El pensamiento sustentable

En esencia, el Estado liberal plantea como principal factor de crecimiento económico a la ventaja competitiva estructurada a partir de creencias y percepciones de libertad de elección, conocimientos y habilidades técnicos productivos. En contraste, la burocracia estatal inherente a la ausencia de competencia sería el principal obstáculo de la prosperidad social al restringir los derechos de crecimiento económico individual. Estas consecuencias pueden observarse en tres sectores; sanitarios, educativos y laborales.


En el sentido sanitario. Los resultados del programa liberal en el Reino Unido y los Estados Unidos implicaron el cobro de los servicios de salud o el subsidio a quienes pudieran costear una cuenta de seguro personalizada. El esquema de pensiones solidario característico del Estado social fue sustituido por el sistema de administradoras de fondos de retiro en cuentas individuales. La solidaridad característica entre las cuotas de trabajadores que consistía en pagar más si los ingresos eran mayores, fue desplazada por el esquema de cuotas personalizadas en las que los trabajadores aportaban según un parámetro mínimo.


En el sentido educativo. Las universidades públicas compitieron con las universidades privadas por el reclutamiento, selección, formación y titulación de estudiantes en áreas científico tecnológicas más que en las áreas sociales y humanidades. Se privilegió un pensamiento deliberado, planificado y sistemático en la solución de necesidades ante el pensamiento lateral, heurístico e improvizado. Este primer tipo de pensamiento impacto en el desarrollo tecnológico sin prever las consecuencias en el medio ambiente y con ello en las futuras generaciones. En contraste, el segundo tipo de pensamiento social humano que consistía en la contemplación de la naturaleza más que en su transformación, fue estigmatizado como globalifóbico y con ello se ocultaron los cuestionamientos al progreso humano y su correspondiente crecimiento económico.  

 
En el sentido laboral. Los sindicatos fueron los principales afectados en sus privilegios enunciados en los fondos de pensión colectiva sustituidos por fondos de retiro individuales. Los salarios bajos y la consecuente disminución del poder adquisitivo propiciados por las políticas publicas inflacionarias en detrimento del pleno empleo.

 

Precisamente, a continuación se exponen con más detalle las consecuencias sociales y económicas del pensamiento liberal en el Desarrollo Sustentable de América Latina.

En América Latina, la racionalidad orientada al progreso se ha manifestado en cinco modalidades de política económica, estabilizadora, conciliadora, ortodoxa, heterodoxa y neoliberal determinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (Fernández, Güemes y Vigil 2006).


Los supuestos teóricos del monetarismo y el intervencionismo son los principales argumentos de la política económica en América Latina (Huerta, 2005). Los monetaristas plantean que el libre juego de las fuerzas del mercado establece una economía próxima al pleno empleo y, por consiguiente, la intervención del Estado se debe reducir a lo mínimo posible: en esencia, a controlar estrictamente la cantidad de dinero. Es decir, las economías tienden a largo plazo hacia el pleno empleo de los recursos productivos y el gasto público debe limitarse en lo posible para equilibrar el presupuesto público anualmente. En contraste, los Intervencionistas sostienen que el Estado mediante una política fiscal debe estabilizar la economía, ante una recesión motivada por una demanda agregada de forma insuficiente. El sector público debe intervenir manipulando los gastos y los impuestos. Por lo tanto, el presupuesto se debe equilibrar cíclicamente.


En este sentido, la política económica estabilizadora ha sido definida como la interpretación del desarrollo (apertura al comercio exterior, valuación adecuada de la moneda, incentivos al ahorro interno, estimulación de la inversión extranjera y compensación de la balanza de pagos) a partir de programas e instrumentos de estabilidad fundamentados por la teoría monetarista y la práctica tecnócrata que favorecen un oligopolio en el financiamiento, producción y comercialización (Murillo, 2004).


Dichos programas se dan en los siguientes campos:


Monetario. Plantea el proceso inflacionario como el efecto de una demanda neutralizada mediante restricciones monetarias, emisión y circulación mínima de dinero, regulación del crédito, eliminación de déficit fiscal, supresión de subvenciones, eliminación de déficit paraestatal y ajuste de los salarios en función de la productividad.


Comercial externo. Implica al Banco Central como corrector de desniveles entre precios nacionales e internacionales, control de la inflación y desajustes en la balanza de pagos (diferencial entre importaciones y exportaciones) mediante un tipo de cambio fijo o fluctuante.


Social. Se considera como ineludible y transitoria la sobreexplotación de los recursos naturales, el límite al empleo, la insuficiencia de oferta y el alza de precios.


Estos programas incluyen seis instrumentos.


- Reservas internacionales sanas en un mercado de capitales que respaldan la inversión productiva.

- Devaluación de la moneda para ajustar la balanza comercial (la demanda de las importaciones en función de los niveles de exportación y la variación de divisas) e incentivos al consumo y ahorro interno.

- Un sistema bancario eficiente en el control de crédito y la cantidad de los medios de pago, control inflacionario y adecuada oferta monetaria.

- Subsidios, exoneraciones fiscales y crédito con bajos intereses al sector manufacturero para incentivar la exportación y la competitividad.

- Ajustes salariales periódicos en referencia al aumento de los productos y servicios.

- Reformas tributarias simples y de rápido rendimiento para vender las paraestatales y algunos elementos de la seguridad social, reducir el gasto público, la inversión y subsidios, así como el aumento de tarifas por servicios públicos para abatir el déficit fiscal al nivel de gobierno central y local.


Por su parte, la política económica conciliadora, auspiciada por la CEPAL, ha sido definida como el ejercicio pragmático del poder para contrarrestar el proceso inflacionario en el corto, mediano y largo plazo, el cual es causado por:


- El predominio de una población rural y producción de productos agrícolas.

- El bajo nivel de ingreso per cápita.

- La inadecuada transferencia del diseño, financiamiento y aplicación de programas macroeconómicos en y para los países económica, tecnológica, técnica y profesionalmente desarrollados.

- El proteccionismo, incompetencia, estancamiento y monopolización en la producción que limitan las exportaciones y desequilibran la balanza comercial.

- Los esquemas de integración económica entre países con diferencias en salarios, desempleo, deuda externa y reformas agrarias, laborales, fiscales y tributarias.


Durante las décadas de los 40`s hasta los 60`s ambas modalidades estuvieron en discordancia, la producción agrícola disminuyó, la industria se estancó y hubo escasa exportación manufacturera y la balanza de pagos se desequilibró. Debido a que se financió el fracaso de la industrialización del mercado interno con deuda externa, su amortización propició un nuevo endeudamiento. En consecuencia, América Latina no sólo se endeudó, sino además su integración regional se obstaculizó.


Finalmente, tanto la política económica ortodoxa como la heterodoxa se definen  y fundamentan a partir de la inflación inercial (hiperinflación). En la primera modalidad, la hiperinflación se genera por un desequilibrio fiscal (se gasta más de lo que se recauda) y plantea su abatimiento mediante la apertura a la inversión extranjera y la liberación del sector financiero a partir de un reajuste en la estructura y finanzas públicas.


En la segunda modalidad se plantean dos tipos de mercados: uno fijo y otro fluctuante. En el primero, el Estado controla el tipo de cambio, el incremento salarial y el aumento de productos agrícolas. En el segundo, deja fluctuar a la alza los productos no agrícolas. Sin embargo, la descoordinación del Estado en el mercado fijo y los sectores productivos en el segundo, propiciaron más hiperinflación.  


América Latina ha resultado afectada directa, negativa y significativamente por este proceso de centralización y desvalorización, el cual se ve reflejado en la incesante desvalorización de la moneda, bajos precios internacionales de las materias primas, supeditación en el funcionamiento de los sistemas financieros nacionales, descapitalización y desequilibrios intersectoriales.


En tal sentido, la política económica ha oscilado entre la prevención, evitación y auspicio de la estabilidad de precios y el crecimiento económico, la conservación de una estructura económica, política y social mediante el ejercicio, regulación y control del poder, así como la comprensión y explicación de los determinantes sociales. La política económica se ha planteado como centro y mecanismo de decisión para destinatarios sociales con objetivos determinados (Arditi, 2004).


En consecuencia, las modalidades de políticas económicas develan que los Estados latinoamericanos adquieren formas, tales como:


Absolutos. Representación autónoma abstracta y general de la sociedad, sus procesos económicos y valores.


Autónomos mínimos. Representación de intereses concretos y una imagen mínima de libertad en el ejercicio del poder.


Autónomos relativos. Representación indirecta de los intereses particulares, conciliación e intervención en disputas a favor de un sector financiero energético.


De esta forma, se han consolidado tres tipos de Estados a través de la historia: equilibrio estable con autonomía plena, equilibrio inestable con autonomía relativa y autonomía mínima con desequilibrio permanente (Mella, 2006).

 

La dicotomía entre la globalidad, principalmente económica y tecnológica, y la localidad, esencialmente la decisión a partir de sentimientos, implica a los dos fundamentos de justicia humana: la igualdad y la libertad. Precisamente, son cinco las consecuencias que subyacen a este proceso de globalización y localización:


De la territorialidad hacia la extraterritorialidad. En el sentido de lo territorial, la migración a las zonas desarrolladas económicamente propicia la erosión de las identidades locales. Los espacios urbanos se fragmentan en barrios disgregando las comunidades y sus procesos de cooperación y solidaridad. El poder sobre los espacios públicos que el Estado expropió para legitimarse ahora la iniciativa privada lo utiliza como estrategia para su crecimiento económico. Por tal motivo, en el sentido de lo extraterritorial, los espacios geográficos son sustituidos por los espacios geopolíticos. La política comercial externa y la política comercial interna tienden a asemejarse. Los espacios públicos son sustituidos por los espacios privados. El Estado invierte en la infraestructura necesaria para facilitar la inversión en zonas turísticas y zonas maquiladoras más que en la infraestructura educativa para redistribuir los beneficios económicos (Hernández y Remel, 2004).


De la seguridad hacia la inseguridad. En el sentido de la seguridad, el mercado político se encarga de vigilar y establecer las mejores condiciones para que se desarrolle el mercado económico. En las democracias liberales, las personas votan por aquellas opciones que les prometen acabar con la delincuencia y consecuentemente, les presentan escenas de operativos y subsiguientes capturas de personajes supuestamente peligrosos para la sociedad, redes de traficantes que amenazaban con el estado de derecho o bien funcionarios que fueron corrompidos. De este modo, en el sentido de la inseguridad se construye una ideología del castigo no a los responsables directos que son quienes diseñan y aplican las políticas públicas, sino a los responsables indirectos, aquellos que su situación socioeconómica les orilló a delinquir. Esta ideología del castigo ha sido más severa con el delincuente común que con los banqueros prófugos de la justicia.


De la movilidad hacia la inmovilidad. En el sentido de la movilidad, una consecuencia y evidencia del nulo poder del Estado frente a los flujos financieros es la capacidad que tienen de transferirse y devastar las economías de los países como las de América Latina e incluso de las regiones económicas como las de los tigres asiáticos. Consecuentemente, en el sentido de la inmovilidad, las bases de datos son utilizadas para vigilar a las personas, sus intereses o necesidades, sus ingresos y su consumo actual y futuro.


De la inclusión hacia la exclusión. En el sentido de la inclusión, los medios de comunicación, Internet como el principal escenario, son el sinóptico moderno es el principal instrumento y escenario de libertad de decisión y la consecuente pluralidad o voluntad mayoritaria; es el lugar donde los locales observan a los globales. Precisamente, en el sentido de la exclusión las personas marginadas económicamente pagan para acceder al sinóptico, las personas pagan para poder informarse no de política, sino de las peripecias de los políticos que demostrarán su incompetencia con iniciativas; no de economía, sino de las consecuencias de la inflación; no de la ciencia, sino de la ética distorsionada de algunos científicos que pretenden más progreso con más inventos; no de tecnología, sino del último invento que será obsoleto y aumentará los residuos en el planeta; no de cultura, sino de imágenes y discursos dominantes que se impondrán en la educación.


De la satisfacción hacia la insatisfacción. En el sentido de la satisfacción, las necesidades motivan a las personas a buscar, seleccionar, comprar y utilizar productos o servicios. Este proceso trató de asemejarse a la realidad comercial mediante modelos económicos que predecían el comportamiento del consumidor.