La violencia en República Dominicana: naturaleza, evolución reciente y perspectivas de control

a. La reforma y profesionalización de la Policía Nacional (capacitación y equpamiento).         

b. La presencia Estatal en los barrios con el mejoramiento de los servicios públicos, en la que se involucraron las principales Secretarias de Estado y otras dependencias, como son: la Secretaría de Salud Pública, de Trabajo, de la Juventud, de Educación, de Cultura, de Obras Públicas, la Lotería Nacional, el Ayuntamiento del Distrito, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Técnico Profesional, Telecomunicaciones, entre otros.

c. El fortalecimiento local de las organizaciones comunitarias.

d. El estrechamiento de la relación sociedad-gobierno.

Además, como parte del plan de Seguridad Democrática se aplicaron algunas medidas importantes, entre ellas, la regulación del horario de ventas de bebidas alcohólicas, la prohibición para la importación de armas de fuego y el patrullaje mixto policíaco-militar.

 
Es importante destacar el impacto que causó dicho programa y las expectativas que creó en la población, puesto que fue diseñado de manera integral con pretensiones de atacar los factores de riesgo de la delincuencia y disminuir la percepción de inseguridad en los ciudadanos, siendo una de sus metas modificar y recuperar la confianza perdida en las autoridades encargadas de velar por el orden público, muy especialmente la Policía Nacional, institución bastante desacreditada en todos los niveles sociales. El programa Barrio Seguro se diseñó tras realizarse un diagnóstico de la violencia de nuestros barrios depauperados y ante el comportamiento aterrador y el perfil del nuevo delincuente, un joven más despiadado proveniente de sectores socialmente excluidos.

Sin lugar a dudas, hubo gran esfuerzo por mejorar la capacitación y el equipamiento policial, mejorar los servicios públicos mediante una intervención integral, multisectorial  en los barrios marginados. Junto a todas esas acciones, el aumento de la vigilancia policial y militar, contribuyeron positivamente, logrando descender por más de un año los niveles de criminalidad de los barrios inseguros.


Evaluaciones realizadas por el mismo sector oficial al programa Barrios Seguros, destacan sin embargo, tres debilidades:

a. La incapacidad de las instituciones del Estado para dar respuesta de manera permanente y creciente a las múltiples causas sociales y económicas de la violencia y de la marginalidad.

b. La imposibilidad de la Policía, por falta de recursos humanos y materiales, de expandirse en  su tarea de prevención.

c. Las limitaciones de las organizaciones barriales para poder integrarse a la prevención.

Por otro lado, el Centro de Estudios Padre Juan Montalvo realizó una evaluación a Barrios Seguros mediante una encuesta a moradores en el mes de septiembre del 2007, la cual arrojó los siguientes resultados: La percepción de seguridad en los barrios cambió favorablemente en un 91%; el 82% de los encuestados sentía seguridad al transitar luego de establecerse el Programa Barrio Seguro, no obstante, cerca del 75% refirió no percibir el mejoramiento de los servicios básicos, y un 95% tampoco se percató de la creación de centros tecnológicos, ni la readecuación de los centros educativos en el sector, tal como puede apreciarse en los gráficos 8 y 9.
 
Hay indicios de que la violencia estuvo más controlada en los Barrios Seguros, pero desafortunadamente logró desplazarse hacia otros sectores, antes considerados como relativamente seguros.

Pudo verificarse una especie de congelamiento de los recursos reales, por lo que habría que preguntarse si se pensó desde el principio en proveer un presupuesto creciente cada año para sustentar a las instituciones involucradas y poder mantener y ampliar los programas de intervención.

Gradualmente la violencia volvió a recuperar su espacio y hoy en medio de una situación económica que se ha deteriorado, empieza a crecer firme y sostenidamente. De nuevo la inconsistencia en la aplicación de las políticas públicas y el carácter pro cíclico de las mismas ceden ante los factores prohijadores de violencia.

Gráfico No. 8 - Evaluación de la seguridad en los Barrios Seguros
 

Gráfico No. 9 - Percepción de acciones en los Barrios Seguros

A casi tres años de haberse puesto en marcha Barrios Seguros, hoy se hace necesario reevaluarlo y adecuarlo a las nuevas condiciones. Se debe trabajar con aquellos puntos más débiles, entre ellos, de manera central, en la participación y el involucramiento de la comunidad, de manera tal, que sea capaz de reducir mínimamente la violencia en los diferentes estamentos de la sociedad, evitando así su desplazamiento hacia otros sectores y tratando de minimizar el impacto social  del deterioro de las condiciones económicas. 

Conclusiones

A grandes rasgos, podemos concluir que el alto índice de criminalidad en la República Dominicana está asociado a:

1. Procesos inadecuados de aprendizaje social, donde la familia, la escuela, el barrio, las organizaciones y el capital social en sentido amplio, juegan un importante rol en la socialización de las normas y patrones de comportamiento violento; así como también influyen los modelos enajenantes y nocivos que son transmitidos por los medios de comunicación social y que responden al interés particular y comercial privado.

2. Factores de orden socioeconómicos como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, frustraciones por la falta de oportunidades en los jóvenes, etc; también es muy relevante el tipo de vínculos que se establecen entre las políticas sociales y los ciclos económicos.

3. El auge del tráfico y consumo de drogas, que ha sabido permear la sociedad.

4. La alta disponibilidad de armas de fuego como un mecanismo defensivo de la población ante la desconfianza y debilidad de las instituciones de control delictivo.

5. Los hallazgos encontrados, después de analizar la evolución del delito en los últimos tres años, dan testimonio de que la violencia delictiva supera en magnitud a la violencia no delictiva, no obstante demostrarse que los modelos violentos autoritarios y "machistas" predominan en nuestra cultura frente a otras formas civilizadas de proceder ante los conflictos y desavenencias.

6. En un primer momento el Plan de Seguridad Democrática y el programa Barrios Seguros impactaron positivamente a la población, ya que junto a otros factores favorables que se dieron en el momento, logró reducir momentáneamente los niveles de violencia de manera considerable, pero es importante en el futuro, mantener el flujo de recursos necesarios y  reorientar las políticas de coordinación interinstitucional, a fin de integrar nuevos elementos de carácter más participativos y preventivos, comprometiendo la comunidad en el proceso, para que se pueda poner bajo control las nuevas expresiones de la violencia delictiva y social en nuestro país.

Recomendaciones

1. Mejorar el registro estadístico del crimen, los sistemas de vigilancia y monitoreo continuo; los diagnósticos participativos y las investigaciones con capacidad de análisis local de los factores de riesgo; contar con el mapeo delincuencial, que permita evaluar y diseñar las políticas más adecuadas a ser implementadas desde las localidades y en sentido general. Se debe crear y contar con un fondo económico de la cooperación de organismos internacionales para esos fines.

2. Orquestar campañas educativas, involucrando a los medios de comunicación en el proceso de educación para la paz y la regulación más estricta de la proyección de modelos no pacíficos, que no promueven la convivencia social. Fomentar desde las escuelas los valores éticos, de solidaridad, de participación social y valores culturales autóctonos, tendentes a crear un nuevo concepto de ciudadanía y responsabilidad social, y entre otros aspectos, tratar de mejorar en la población la confianza en las instituciones, el capital social y humano en las localidades.

3. Trabajar y reforzar en el núcleo familiar modelos educativos y de socialización más adecuados.

4. Desvincular el gasto social de las fluctuaciones del ciclo económico, así como también el gasto en orden y justicia. Aún en periodos de  crisis es importante insistir en el diseño de políticas oportunas de empleo, sobre todo para la juventud como manera de impedir que caiga víctima de la violencia criminal. Bajo ningún concepto debe permitirse el gobierno reducir los recursos reales destinados a estas actividades. De la misma forma, hay que desarrollar formas creativas que permitan un mejor uso racional de estos recursos.

5. Controlar rigurosamente el tráfico de drogas y su diferenciación de los planes de tratamiento a los consumidores (este último como problema de salud). Mejorar en ese ámbito la lucha contra la impunidad y la corrupción.

6. Reducir las disponibilidades de obtención de armas de fuego, encaminado al desarme total de la población; fomentar un cambio de actitud para el porte y tenencia de armas.

7. Priorizar las acciones preventivas frente a las represivas; rechazar la política de mano dura como la panacea, ya que no ataca las raíces del problema de la violencia, y más bien favorecer la creación de oportunidades para la población juvenil y los sectores más vulnerables y excluidos (políticas de empleo, inversión en educación, salud, sana recreación, deportes, etc.)

8. Estimular, mediante el gobierno local, los procesos participativos en los ciudadanos y la toma de decisiones. Se ha comprobado en otros países  que cuando  estos procesos son dirigidos desde los ayuntamientos y cabildos regionales (empoderamiento comunitario)  se obtienen muy buenos resultados en el control de la delincuencia. Es menester mejorar los sentimientos de arraigo y pertenencia a la comunidad a partir de la consolidación de la identidad cultural local y la propia participación.

9. Fortalecer la justicia y el sistema penal, actuar contra la corrupción e impunidad en general; profundizar la reforma policial y los programas de las Fiscalías Barriales.

10. Mayor seguimiento y apoyo a los programas de recuperación de víctimas y de reinserción social de victimarios, a los programas especiales con adictos, con deportados, con presidiarios, etc.

11. Fortalecer el apoyo y los programas dirigidos a las familias vulnerables, a niños que deambulan en las calles, a jóvenes desertores, entre otros más.