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Homicidios y armas de fuego en la República Dominicana
Mayra Brea de Cabral
Crecimiento de los homicidios con armas de fuego
Un hecho a destacar lo constituye el crecimiento de los homicidios con armas de fuego, que asciende de un 30% en el 1993 a un 51% en 1999 (Cabral & Brea, 1999 y 2001). Y del año 2000 al 2005 se eleva de un 52% a un 68%. Su crecimiento puede ser observado en el gráfico siguiente.
De los datos policiales aquí presentados se podría extraer que, a excepción del año 2004, se han ido incrementando los homicidios cometidos con armas de fuego y disminuyendo los que son realizados con otras formas de ejecución.
Al calcular el crecimiento porcentual anual de los homicidios con armas de fuego en los últimos 6 años, se observa que el mayor crecimiento se produce del año 2002 al 2003, cuya variación porcentual fue de 33.1, tal como se muestra en la tabla No. 8, coincidiendo con el incremento acelerado en la tasa de homicidios que pasa de 14 a 22 en dicho período.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional El promedio anual del crecimiento porcentual de homicidios cometidos con armas de fuego durante los años 2000-2005 fue de 18.2%. Durante esos años se incrementó indistintamente el número de homicidios con armas de fuego, tal como se presenta en el gráfico 7.
Otra consecuencia fatal del uso inadecuado de armas de fuego: los heridos de balas
Con el aumento de las armas de fuego, el número de heridos de bala se ha incrementado en los últimos años. Vemos con gran frecuencia noticias como las siguientes en los diarios dominicanos.
La tabla No. 10 muestra que en un período de 7 meses (enero a julio) del año 2005 se registraron 2,977 heridos de balas, señal evidente del mal uso de las armas de fuego, sobre todo, son lesionados un gran número de niños víctimas de balas perdidas en intercambios de disparos y/o tiros al aire. La mayoría de las víctimas proceden del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo.
Al hacer una representación gráfica se puede fácilmente percibir el fenómeno que produce el uso inadecuado de las armas de fuego, tal como se puede apreciar en la gráfica siguiente.
En el marco internacional, según un informe del PNUD elaborado por Carlos Umaña Cerna (2003) en El Salvador se señala lo siguiente: "la utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia cualquiera durante el año 2000, murieron en una relación cuatro veces mayor en comparación con aquellas personas que no intentaron defenderse. Por su parte las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto". En un estudio reciente realizado en el país por Newlink Political, Lilian Bobea y Vielka Polanco (2005) acerca de la percepción y expectativas sobre la seguridad en 10 barrios pobres del Distrito Nacional y Santiago, se encontró que la percepción de la seguridad en los barrios había empeorado respecto a años anteriores, existiendo un sentimiento generalizado de inseguridad, atribuido a: 1.
La delincuencia callejera asociada a la prevalencia de pandillas
(naciones) y grupos que reclutan a los más jóvenes y desamparados del
barrio, mayormente en el Distrito Nacional. 2. El reciente microtráfico de droga. 3. Los enfrentamientos armados entre grupos. 4. La incapacidad de la policía de enfrentarlos. 5. El accionar policial errático, asociado a prácticas coercitivas y reactivas como las redadas indiscriminadas e inacción. Un aspecto importante que reveló dicho estudio fue la descripción de los moradores de los barrios sobre el nuevo perfil del delincuente: "un sujeto más joven, que porta armas de fuego", quien proviene principalmente de sectores empobrecidos y actúa más "desaprensivamente" que los delincuentes del pasado. Además, predomina el robo con violencia como resultado del aumento de las armas de fuego en posesión de los delincuentes y su relación con el negocio de las drogas. En términos estratégicos, los autores del estudio sugieren, entre otras medidas de orden social y comunitaria, que la policía ponga mayor énfasis en los barrios para controlar las armas de fuego, a fin de que sea reestablecida la seguridad en esos barrios. Por suerte ya se comienza a prestar mayor atención en nuestro país a los asuntos de la inseguridad ciudadana en los barrios más desprotegidos. Discusión, conclusiones y sugerencias
El presente trabajo muestra, en primer lugar, la rápida proliferación de las armas de fuego en la República Dominicana, sobre todo las armas livianas (pistolas, revólveres y escopetas). En 668 días desde el día primero del mes de septiembre del 2003 al 30 de junio del 2005 se otorgaron un total de 178,193 autorizaciones legales para porte y tenencia de armas de fuego; se concedieron unos 96,847 permisos para el año 2004 (73% para renovaciones y 27% armas nuevas), es decir, un promedio general de más de 265 legalizaciones diarias para ese solo año. Aún a pesar de que no se cuenta con cifras precisas de la circulación de las armas ilegales, ha de suponerse que probablemente duplican o triplican la cantidad legal. Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de homicidios en los últimos años, cuyo promedio diario es de 4.6. La tasa de homicidio se elevó en el 2005 a 27, ubicándonos más cerca del grupo de países con los mayores índices de criminalidad e inseguridad ciudadana de la región. Esto sin lugar a dudas debe ser motivo de preocupación. El estudio, basado en análisis de datos mostró, además, una relación muy estrecha entre la circulación de las armas de fuego y los homicidios. A medida que crece la inseguridad como consecuencia del aumento de la criminalidad, la población busca un mecanismo de protección a través de acceder a armas de fuego, lo que a su vez incrementa la posibilidad de que sean cometidos nuevos homicidios, muchos de ellos de manera circunstancial. La proporción de homicidios con armas de fuego aumenta en el país considerablemente, mientras en el año 2003 constituían el 52% de todos los homicidios cometidos, se elevó en el 2005 a un 68%. El promedio de crecimiento porcentual anual de los homicidios cometidos con armas de fuego en los últimos 5 años fue de 18.2 %. Cabe señalar que de los 4.6 homicidios en promedio cometidos diariamente, más de 2 fueron ejecutados con armas de fuego. Al respecto, el propio presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, se refirió en cierta ocasión a que el pueblo dominicano entiende "que estamos armados todos hasta los dientes", situando el porte y la tenencia de armas de fuego como uno de los elementos que contribuyen al incremento de la delincuencia y la criminalidad en el país (citado de Quiroz, F, 2005). Un hecho que llama la atención es la frecuencia con que son detenidos por su involucramiento en homicidios, de los dominicanos deportados de Estados Unidos o "Dominican-Yorks", quienes regresan al país con master delictivos y un largo historial de asesinatos horrendos. Este fenómeno merece investigarse con mayor detenimiento, ya sea para comprender mejor los nuevos patrones conductuales de la criminalidad importada que aparecen recientemente o para determinar en qué medida participan y contribuyen a la actual situación. El uso masificado e indiscriminado de las armas de fuego es causa, sin lugar a dudas, de las fatales consecuencias producidas en víctimas inocentes, principalmente en niños que son lesionados por balas perdidas, y que frecuentemente ocasionan muertes e incapacidad física y mental en menores en esta loca carrera armamentista. La proliferación de armas de fuego en la población civil dominicana fue incentivada de manera irresponsable en el pasado reciente por las facilidades con que fueron otorgadas por el propio Estado, siendo el organismo responsable de controlar su circulación y comercialización. Es un hecho lamentable, que en esos años, nuestras autoridades hayan sido tan permisivas para otorgar autorizaciones de porte y tenencia, actuando fundamentalmente con políticas inadecuadas y criterios erróneos, muchas veces con criterios puramente fiscalistas para obtener nuevos ingresos derivados del otorgamiento de permisos a portadores y a comerciantes de armas de fuego, aumentando así el número de portadores legales, lo que de alguna manera se ha convertido en el boomerang de la seguridad ciudadana (Brea, M. y Domínguez, L, 2005). No se debe justificar en el futuro aquellos mecanismos que faciliten adquirir en estafetas bancarias los formularios requeridos para la solicitud del permiso de porte y tenencia de armas de fuego, como si se tratara de cualquier impuesto común y corriente. En varias oportunidades se ha dado la voz de alerta y ha sido motivo de comentarios y protestas sin que se le haya prestado la debida atención a un problema tan grave como ese. Es necesario modificar la ley 36 y adecuarla al momento. Sin embargo, es menester desincentivar la gran demanda de armas de fuego por parte del sector civil y lograr que se cambien los motivos y actitudes que inducen a la población a armarse. Se debe mejorar el cuadro de inseguridad que existe en el país, y cuya función es plena atribución del Estado Dominicano. Hay que tener en cuenta el sentimiento de desprotección ante el incremento de la delincuencia, hecho que ocurre en un contexto cargado de corrupción policial y judicial, y que fomenta la impunidad. Se hace necesario enfrentar la errada y arraigada convicción en parte importante de la comunidad dominicana, en el sentido de que las armas de fuego son imprescindibles para la defensa y la seguridad personal. Hay que educar a la población, creando nuevas actitudes y nuevos valores. Formar seres concientes capaces de resolver los conflictos de manera pacífica y no con el uso de la violencia. En conclusión, la gran tarea debe ser ir mejorando la percepción de seguridad en los ciudadanos y desincentivar la demanda de armas de fuego. Por otro lado, debemos combatir las raíces que originan el mal social de la delincuencia, y de manera muy especial restringir el fácil acceso a las armas de fuego y su comercialización. Esto debe estar acompañado de la depuración o profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad pública y privada, y reconocer que simplemente atacando el síntoma o sus consecuencias no resolvemos el problema del aumento de la violencia. Es innegable que, en los actuales momentos, el Estado realiza ingentes esfuerzos para combatir la creciente ola de crímenes y bajar los niveles de delincuencia, uno de ellos con la aplicación del Programa de Seguridad Democrática, puesto en marcha en algunos sectores populares del Distrito Nacional; pero paralelamente debemos ir pregonando una política de sensibilización para el desarme paulatino de la población civil; deben sentirse disminuidas las facilidades ofrecidas por el Estado, permitiendo la circulación y comercialización privada de las armas de fuego. Sobre todo, se requiere de un control más estricto para las armas adquiridas de manera ilegal, procedente del lucroso negocio efectuado principalmente en la frontera con Haití. También es imprescindible que se observe el fenómeno de la violencia y sus factores asociados con una visión más científica, basada en estudios detallados de la realidad, de tal forma que se pueda contar con datos estadísticos más confiables (aun a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando), lo que nos permita diseñar mejores estrategias a corto, mediano y largo plazo, y no caer en el acostumbrado inmediatismo e improvisación de cada período gubernamental. Finalmente, queremos terminar parafraseando expresiones del propio Presidente de la Republica, Dr. Leonel Fernández, expuestas en un programa televisivo en referencia al problema de las armas: "… Porque yo diría que este fenómeno que se da aquí, de tantas personas con el derecho a utilizar armas de fuego, no se da en los países desarrollados como Inglaterra, Francia y España. …Yo creo que es fundamental, es importante reducir el volumen de armas circulando en la República Dominicana, armas en manos de gente que no tiene la necesidad de tenerlas, pero que han conseguido el permiso legal" (Tomado de Quiroz, 2005).
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