Homicidios y armas de fuego en la República Dominicana

Edylberto Cabral Ramírez Ph.D
Ex-rector de la UASD
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UASD
Santo Domingo, República Dominicana

 

 

Palabras claves: homicidios, armas de fuego, República Dominicana, porte de armas, tenencia de armas, comisión de delitos.

 

 

 

Introducción

 

 

El presente trabajo tiene el propósito de esclarecer la estrecha relación que existe entre la disponibilidad de armas de fuego legal y el aumento de los homicidios en la República Dominicana. En la primera parte se presenta el aspecto normativo del control de armas de fuego en el país, y datos referentes al número de autorizaciones de porte y tenencia de armas que fueron emitidas legalmente en el interregno 20032005.

 

En la segunda parte se exponen posiciones internacionales respecto a la polémica y estudiada relación entre armas de fuego y violencia. Posteriormente, se analizan las estadísticas policiales: el número de homicidios y sus características, la tasa por cada cien mil habitantes; sus formas de ejecución, resaltando aquellas producidas con el uso de armas de fuego. Se refieren los datos de heridos a consecuencia de balas perdidas e intercambio de disparos.

 

Por último, se concluye con algunas sugerencias frente a esta problemática, a fin de evitar se continúe agravando la situación.

 

Queremos dejar constancia, desde la misma introducción, de nuestro profundo agradecimiento a la Secretaria de Estado de Interior y Policía y al Departamento de Estadística de la Policía Nacional por todas las facilidades y la colaboración prestada para el desarrollo de esta investigación.

 

 
 
Ley No. 36: normativas de la comercialización, porte y tenencia de armas de fuego

 

 

La Secretaría de Estado de Interior y Policía es el organismo encargado de manejar la circulación o comercialización, porte y tenencia de armas de fuego en el país. El 17 de octubre del 1965, en República Dominicana se promulga la Ley No. 36 que regula lo relacionado con las armas de fuego. En septiembre del 2004 se le introdujo algunas modificaciones. Se define como arma de fuego a todo tipo de artefacto (fusil, rifle, carabina, escopeta, revólver, pistola, etc.) con la que se puede disparar balas mortíferas o proyectiles de pólvora u otro explosivo. Dicha ley prohíbe la fabricación, la comercialización y la posesión de armas de fuego sin la debida autorización correspondiente.

 

Actualmente la ley concede permiso legal o autorización para el uso de un arma de fuego a los funcionarios del nivel superior (presidente y vicepresidente) y para otros miembros ejecutivos del Estado o del aparato de seguridad; también a empleados públicos administrativos, judiciales o municipales autorizados. Por otro lado, se concede autorización en general a toda aquella persona que "justifique la necesidad de tenerla para su defensa personal", siempre y cuando cumpla con los requisitos legales necesarios.

 

Esta ley excluye del derecho de portar armas de fuego a menores de 18 años, a los enfermos mentales, los afectados por drogas y alcohol, así como a los condenados por delitos y sometidos a la acción de la justicia.

 

Los requisitos para solicitar autorización de porte y tenencia de un arma de fuego son: el pago de los impuestos correspondientes; el someterse a un examen médico (prueba antidoping) y a una "evaluación de salud mental" (psicológica o psiquiátrica); el pago de una póliza de seguro; una certificación de participación del solicitante tanto en un taller teórico del manejo del arma, como en prácticas en un polígono de tiros.

 

En la Cámara de Diputados reposa un anteproyecto en espera de reintroducir otras modificaciones a esta ley. Los principales cambios a introducir serían:

 

1. La creación de la Dirección General de Control de Armas, adscrita a la Secretaría de Estado de Interior y Policía en coordinación con las Fuerzas Armadas.

2. Creación de la infraestructura oficial (que en parte existió y fue abolida en el año 2005) como los departamentos de salud física y mental, jurídico, de control de armas y de expedición de licencias para el porte y tenencia de armas.

3. Establecer una diferenciación clara entre porte (autorización para transportarla) y tenencia de armas de fuego (autorización para poseerla y no portarla).

4. Ampliar las categorías de los tipos de licencias para los polígonos de tiro, para las empresas de seguridad y los coleccionistas.

5. Aumentar la edad mínima a 21 años.

6. Obligar a anexar tres declaraciones juradas de personas no familiares que atestigüen la buena "reputación" del posible solicitante. Además, el aumento del impuesto fiscal, y nuevas normas de control para empresas comerciales y de seguridad privadas.

7. Plantear la creación de la comisión especial de destrucción de armas de fuego para armas confiscadas.

8. Aumentar la penalidad por infracción a la Ley 36 con multas de pago y prisión, incluyendo por la exhibición desaprensiva en público del arma de fuego; los tiros al aire; el tráfico ilícito de armas.

9. Finalmente, introducir algunas regulaciones respecto a las armas blancas o punzantes.

 

 

Cifras de porte y tenencia de armas de fuego

 

 

En marzo del 2003, el entonces Secretario de Estado de Interior y Policía, Dr. Pedro Franco Badía declaró ante el periódico El Caribe que dicha institución tenía registrada 260,000 armas autorizadas en el ámbito nacional. Más recientemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa sostuvo que en nuestro país los civiles poseen más armas de fuego que los policías y militares, situación que calificó de preocupante, vinculándolo con los frecuentes casos de personas heridas por balas perdidas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. (Citado por Pesqueira, D, 2005).

 

Según registros oficiales, la Secretaría de Estado de Interior y Policía otorgó 178,193 autorizaciones de porte y tenencia de armas de fuego durante el período de septiembre del 2003 a junio del 2005; se efectuaron un total de 189,933 trámites, pudiendo una misma persona poseer más de un arma de fuego. El 93.4% de esas autorizaciones fueron privadas y el restante 6.5% oficiales.

 

 

 

Tabla 1 - Cantidad de licencias otorgadas por la Secretaría de Estado de Interior y Policía de septiembre del 2003 a junio del 2005 según el destinatario.

 

Fuente: Datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía

 

 

 

Tal como se observa en la tabla No. 1 y el gráfico No. 1, en los últimos cuatro meses del año 2003 se emitieron 22,644 licencias de porte y tenencia de armas de fuego, cifra alta en comparación con las que se ofrecieron para el año completo del 1999 que fue de 10,410. En el 2004 se otorgaron unas 96,847 autorizaciones y en los seis primeros meses del 2005 se concedió un total de 58,702 licencias, distribuidas entre el sector privado y el oficial.

 

 

 

Gráfico No. 1 - Cantidad de licencias otorgadas de septiembre del 2003 a junio del 2005 según el destinatario.

 

 

 

 

De esas autorizaciones expedidas en 668 días, 119,938 fueron licencias de renovación (67%) y 45,359 licencias nuevas (25%), o sea, otorgadas por primera vez. El promedio diario de licencias emitidas en dicho período fue de 68 para las licencias nuevas, y de 179 para renovaciones, cifras que indican la magnitud del problema, la proliferación de este fenómeno, sin contar con el número de armas ilegales que se estima también de bastante alto.

 

 

 

 

Tabla 2 - Cantidad de autorizaciones de armas de fuego por año según el trámite realizado.

 

 

Fuente: Datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía.
*: De septiembre a diciembre (4 meses). *: De enero a junio (6 meses)

 

 

 

Las autorizaciones más demandadas lo constituyen las armas livianas, entre ellas, las pistolas (71.5%), las escopetas (14.2%) y los revólveres (13.9%).

 

 

 

 

Tabla 3 - Cantidad de licencias emitidas por tipos de armas.

 

 

Fuente: Datos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía

 

Son muchas las causas por la que se demandan armas de fuego. En sociedades desprotegidas como la nuestra, el crecimiento de la criminalidad genera un clima de inseguridad en los ciudadanos; esto es asociado, también, con la gran desconfianza existente en los organismos de protección público nacional (policial y judicial); igualmente, con la impunidad y corrupción imperante que estimula a la búsqueda de autoprotección y de protección privada, sobre todo a través de la adquisición de un arma de fuego como mecanismo de defensa (Brea y Domínguez, 2005). A esto se agrega la errada percepción de poder que se adquiere mediante la posesión de un arma de fuego, principalmente en una sociedad con trascendencia de un autoritarismo muy arraigado, y con valores basados en el temor. En ese sentido Bordenave, S. y Davis, D. (2004) se refieren a la vulnerabilidad de la juventud, quienes ven las armas de fuego como una "fuente de poder y prestigio". En sociedades abiertas y también en sociedades militarizadas se asocia la posesión de las armas de fuego con más estatus, dinero y seguridad. Por otro lado, los grupos de mayor poder económico al sentirse amenazados crean su propio cuerpo de seguridad privada para protegerse, lo que incrementa también la demanda de armas. Cabe señalar, que en nuestro país en el 2005 se incrementó las licencias de porte y tenencia empresarial.

 

 

Debate internacional en torno a las "armas de fuego y la violencia"

 

 

Existen dos posiciones contrapuestas en la literatura internacional respecto al vínculo entre armas de fuego y violencia: La primera sostiene que contrario a lo que podría esperarse, en algunas regiones de los Estados Unidos, el incremento en la tenencia de armas de fuego va acompañado de una reducción de la violencia homicida, y esto es explicado por una supuesta inhibición en los delincuentes para cometer crímenes ante la posibilidad de que su víctima potencial pueda tener un arma. Basados en experiencias de este tipo, los partidarios de esas concepciones pregonan la liberalización del porte de armas de fuego (Lott y Mustard, 1997). Otros, en cambio, sugieren lo contrario, y basados en otras experiencias muestran la existencia de un elevado índice de violencia y de criminalidad asociado a la presencia de una mayor disponibilidad de armas de fuego. En el caso dominicano, los datos empíricos parecen justificar ampliamente los últimos argumentos.

 

Cabe señalar, que los autores del presente trabajo consideran a las armas de fuego como uno de los factores catalizadores más relevantes del alto nivel de violencia en República Dominicana.

 

 

Armas de fuego y violencia en América Latina y el Caribe

 

 

Sobre la violencia se ha escrito mucho en los últimos años. Se admite en amplios círculos de estudio sobre el tema que es un fenómeno de gran complejidad y de carácter multidimensional, puesto que se presenta en diferentes manifestaciones de la vida social, además, es multifactorial, es el producto de una conjunción de factores de riesgo, cuyos componentes biológicos, psicológicos y culturales se dan ligados a condiciones socioeconómicas y medioambientales específicas en un contexto determinado. Actúan en la misma los factores cíclicos y los coyunturales o catalizadores que, incluso, siguen actuando aun cuando determinadas condiciones estructurales económicas y sociales parezcan mejorar. Por ejemplo, el fenómeno de la "inercia criminal" que pudimos demostrar en anteriores investigaciones (Cabral y Brea, 2002).

 

Aunque el origen de la violencia es multifactorial, sin embargo, el fácil acceso a las armas de fuego es un fuerte factor catalizador, demostrable en la región latinoamericana en aquellos países con niveles altos de criminalidad. La proliferación de las armas de fuego junto a factores estructurales, cíclicos y coyunturales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, las crisis económicas, la exclusión social, las grandes expectativas en la población urbana, la inversión de valores éticos, la corrupción, la impunidad a todos los niveles, la venta y el consumo masivo de drogas y alcohol y la influencia de patrones culturales violentos contribuyen a hacer aún más complejo y preocupante el clima de inseguridad ciudadana hoy predominante en un número cada vez mayor de países de Latinoamérica.

 

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor nivel de violencia después de África del Sur del Sahara. Es evidente que en esta región, la frustración causada por la pobreza, desigualdad y marginalidad y que excluye a grandes segmentos de la población del disfrute de los bienes (imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas a través de los medios legítimos) son un caldo de cultivo importante para desencadenar agresividad, revueltas o levantamientos sociales. La explicación teórica de dicho comportamiento bien podríamos encontrarla en los postulados basados en la Teoría de la Frustración-Agresión propuesta por Dollard, Miller y asociados (1939), y que señala cómo la frustración podría generar violencia. Otros enfoques psicológicos analizan a la agresión como formas y modelos conductuales adquiridos en el medio social a través de procesos simples o complejos de un aprendizaje social. (Skinner, 1969; Bandura, 1973; Berkowitz, 1996).

 

Algunos países de Latinoamérica y el Caribe son altamente vulnerables para la producción de violencia. Estudios comparativos realizados durante finales de la década de los noventa en relación a la tasa de homicidio muestran que aquellos países latinoamericanos con menores poblaciones viviendo en los umbrales de pobreza, con mayores ingresos per cápita, y los que gozan de una mejor distribución de sus ingresos poseen tasas más bajas de homicidios, entre ellos: Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina; por el contrario, los que poseen mayor desigualdad social y condiciones socio-económicas más desfavorables, como Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, entre otros más, tienen índices de delincuencia más elevados. Precisamente, estos últimos se caracterizan por tener un gran arsenal de armas en manos de la población civil luego de atravesar por conflictos armados, hecho que certifica la estrecha relación entre una realidad socioeconómica determinada, la disponibilidad de armas de fuego y el crecimiento de la violencia armada. (Cabral & Brea, 1999; Cabral & Brea, 2001, Cabral & Brea, 2003).

 

En los últimos años en el Caribe se ha incrementado la violencia y los crímenes con armas de fuego. Por ejemplo, en Jamaica aumentan los crímenes callejeros, la violencia de pandillas y el crimen organizado, y se centran en los vecindarios urbanos más pobres. Santa Lucia y Trinidad son ejemplos adicionales del aumento de crímenes con armas de fuego y otras formas de violencia, estando a menudo implicados en ello, jóvenes con bajo nivel de educación o desertores escolares. La situación es explicada por los cambios económicos que se han producido, el aumento de la presencia de armas de fuego y el incremento del tráfico y consumo de drogas (Bordenave, S; Davis, D, 2004).

 

La mayoría de los homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego. El análisis estadístico de los crímenes del 1995 al 2000 muestra que el 80% de éstos fueron de "criminalidad armada", presentándose un aumento en los últimos tres años, alcanzando 82,5% en el año 2000. La violencia en Colombia está relacionada con las organizaciones criminales, el narcotráfico y el ajuste de cuentas. (Informe del Ministerio de Defensa Nacional, 2001).

 

Investigaciones avaladas por el PNUD en el 2003 efectuados en El Salvador señalan que la mayor parte de los crímenes son cometidos con armas de fuego, hecho que ha venido en aumento. En la primera mitad de la década pasada la proporción de asesinatos con armas de fuego era de 55%, cinco años después subió al 75% según datos de la Policía Nacional Civil, recogidos en el Informe del PNUD, razón por lo se ha destinado en ese país, grandes esfuerzos para controlar la circulación de las armas de fuego.

 

Según un estudio del Programa de Estado de la Nación realizado en Costa Rica, durante el periodo 1983-1985, los homicidios cometidos con armas de fuego representaron el 48.87% de la totalidad; en 1995-1997 el porcentaje se elevó a 53.99%, observándose una tendencia a crecer tanto de los homicidios, como los cometidos con armas de fuego (Loría Ramírez, M.A, 2000).

 

Otros estudios reportados en países como Estados Unidos y Nicaragua relacionan la tenencia y el control de las armas de fuego con la frecuencia y peligrosidad de los delitos y hasta con una elevada tasa de suicidio (Brent, Perper et al, 1991; Kleck G, 1991; Cuadra E, 2000).

 

 

Homicidios y armas de fuego en República Dominicana

 

 

Al analizar el número de homicidios producidos en los últimos 6 años en República Dominicana, según las estadísticas de la Policía Nacional, se puede observar un aumento de su frecuencia.

 

La tabla No. 4 y la figura No. 2 muestran que en los últimos 6 años se registraron 10,103 homicidios, es decir, un promedio de cerca de 5 homicidios por día (4.6), cuyas víctimas, son principalmente personas del sexo masculino (91%) y el restante 9% femenino.

 

 

 

Tabla 4 - Frecuencia de homicidios en los años 2000-2005 * y sexo de las víctimas.

 

 

Fuente: Tabla propia elaborada en base a datos recientes y revisados de la PN. *: Valores estimados para el año 2005 con base en el cálculo de los homicidios cometidos de enero a septiembre del mismo año.

 

 

El siguiente gráfico de línea muestra claramente el aumento de la frecuencia de homicidios en la República Dominicana durante el período del 2000-2005.

 

 

 

 

Gráfico 2 - Número de homicidios del 2000 al 2005 * y sexo de las víctimas.

 

 

 

 

 

 

Si consideramos a la tasa de homicidio (número de homicidios por cada 100,000 habitantes) como indicador cuantitativo de violencia de un país, nos percatamos del aumento creciente que ha experimentado en ese aspecto la República Dominicana, ya que la tasa de homicidio del año 2000 al 2005 se incrementó de 13 a 27, tal y como se puede apreciar en la tabla No. 5 y el gráfico No. 3.

 

 

 

Tabla 5 - Tasas de homicidio en los años 2000-2005 en República Dominicana.

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de población ofrecidos por el Banco Central y los datos de homicidio de la Policía Nacional.

*: Estimación poblacional de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) **: Estimación calculada para el año 2005 en base a datos de homicidios de los 9 primeros meses del año.

Gráfico 3 - Evolución de las Tasas de Homicidio del 2000-2005** en República Dominicana.

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan las formas de ejecución de los homicidios durante los últimos años, lo que muestra la prevalencia del uso de las armas de fuego.

 

 

 

Formas de ejecución de los homicidios durante el 2000-2005

 

 

En la tabla No.6 y el gráfico No. 4 se observa que se cometieron 5,120 homicidios con armas de fuego desde enero del 2000 hasta septiembre del 2005, que equivalen al 58% de todos los homicidios reportados para ese período, un promedio diario de 2 homicidios utilizando armas de fuego. El 32% de la totalidad de los homicidios fue ejecutado con armas blancas; un 8% con golpes contundentes y 2% de otras maneras.

 

 

 

Tabla 6 - Frecuencia de homicidios según la forma de comisión por años en República Dominicana.

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recientes y revisados de la Policía Nacional *: Sólo se incluyen datos de los meses de enero a septiembre de 2005 (273 días).

Nota: La sumatoria de todas las categorías no coincide con el total de homicidios cometidos, porque un arma puede ser usada para la comisión de varios homicidios y un homicidio ejecutado de diversas maneras al mismo tiempo.

Gráfico 4 - Número de homicidios según su comisión del 2000-2005 *en República Dominicana.