Tres fases descriptivas en torno a la sustentabilidad

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Fecha publicación: 05/febrero/2009

 

El Estado igualitario en regímenes autoritarios y tiránicos, concentró el poder político, económico y social a través de instituciones sanitarias, educativas y laborales.


La racionalidad orientada al progreso, en América Latina se ha manifestado en cinco modalidades de política económica; estabilizadora, conciliadora, ortodoxa, heterodoxa y neoliberal determinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Los supuestos teóricos del monetarismo y el intervencionismo son los principales argumentos de la política económica en América Latina (Huerta, 2005). Los monetaristas plantean que el libre juego de las fuerzas del mercado establece una economía próxima al pleno empleo y, por consiguiente, la intervención del Estado se debe reducir a lo mínimo posible: en esencia, a controlar estrictamente la cantidad de dinero. Es decir, las economías tienden a largo plazo hacia el pleno empleo de los recursos productivos y el gasto público debe limitarse en lo posible para equilibrar el presupuesto público anualmente. En contraste, los Intervencionistas sostienen que el Estado mediante una política fiscal debe estabilizar la economía, ante una recesión motivada por una demanda agregada de forma insuficiente. El sector público debe intervenir manipulando los gastos y los impuestos. Por lo tanto, el presupuesto se debe equilibrar cíclicamente.

En este sentido, la política económica estabilizadora ha sido definida como la interpretación del desarrollo (apertura al comercio exterior, valuación adecuada de la moneda, incentivos al ahorro interno, estimulación de la inversión extranjera y compensación de la balanza de pagos) a partir de programas e instrumentos de estabilidad fundamentados por la teoría monetarista y la practica tecnócrata que favorecen un oligopolio en el financiamiento, producción y comercialización.

Dichos programas, son a nivel:

Monetario. Plantea el proceso inflacionario como el efecto de una demanda neutralizada mediante restricciones monetarias, emisión y circulación mínima de dinero, regulación del crédito, eliminación de déficit fiscal, supresión de subvenciones, eliminación de déficit paraestatal y ajuste de los salarios en función de la productividad.

Comercial externo. Implica al Banco Central como corrector de desniveles entre precios nacionales e internacionales, control de la inflación y desajustes en la balanza de pagos (diferencial entre importaciones y exportaciones) mediante un tipo de cambio fijo o fluctuante.

Social. Se considera como ineludible y transitoria la sobreexplotación de los recursos naturales, el límite al empleo, la insuficiencia de oferta y el alza de precios.


Estos programas incluyen seis instrumentos.

1. Reservas internacionales sanas en un mercado de capitales que respaldan la inversión productiva.

2. Devaluación de la moneda para ajustar la balanza comercial (la demanda de las importaciones en función de los niveles de exportación y la variación de divisas) e incentivos al consumo y ahorro interno.

3. Un sistema bancario eficiente en el control de crédito y la cantidad de los medios de pago, control inflacionario y adecuada oferta monetaria.

4. Subsidios, exoneraciones fiscales y crédito con bajos intereses al sector manufacturero para incentivar la exportación y la competitividad.

5. Ajustes salariales periódicos en referencia al aumento de los productos y servicios.

6. Reformas tributarias simples y de rápido rendimiento para vender las paraestatales y algunos elementos de la seguridad social, reducir el gasto público, la inversión y subsidios, así como el aumento de tarifas por servicios públicos para abatir el déficit fiscal al nivel de gobierno central y local.


Por su parte, la política económica conciliadora auspiciada por la CEPAL ha sido definida como el ejercicio pragmático del poder para contrarrestar el proceso inflacionario en el corto, mediano y largo plazo, el cual es causado por:

1. El predominio de una población rural y producción de productos agrícolas.

2. El bajo nivel de ingreso per cápita.

3. La inadecuada transferencia del diseño, financiamiento y aplicación de programas macroeconómicos en y para los países económica, tecnológica, técnica y profesionalmente desarrollados.

4. El proteccionismo, incompetencia, estancamiento y monopolización en la producción que limitan las exportaciones y desequilibran la balanza comercial.

5. Los esquemas de integración económica entre países con diferencias en salarios, desempleo, deuda externa y reformas agrarias, laborales, fiscales y tributarias.

Durante las décadas de los cuarenta, hasta los sesenta, ambas modalidades estuvieron en discordancia, la producción agrícola disminuyó, la industria se estancó y hubo escasa exportación manufacturera y la balanza de pagos se desequilibró. Debido a que se financió el fracaso de la industrialización del mercado interno con deuda externa, su amortización propició un nuevo endeudamiento. En consecuencia, América Latina no sólo se endeudó sino, además, obstaculizó su integración regional.

Finalmente, tanto la política económica ortodoxa como la heterodoxa se definen  y fundamentan a partir de la inflación inercial (hiperinflación).

En la primera modalidad, la hiperinflación se genera por un desequilibrio fiscal (se gasta más de lo que se recauda) y plantea su abatimiento mediante la apertura a la inversión extranjera y la liberación del sector financiero a partir de un reajuste en la estructura y finanzas públicas.

En la segunda modalidad, se plantean dos tipos de mercados: fijo y fluctuante. En el primero, el Estado controla el tipo de cambio, el incremento salarial y el aumento de productos agrícolas. En el segundo, deja fluctuar a la alza los productos no agrícolas. Sin embargo, la descoordinación del Estado en el mercado fijo y los sectores productivos en el segundo, propiciaron más hiperinflación.  

América Latina ha resultado afectada directa, negativa y significativamente por este proceso de centralización y desvalorización, el cual se ve reflejado en la incesante desvalorización de la moneda, bajos precios internacionales de las materias primas, supeditación en el funcionamiento de los sistemas financieros nacionales, descapitalización y desequilibrios intersectoriales.

En tal sentido, la política económica ha oscilado entre la prevención, evitación y auspicio de la estabilidad de precios y el crecimiento económico, la conservación de una estructura económica, política y social mediante el ejercicio, regulación y control del poder, así como la comprensión y explicación de los determinantes sociales. La política económica se ha planteado como centro y mecanismo de decisión para destinatarios sociales con objetivos determinados.


En consecuencia, las modalidades de políticas económicas develan que los Estados latinoamericanos adquieren formas, tales como:

Absolutos. Representación autónoma abstracta y general de la sociedad, sus procesos económicos y valores.

Autónomos mínimos. Representación de intereses concretos y una imagen mínima de libertad en el ejercicio del poder.

Autónomos relativos. Representación indirecta de los intereses particulares, conciliación e intervención en disputas a favor de un sector financiero energético.

De esta forma, se han consolidado tres tipos de Estados a través de la historia: equilibrio estable con autonomía plena, equilibrio inestable con autonomía relativa y autonomía mínima con desequilibrio permanente.

El desequilibrio, entre la igualdad y la libertad puede revertirse a partir de sus consecuencias concentradas en la solidaridad y la competencia. Esto sugiere excluir a la burocracia estatal, permitir la auto gestión comunitaria y el desarrollo de un auto sistema educativo.

Precisamente, es en las democracias gobernadas por la representación de voluntades mayoritarias y minorías proporcionales más que por oligarquías, dictaduras o tiranías, donde ambos planteamientos liberales son pertinentes. Sin embargo, esta estructura liberal democrática fue incompatible tanto para el crecimiento individual como para el desarrollo comunitario.


Disolución del problema


Tres factores humanos impidieron el desarrollo de la justicia social: los sentimientos de comunidad, el pensamiento políticamente correcto y la intención de contacto. El primer aspecto se refiere al

"Pensamiento que no amenaza o que fortalece la realización de los proyectos dominantes… coincide con el pensar hacer de los poderosos y con las mediaciones de sus intereses, de sus objetivos de su perpetuación de sus necesidades, de sus ofrecimientos y logros actuales y contradicción vitales. Así como en el uso disciplinado de sus paradigmas, de sus textos, de sus lenguajes… declara que el sistema es inhumano y que cualquier sistema alternativo será necesariamente inhumano... sistema es inhumano y que cualquier sistema alternativo será necesariamente inhumano" (González, 2004: 188).


Por su parte la intención de contacto alude a  una

"Nueva expresión del sentimiento negativo hacia los miembros de otros exogrupos que no se traduce en odio ni en hostilidad manifiesta, sino en incomodidad, inseguridad, disgusto y a veces miedo…Estos sentimientos tienden a provocar evitación del contacto más que conductas agresivas. Con estas manifestaciones más sutiles, su expresión negativa pasa desapercibida hasta para la propia persona, no dañando así su auto imagen igualitaria y democrática socialmente valorada" (Angosto y Martínez, 2004: 182).


La igualdad no pudo promoverse en un sistema que impide la solidaridad. Por su parte, la libertad fue copiada por el pensamiento que se mostró escéptico del programa liberal. El pensamiento políticamente correcto cuestionó el fundamento del estado mínimo: la eficiencia protectora y la consecuente credibilidad del Estado. La seguridad social que proporcionó el Estado liberal fue representada como innecesaria al ser el menos injusto.

En tal sentido, la relación entre las actuales y las futuras generaciones implica intereses más divergentes que convergentes. Ambas son esenciales tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo sustentable de la humanidad. A partir de las situaciones derivadas por el cambio climático, se ha planteado un sistema de desarrollo equilibrado entre lo que en la naturaleza se encuentra disponible para el consumo humano y lo que la humanidad está dispuesta a consumir. Es en este sentido que la alianza entre las generaciones actuales y futuras es indispensable para vislumbrar nuevas formas de desarrollo: Valores, creencias, actitudes, motivos, habilidades, conocimientos, intenciones, creatividad y comportamientos. Igualmente, deben plantearse nuevas formas de crecimiento: Investigación, explotación, transformación, distribución, venta, promoción y consumo de productos y servicios.

El Desarrollo Sustentable implica la convergencia de los intereses de las actuales y las futuras generaciones para la exploración, descripción, explicación y predicción de un nuevo sistema competitivo y en equilibrio con la disponibilidad de los recursos naturales.

Antes bien, las incompatibilidades entre el desarrollo sustentable, el Estado liberal democrático, la justicia social (equilibrio entre libertades e igualdades), los sentimientos de comunidad, el pensamiento políticamente correcto y la intención de contacto develan una problemática de estudio exclusiva de la filosofía política que se podrá extender a las ciencias sociales.

La justicia social como indicador de un desarrollo sustentable y un Estado liberal demanda la aportación de áreas especializadas de las ciencias sociales tales como la sociología política, la psicología ambiental, el urbanismo, el derecho ambiental, la economía de la sustentabilidad, la mercadotecnia social y la pedagogía comunitaria. Estas interdisciplinas describirían, explicarían y propondrían, junto con la ciencia política y la psicología social, una nueva forma de Estado que desarrolle los fundamentos de la justicia social planteados por la filosofía política.

La justicia social fue debidamente explicada por la filosofía política. Sin embargo, las propuestas de John Rawls necesariamente deberán desarrollarse desde interdisciplinas para lograr la reflexividad humana, la solidaridad comunitaria, la moralidad del Estado y el desarrollo sustentable.

Por lo tanto, la sustentabilidad implica la construcción de una racionalidad, igualdad e inclusión social. En tal sentido, la racionalidad estructura individuos con una propensión a la competencia. La igualdad, estructura, grupos con una propensión a la solidaridad y la inclusión estructura sociedades con una propensión a la equidad. Estos serían los elementos esenciales para el desarrollo sustentable de la humanidad.

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