La evaluación psicológica al conductor de vehículos de motor: una necesidad para la seguridad vial dominicana

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Conclusiones y recomendaciones



Las hipótesis, en su gran mayoría, fueron confirmadas en la dirección propuesta, a excepción de las variables edad, conocimiento de las reglas de tránsito y en lo referente a los factores vivenciales (tener un conocido o familiar muerto por accidente de tránsito y padecer colisión de tránsito) donde no se encontró la relación buscada.

La primera hipótesis que plantea una opinión favorable e importante para los tres grupos estudiados de la necesidad de evaluar psicológicamente a los conductores se pudo confirmar (más de un 90% así lo consideró), coincidiendo con los resultados de las investigaciones realizadas en Brasil por Lamounier y Rueda en el 2005. Al parecer, los menos susceptibles para considerar la relevancia de un diagnóstico psicológico como requisito indispensable para transitar por las vías públicas, son los propios conductores usuarios del volante, quienes asistían en el momento de la encuesta a la Dirección General de Tránsito Terrestre para obtener o renovar su permiso de conducir, y catalogaron la evaluación psicológica (el 90% de ellos) como:  importante para: 1) evitar accidentes, 2) controlar mejor el tránsito y 3) necesario para la obtención de la primera licencia o renovar el permiso de conducir, versus el grupo de profesionales de la conducta y de autoridades del tránsito, que en un 97-100% lo consideraro importante en todos los renglones. Las causas que pudiesen explicar dichas diferencias intergrupales podrían ser atribuidas a las implicaciones que acarrearía para éstos la aplicación de dichas medidas y sus consecuencias (nuevas cargas impositivas, una mayor selectividad y demás complicaciones de un nuevo procedimiento).

Se encontró que los aspectos demográficos fueron determinantes para establecer diferencias intra grupales en cuanto a considerar como necesario e imprescindible la evaluación psicológica de los conductores, evidenciándose la relación planteada en la segunda hipótesis, de tal manera que la variable sexo (masculino-femenino), el nivel de escolaridad y el tener licencia anterior de conductor está relacionado con percibir como importante la evaluación psicológica. Cabe señalar, que el 65% de la muestra pertenece al sexo masculino y el 60% contaba un nivel de escolaridad superior o universitaria.

La edad no mostró ser un factor determinante de diferencias intra e intergrupales, no obstante, a que el 51 % de los entrevistados rondó entre los 26-40 años.

La tercera hipótesis fue comprobada con los resultados del presente estudio, en cuanto propone que la opinión favorable a la evaluación psicológica de los conductores guarda relación con las variables cognitivas, pero más específicamente con el conocimiento que se tiene del riesgo que implica estar frente a un volante, considerado así por el 57% de los encuestados, basado en una creencia generalizada (97%) de que "hay muchos locos y desaforados manejando en las calles", percepción construida con base en propias vivencias en el diario transitar por las vías públicas. En una investigación reciente realizada sobre armas de fuego, se había señalado la estrecha relación encontrada entre la percepción de riesgo y la búsqueda de una acción preventiva ante la inseguridad percibida, funcionando esto como un mecanismo que bien podría llamarse de subsistencia (Brea y Cabral, 2007). A la misma conclusión se arribó en otros estudios CCAP sobre el VIH/SIDA efectuados con jóvenes y adultos y que fuera señalado por Brea y De Moya (1986) y De Moya & Brea (1986) en cuanto al esquema conductual prevaleciente entre la acción preventiva e inseguridad percibida de los entrevistados.

Sin embargo, no se evidenció relación significativa entre importantizar el fenómeno de la evaluación psicológica a los conductores y el conocimiento que se tiene de las reglas de tránsito vigente, observándose que el 65% de la muestra dijo conocerla perfectamente y el 31% medianamente; tampoco se encontró relación importante con el conocimiento que poseían los encuestados (78%) respecto a la evaluación físico-mental que es requerido por la Ley de Tránsito 241, rechazándose en ese sentido la hipótesis propuesta del enlace entre lo cognitivo (conocimiento "teórico" de leyes, etc.) y lo preventivo. En cambio, como se explicaba anteriormente, en cuanto al "conocimiento del riesgo", que atañe directamente a la persona y a sus implicaciones por estar frente al volante, sí se encontró la relación buscada. Al parecer, un programa educativo no sólo debería abarcar la mejoría de los conocimientos teóricos y las reglas del juego en el tránsito vial sino, más bien, fomentar actitudes responsables basadas en la confianza y no en la zozobra de tener que protegerse contra la inseguridad.

Por otro lado, no se confirmó la hipótesis de la relación estrecha entre la opinión favorable a la necesidad de evaluar psicológicamente a los conductores y las vivencias de tránsito de los entrevistados, puesto que alrededor del 61% de los entrevistados conocía un muerto por colisión de tránsito y el 42% se había visto involucrado directamente en una colisión.

Otro aspecto que reportó los datos del estudio se refiere a la debilidad del sistema que ha operado en el tránsito terrestre dominicano por largas décadas, reflejando los mecanismos corruptos que han sido predominantes y de acciones irregulares que, por suerte, muchas de ellas han quedado ya sepultadas en un pasado reciente; en este aspecto el 66% de los encuestados consideró como "fácil" el procedimiento para obtener licencia de conducir y el 40% señaló tener algún conocido que obtuvo "ilegalmente" el permiso de conductor.

Podemos afirmar categóricamente que existe gran desconfianza y se evidencia una crisis de credibilidad ante la autoridad pública y su quehacer (cuarta hipótesis confirmada); no obstante, y paradójicamente, se contradice con el hecho de que se considere como "muy importante la participación del gobierno central" para el adecuado control de la seguridad vial; igualmente, sugieren los entrevistados, que se apresen y castiguen los conductores violadores de la ley, exigiendo una mayor presencia policial y de la autoridad metropolitana en las vías de tránsito, posiciones que comparte, al unísono, casi la totalidad de sujetos del estudio. Iguales contradicciones fueron encontradas en el estudio de armas de fuego e inseguridad percibida realizado por Brea y Cabral (2006), reportado en 2007, en relación con las creencias, actitudes y percepción frente a las autoridades gubernamentales, fundamentalmente respecto al cuerpo del orden responsable de la seguridad ciudadana.
 
Con relación a otros objetivos planteados en el estudio, la panorámica estadística que se ha mostrado revela que existen razones más que suficientes y que justifica que el profesional de la psicología deba inmiscuirse profundamente en la problemática del tránsito y seguridad vial con una visión preventiva, en primer lugar, no sólo por el alto costo económico que directa e indirectamente genera para la sociedad el gran número de muertes y lesiones fatales por colisiones de tránsito sino que, además, subyace una secuela de trastornos  psicoemotivos y conductuales como producto de la pérdida de vida de los seres queridos y/o las lesiones físicas o mentales que disminuyen las facultades personales, y que agravan el problema social y desigualdades existentes. Es apremiante asumir la educación vial como un tema de estudio y cambio de actitud a partir del nivel básico escolar, lo que fue concebido muy acertadamente por todos los grupos entrevistados.

Los mal llamados "accidentes de tránsito", hoy reconocidos como "colisiones" son, sin temor a equivocarnos, una forma de violencia que aqueja a nuestra sociedad contemporánea. El riesgo de morir o sufrir lesiones por esta condición es una forma violenta de vivir la cotidianeidad que generamos y asumimos como algo natural o como un designio de lo imperativamente impuesto. Y es aquí donde se inserta el punto, tal vez neurálgico, al cual debe prestársele mayor atención.

Finalmente, confiamos en que los resultados del presente estudio contribuyan a motivar a las autoridades gubernamentales y de tránsito en el país, y a sectores que diseñan y ejecutan las políticas correspondientes, a fin de que reconozcan la magnitud, gravedad y relevancia del asunto en cuestión, que se estimulen a asumir una estrategia preventiva más enérgica, encaminada a elaborar proyectos acorde con la Ley de Tránsito moderna y avanzada, sobre todo en lo referente a la evaluación de las habilidades mentales y actitudes personales de los conductores de vehículos de motor, pues no hacerlo implicaría mucho menos complicación para el sistema imperante, pero a largo plazo resultaría más costoso ante el riesgo que realmente representa para la seguridad vial.

Sugerimos, además, como autores del presente estudio, que se destinen mayores recursos a la investigación del tránsito en diferentes áreas, donde los psicólogos, en un equipo multidisciplinario y como especialistas del comportamiento humano, se involucren y participen más ampliamente en la prevención de las colisiones, donde se reconozca no sólo el alto costo económico y social que está generando sino lo más preciado, las vidas de jóvenes y adultos que se pierden diariamente como consecuencia de éstas y la falta de una previsión adecuada del 90% de ese "error humano" responsable.

Creemos firmemente que este triste panorama podría ser modificado poniendo la psicología al servicio de la humanidad en la búsqueda de solución de los problemas sociales y elevando la calidad de vida de nuestros pobladores. El camino es difícil, pero hay que recorrerlo para avanzar.