año 2000 al 2005 se incrementó de 13 a 27, tal y como se puede apreciar en la tabla 5 y el figura 3.

Tabla  5
Tasas de homicidio en los años 2000-2005 en República Dominicana

Fuente: Elaboración propia en base a datos de población ofrecidos por el Banco Central y los datos de homicidio de la Policía Nacional.

*Estimación poblacional de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) **: Estimación calculada para el año 2005 en base a datos de homicidios de los 9 primeros meses del año.

Figura 3. Evolución de las Tasas de Homicidio del 2000-2005** en República Dominicana

A continuación se presentan las formas de ejecución de los homicidios durante los últimos años, lo que muestra la prevalencia del uso de las armas de fuego.

Formas de ejecución de los homicidios durante el 2000-2005

En la tabla 6 y el figura  4 se observa que se cometieron 5,120 homicidios con armas de fuego desde enero del 2000 hasta septiembre del 2005, que equivalen al 58% de todos los homicidios reportados para ese período, un promedio diario de 2 homicidios utilizando armas de fuego. El 32% de la totalidad de los homicidios fue ejecutado con armas blancas; un 8% con golpes contundentes y 2% de otras maneras.

Tabla 6
Frecuencia de homicidios según la forma de comisión por años en República Dominicana

Fuente: Elaboración propia con base en datos recientes y revisados de la Policía Nacional *: Sólo se incluyen datos de los meses de enero a septiembre de 2005 (273 días).

Nota: La sumatoria de todas las categorías no coincide con el total de homicidios cometidos, porque un arma puede ser usada para la comisión de varios homicidios y un homicidio ejecutado de diversas maneras al mismo tiempo.

Figura  4. Número de homicidios según su comisión del 2000-2005 *en República Dominicana

Crecimiento de los homicidios con armas de fuego

Un hecho a destacar lo constituye el crecimiento de los homicidios con armas de fuego, que asciende de un 30% en el 1993 a un 51% en 1999 (Cabral & Brea, 1999 y 2001). Y del año 2000 al 2005 se eleva de un 52% a un 68%. Su crecimiento puede ser observado en el figura siguiente.

Figura 5 – Representación lineal del aumento de los homicidios con armas de fuego del 2000-2005 *en República Dominicana

De los datos policiales aquí presentados se podría extraer que, a excepción del año 2004, se han ido incrementando los homicidios cometidos con armas de fuego y disminuyendo los que son realizados con otras formas de ejecución.

Tabla 7
Frecuencia y porcentaje de homicidios con armas de fuego y otras formas de comisión durante el 2000-2005 * en República Dominicana

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Policía Nacional.
*Sólo se incluyen los datos de los meses de enero a septiembre del 2005.

Figura 6. Datos porcentuales de homicidios con armas de fuego y con otras formas empleadas del 2000-2005 * en República Dominicana

Al calcular el crecimiento porcentual anual de los homicidios con armas de fuego en los últimos 6 años, se observa que el mayor crecimiento se produce del año 2002 al 2003, cuya variación porcentual fue de 33.1, tal como se muestra en la tabla 8 coincidiendo con el incremento acelerado en la tasa de homicidios, que pasa de 14 a 22 en dicho período.

Tabla 8
Crecimiento porcentual anual de homicidios cometidos con armas de fuego en República Dominicana

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional

*Para el año 2005 sólo se toman en cuenta los datos de homicidios con armas de fuego de los 9 primeros meses del año.

El promedio anual del crecimiento porcentual de homicidios cometidos con armas de fuego durante los años 2000-2005 fue de 18.2%. Durante esos años se incrementó indistintamente el número de homicidios con armas de fuego, tal como se presenta en el figura 7.

Figura 7. Representación circular del crecimiento porcentual anual de homicidios cometidos con armas de fuego

*: Para el año 2005 sólo se toman los datos de homicidios con armas de fuego de los 9 primeros meses del año.

Otra consecuencia fatal del uso inadecuado de armas de fuego: los heridos de balas

Con el aumento de las armas de fuego, el número de heridos de bala se ha incrementado en los últimos años. Vemos con gran frecuencia noticias como las siguientes en los diarios dominicanos.

Tabla
Noticias periodísticas recientes

Fuente: Periódico Hoy Digital y Listín Diario Digital en diferentes fechas.

La tabla 10 muestra que en un período de 7 meses (enero a julio) del año 2005 se registraron 2,977 heridos de balas, señal evidente del mal uso de las armas de fuego, sobre todo, son lesionados un gran número de niños víctimas de balas perdidas en intercambios de disparos y/o tiros al aire. La mayoría de las víctimas proceden del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo.

Tabla 10
Heridos de bala de enero a julio del 2005

Fuente: Datos de la Policía Nacional

Al hacer una representación gráfica se puede fácilmente percibir el fenómeno que produce el uso inadecuado de las armas de fuego, tal como se puede apreciar en la gráfica siguiente.

Figura 8. Representación gráfica de los heridos de bala de enero-julio del 2005
Fuente: Elaboración propia en base a los datos ofrecidos por la Policía Nacional

En el marco internacional, según un informe del PNUD elaborado por Carlos Umaña Cerna (2003) en El Salvador, se señala lo siguiente: «la utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia cualquiera durante el año 2000, murieron en una relación cuatro veces mayor en comparación con aquellas personas que no intentaron defenderse. Por su parte las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto».

En un estudio reciente, realizado en el país por Newlink Political, Lilian Bobea y Vielka Polanco (2005) acerca de la percepción y expectativas sobre la seguridad en 10 barrios pobres del Distrito Nacional y Santiago, se encontró que la percepción de la seguridad en los barrios había empeorado respecto a años anteriores, existiendo un sentimiento generalizado de inseguridad, atribuido a:

1. La delincuencia callejera asociada a la prevalencia de pandillas (naciones) y grupos que reclutan a los más jóvenes y desamparados del barrio, mayormente en el Distrito Nacional.

2. El reciente microtráfico de droga.

3. Los enfrentamientos armados entre grupos.

4. La incapacidad de la policía de enfrentarlos.

5. El accionar policial errático, asociado a prácticas coercitivas y reactivas como las redadas indiscriminadas e inacción.

Un aspecto importante que reveló dicho estudio fue la descripción de los moradores de los barrios sobre el nuevo perfil del delincuente: «un sujeto más joven, que porta armas de fuego», quien proviene principalmente de sectores empobrecidos y actúa más «desaprensivamente» que los delincuentes del pasado. Además, predomina el robo con violencia como resultado del aumento de las armas de fuego en posesión de los delincuentes y su relación con el negocio de las drogas. En términos estratégicos, los autores del estudio sugieren, entre otras medidas de orden social y comunitaria, que la policía haga mayor énfasis en los barrios para controlar las armas de fuego, a fin de que sea reestablecida la seguridad en esos barrios. Por suerte ya se comienza a prestar mayor atención en nuestro país a los asuntos de la inseguridad ciudadana en los barrios más desprotegidos.

Discusión, conclusiones y sugerencias

El presente trabajo muestra, en primer lugar, la rápida proliferación de las armas de fuego en la República Dominicana, sobre todo las armas livianas (pistolas, revólveres y escopetas).

En 668 días, desde el día primero del mes de septiembre del 2003 al 30 de junio del 2005, se otorgaron un total de 178,193 autorizaciones legales para porte y tenencia de armas de fuego; se concedieron unos 96,847 permisos para el año 2004 (73% para renovaciones y 27% armas nuevas), es decir, un promedio general de más de 265 legalizaciones diarias para ese solo año. Aún, a pesar de que no se cuenta con cifras precisas de la circulación de las armas ilegales, ha de suponerse que probablemente duplican o triplican la cantidad legal.

Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de homicidios en los últimos años, cuyo promedio diario es de 4.6. La tasa de homicidio se elevó en el 2005 a 27, ubicándonos más cerca del grupo de países con los mayores índices de criminalidad e inseguridad ciudadana de la región. Esto sin lugar a dudas debe ser motivo de preocupación.

El estudio, basado en análisis de datos mostró, además, una relación muy estrecha entre la circulación de las armas de fuego y los homicidios. A medida que crece la inseguridad, como consecuencia del aumento de la criminalidad, la población busca un mecanismo de protección a través de acceder a armas de fuego, lo que a su vez incrementa la posibilidad de que sean cometidos nuevos homicidios, muchos de ellos de manera circunstancial.

La proporción de homicidios con armas de fuego aumenta en el país considerablemente, mientras en el año 2003 constituían el 52% de todos los homicidios cometidos, se elevó en el 2005 a un 68%. El promedio de crecimiento porcentual anual de los homicidios cometidos con armas de fuego en los últimos 5 años fue de 18.2%. Cabe señalar que de los 4.6 homicidios en promedio cometidos diariamente, más de 2 fueron ejecutados con armas de fuego. Al respecto, el propio presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, se refirió en cierta ocasión a que el pueblo dominicano entiende «que estamos armados todos hasta los dientes», situando el porte y la tenencia de armas de fuego como uno de los elementos que contribuyen al incremento de la delincuencia y la criminalidad en el país (citado de Quiroz, 2005).

Un hecho que llama la atención es la frecuencia con que son detenidos por su involucramiento en homicidios, de los dominicanos deportados de Estados Unidos -o dominican yorks-, quienes regresan al país con master delictivos y un largo historial de asesinatos horrendos. Este fenómeno merece investigarse con mayor detenimiento, ya sea para comprender mejor los nuevos patrones conductuales de la criminalidad importada que aparecen recientemente o para determinar en qué medida participan y contribuyen a la actual situación.

El uso masificado e indiscriminado de las armas de fuego es causa, sin lugar a dudas, de las fatales consecuencias producidas en víctimas inocentes, principalmente en niños que son lesionados por balas perdidas, y que frecuentemente ocasionan muertes e incapacidad física y mental en menores en esta loca carrera armamentista.

La proliferación de armas de fuego en la población civil dominicana fue incentivada de manera irresponsable en el pasado reciente por las facilidades con que fueron otorgadas por el propio Estado, siendo el organismo responsable de controlar su circulación y comercialización. Es un hecho lamentable, que en esos años, nuestras autoridades hayan sido tan permisivas para otorgar autorizaciones de porte y tenencia, actuando fundamentalmente con políticas inadecuadas y criterios erróneos, muchas veces con criterios puramente fiscalistas para obtener nuevos ingresos derivados del otorgamiento de permisos a portadores y a comerciantes de armas de fuego, aumentando así el número de portadores legales, lo que de alguna manera se ha convertido en el boomerang de la seguridad ciudadana (Brea y Domínguez, 2005).

No se debe justificar en el futuro aquellos mecanismos que faciliten adquirir en estafetas bancarias los formularios requeridos para la solicitud del permiso de porte y tenencia de armas de fuego, como si se tratara de cualquier impuesto común y corriente. En varias oportunidades se ha dado la voz de alerta y ha sido motivo de comentarios y protestas sin que se le haya prestado la debida atención a un problema tan grave como ese.

Es necesario modificar la Ley 36 y adecuarla al momento. Sin embargo, es menester desincentivar la gran demanda de armas de fuego por parte del sector civil y lograr que se cambien los motivos y actitudes que inducen a la población a armarse. Se debe mejorar el cuadro de inseguridad que existe en el país, y cuya función es plena atribución del Estado Dominicano. Hay que tener en cuenta el sentimiento de desprotección ante el incremento de la delincuencia, hecho que ocurre en un contexto cargado de corrupción policial y judicial, y que fomenta la impunidad.

Se hace necesario enfrentar la errada y arraigada convicción en parte importante de la comunidad dominicana, en el sentido de que las armas de fuego son imprescindibles para la defensa y la seguridad personal. Hay que educar a la población, creando nuevas actitudes y nuevos valores. Formar seres concientes capaces de resolver los conflictos de manera pacífica y no con el uso de la violencia. En conclusión, la gran tarea debe ser ir mejorando la percepción de seguridad en los ciudadanos y desincentivar la demanda de armas de fuego.

Por otro lado, debemos combatir las raíces que originan el mal social de la delincuencia, y de manera muy especial restringir el fácil acceso a las armas de fuego y su comercialización. Esto debe estar acompañado de la depuración o profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad pública y privada, y reconocer que simplemente atacando el síntoma o sus consecuencias no resolvemos el problema del aumento de la violencia. Es innegable que, en los actuales momentos, el Estado realiza ingentes esfuerzos para combatir la creciente ola de crímenes y bajar los niveles de delincuencia, uno de ellos con la aplicación del Programa de Seguridad Democrática, puesto en marcha en algunos sectores populares del Distrito Nacional; pero paralelamente debemos ir pregonando una política de sensibilización para el desarme paulatino de la población civil; deben sentirse disminuidas las facilidades ofrecidas por el Estado, permitiendo la circulación y comercialización privada de las armas de fuego. Sobre todo, se requiere de un control más estricto para las armas adquiridas de manera ilegal, procedente del lucroso negocio efectuado principalmente en la frontera con Haití.

También es imprescindible que se observe el fenómeno de la violencia y sus factores asociados con una visión más científica, basada en estudios detallados de la realidad, de tal forma que se pueda contar con datos estadísticos más confiables (aun a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando), lo que nos permita diseñar mejores estrategias a corto, mediano y largo plazo, y no caer en el acostumbrado inmediatismo e improvisación de cada período gubernamental.

Finalmente, queremos terminar citando expresiones del propio Presidente de la Republica, Dr. Leonel Fernández, expuestas en un programa televisivo en referencia al problema de las armas: «Porque yo diría que este fenómeno que se da aquí, de tantas personas con el derecho a utilizar armas de fuego, no se da en los países desarrollados como Inglaterra, Francia y España. (…) Yo creo que es fundamental, es importante reducir el volumen de armas circulando en la República Dominicana, armas en manos de gente que no tiene la necesidad de tenerlas, pero que han conseguido el permiso legal» (Tomado de Quiroz, 2005).

Citar:

Brea, M. & Cabral, E. (2006, 06 de mayo). Homicidios y armas de fuego en República Dominicana. Revista PsicologiaCientifica.com, 8(2). Disponible en: https://psicologiacientifica.com/homicidios-armas-republica-dominicana