Violencia y proliferación de armas de fuego. Estudio de conocimientos, creencias, actitudes y vivencias en estudiantes universitarios del sector público en República Dominicana

En el nivel de las variables socio demográficas se encontró que existen diferencias muy significativas según el sexo entre mujeres y hombres, en lo relativo a la proclividad para la posesión y uso de armas de fuego. Las mujeres son menos proclives a comprar armas (5.7% versus 13.7% en los varones); llevar un arma (6.8% versus 16% en los varones); portarla (6.9% versus 14.7% de los varones) o disparar con dicho artefacto (23% versus 37% en varones), y coincide con el resultado de los datos de posesión (de todos los encuestados, las mujeres poseen armas sólo en un 2.4% versus los varones con un 7.9%). Ha de comprenderse que en dichas diferencias influyen, además, otras variables como la religiosidad. Las mujeres mostraron ser más religiosas (42.7%) versus los varones (32.2%,), donde X2=11.62, gl=3, p< 0.01. Cabe señalar el efecto de la socialización como fenómeno sociocultural predominante en muchos países latinoamericanos, determinantes de diferencias comportamentales entre los sexos, mostrada en el estudio con el hecho de que ante una amenaza de muerte el 70% de las hembras reaccionaron con mayor pasividad que los varones (30%), "Pidiéndole a Dios que la protegiera", obteniéndose diferencias altamente significativas entre ellos (X2=19.34, gl=1, p< 0.01).


La variable religiosidad también estuvo asociada significativamente a la proclividad hacia el uso de armas, inhibiendo ese comportamiento: los más religiosos están menos dispuestos a invertir en armas (14%) que los menos religiosos (27%), donde X2=8.97, gl.=3, p< 0.05; también para la conducta de disparar (19% los religiosos versus 30% de los menos religiosos, y X2=8.90, gl.=3, p< 0.05).


El trabajar se asoció significativamente con portaría un arma, a sabiendas de que quienes trabajan tienen mayor disposición (19.9%) para portarla, que los que no lo hacen (7.5%), encontrándose diferencias, X2=4.36, gl.=1, p< 0.05.


Los indicadores vivenciales de violencia mostraron ser fuertes Predictores para la proclividad hacia el uso de armas, principalmente el vivir en un barrio peligroso correlacionó fuertemente con ser víctima de un acto violento (43.2% versus 19.7% del que no vive en ese tipo de barrio, X2=25.16, gl=2, p< 0.01); con siempre oír disparos en el barrio (47% versus el 3% de los que no viven en barrios peligrosos, para una X2= 260.26, gl=6, p< 0.01; también vivir en un barrio peligroso está fuertemente asociado a conocer a alguien o un familiar cercano muerto por la delincuencia (63% versus el 39% que no vive en un barrio peligroso, X2=22.6, gl=2, p< 0.01). No obstante, la evidente relación encontrada entre habitar en un barrio peligroso y la violencia, los estudiantes que viven en barrios inseguros no mostraron ser los más proclives para el uso de armas, y sólo el 6% de ellos portaría un arma de fuego frente al 94% que no lo haría; los datos señalan que los que no habitan en barrios peligrosos estarían en mayor disposición (14%) para portar un arma.


De igual manera se encontró una asociación estadísticamente significativa entre ser o no ser víctima de violencia y la disponibilidad para disparar, resultando paradójicamente que los que no habían sido víctima (30.4%) estarían más dispuestos a disparar versus el 22.2% de los que fueron víctimas de un acto violento (X2=5.21, gl.=1, p< 0.05). Sin embargo, las víctimas de violencia invertirían en armas en una mayor proporción (32.1%) frente al 22.7% de los que no lo han sido (X2=7.45, gl=1, p< 0.01).


Otras variables de vivencia violenta también correlacionan fuertemente con la predisposición para usar armas, tales como estar entrenado o no en el uso de armas (Dispararía: 51% versus el 23% de los no entrenados; estar dispuesto a invertir en armas el 43% versus el 21%; llevaría armas el 19.2% versus el 8.1%; compraría un arma el 14% versus el 7% que no poseen entrenamiento). Son proclives al uso de armas los que tienen alguien en el hogar con un arma de fuego, expresaron en mayor cantidad que invertirían en armas (X2=7.26, gl.=1, p< 0.01); dispararían (X2=20.67, gl.=1, p< 0.01); los que conocen algún familiar o cercano muerto por delincuencia mayormente portarían armas (X2=5.42, gl=1, p< 0.05); los que oyen siempre disparos en el barrio (34.5%) versus el 18.9% que no lo oye, estarían más dispuestos a invertir dinero en un arma (X2=11.12, gl=3, p< 0.05).


El conocimiento de la disponibilidad de acceso a armas ilegales en el barrio estuvo asociada significativamente a la predisposición para adquirir armas, ya que el 32% de los que tenían dicho conocimiento invertirían en armas versus el 23% que desconocían esos lugares (X2=5.4, gl=1, p< 0.05); dispararía con un arma el 39% versus el 25% que no conocía (X2=12.35, gl=1, p< 0.01).


No se encontró relación significativa entre la percepción de la gente ("fácil o difícil registrar un arma legalmente") y la proclividad hacia éstas.


Los medios de comunicación se relacionan significativamente con la proclividad para usar armas. Oír las noticias en la radio está asociado con la conducta proclive a disparar; el 34% de los estudiantes que siempre oye noticias en la radio estaría dispuesto a disparar con un arma versus el 25% de los que nunca oyen noticias (X2=6.79, gl.=2, p< 0.05); igualmente leer noticias en los periódicos está significativamente asociado a la disposición para disparar, el 34% de los que siempre leen periódicos versus el 24% de los que nunca lo hacen (X2=8.58, gl=2, p< 0.05).


Sorprendentemente, el ver noticias en la televisión no estuvo asociado directamente a la proclividad hacia el uso de armas, ya que la mayoría (98.5% siempre y a veces) de los encuestados veía noticias por la televisión versus apenas el 1.5% que dijo no verla nunca.


Se encontró una estrecha y significativa asociación entre la confianza o no en los organismos de protección del Estado y la proclividad para el uso de armas de fuego, principalmente en los que poseían desconfianza en el sistema penitenciario o las cárceles (50% estaría dispuesto a invertir en armas) versus el 29% que dijo tener mucha confianza en ella (X2=9.38, gl.=2, p< 0.01); en los jueces o tribunales de justicia (X2=10.29, gl.=2, p< 0.01) dispararían mayormente o no con armas; los que desconfiaban totalmente en la Procuraduría o Fiscalías Barriales (14%) versus el 3% de los que tenían mucha confianza comprarían un arma y dispararían con ella el 35% que desconfiaba en esa institución versus el 25% que expresó tener mucha confianza (X2=8.64, gl=2, p< 0.05); en los que desconfiaban en la Secretaría de Estado de Interior y Policía (32%) estarían dispuestos a invertir en un arma versus el 22% que tiene confianza (X2=11.2, gl=2, p< 0.01); y aunque en sentido general la confianza fue mayor en las Fuerzas Armadas se encontró una fuerte asociación con los renglones de comprar un arma (X2=10.34, gl=2, p< 0.01). Estos datos pueden ser observados en el resumen del cuadro anterior.


De los factores actitudinales más importantes para el análisis de la proclividad hacia el uso de armas se encontró la creencia del "derecho a tomar la justicia por su propia cuenta". Los resultados señalan que el 15.7% de las personas que dijeron estar de acuerdo con esa afirmación portaría un arma de fuego versus el 6.5% de los que no están de acuerdo con tomar la justicia por sus propias manos si fallan las autoridades, encontrándose diferencias muy marcadas entre los encuestados (X2=18.36, gl=2, p< 0.01).


Dispararía un arma el 42% de los que pensaban tener derecho a hacer justicia por sus propias manos, versus el 21% que no estaban de acuerdo con ello (X2=39.02, gl=2, p< 0.01).


Llevaría un arma el 15.5% de los que están de acuerdo con hacer justicia por sus propias manos versus el 6.1% de los que no lo estaban (X2=16.21, gl=2, p< 0.01).


Invertiría dinero en armas de fuego el 35% de los que estaban de acuerdo con la posición de hacer justicia por sus propias manos, versus el 19% de los que no creían correcta la afirmación (X2=22.35, gl=2, p< 0.01).

En apenas seis años, en el período 1999-2005 el crecimiento de los homicidios en República Dominicana alcanzó un 125%. La tasa de homicidios pasó en ese interregno de 13 a 26 (homicidios por 100 mil habitantes), superando todos los vaticinios y colocando al país entre los países de alta violencia en la región latinoamericana.


La ola de robos, secuestros, violaciones y asesinatos por encargo ha desbordado los llamados "barrios peligrosos" y se ha constituido en una verdadera preocupación para la población dominicana en todas las clases sociales y a todo lo largo de la geografía nacional. Inclusive se han extendido también los actos violentos no considerados dentro de las acciones delincuenciales (violencia intrafamiliar, riñas en sitios públicos, etc.).


La hipótesis sobre el rápido crecimiento del número de homicidios con armas de fuego en los últimos años quedó demostrada en el presente estudio. Un factor común a la mayoría de actos violentos fue la presencia cada vez más decisiva de las armas de fuego. Los homicidios con armas de fuego que para el año 1999 ocurrían en una proporción de un 49%, para el 2005 se elevan a 69%, y aquellos ejecutados con otras armas (blancas, etc.) que hace seis años constituían el 51% se redujeron a sólo un 31%. Esto no es más que la puesta en marcha de un profundo proceso armamentista en nuestro país, que se inició en la década de los noventa pero que ha alcanzado un acelerado crecimiento en estos últimos seis años.


El crecimiento tan abrupto de los homicidios, además de ser el reflejo de un inusitado auge de la violencia y la delincuencia en la República Dominicana, viene acompañado de un número bastante elevado de heridos de balas y de lesionados permanentes. Aunque no se dispone de suficientes datos al respecto, sin lugar a dudas se han multiplicado muy aceleradamente las víctimas inocentes como una fatal consecuencia del armamentismo, principalmente niños son lesionados por balas perdidas y frecuentemente se ocasionan muertes e incapacidad física y mental en los menores en esta loca carrera armamentista.


Suponemos que a medida que crece la percepción de inseguridad como consecuencia del aumento de la criminalidad, la población civil busca un mecanismo de protección a través de la adquisición de un arma de fuego, acción que a su vez incrementa la posibilidad de que sean cometidos nuevos homicidios, muchos de ellos de manera circunstancial. Se concibe que la desconfianza en las instituciones especializadas del orden público, ya sea por las razones implícitas o no en el grado de complicidad, corrupción e impunidad en que dichas instancias han sido permeadas, no es más que una variable que interviene en el proceso de esta mala selección para la acción y búsqueda de autoprotección.


Es posible percibir parte de las dimensiones del armamentismo con las cifras de las autorizaciones legales otorgadas por el Estado entre los años 1999-2005, la cual se incrementó en más de un 853%. De un total de 10.410 licencias concedidas en 1999, se elevó a 99.209 hacia finales del 2005. Las mismas autoridades nacionales han reconocido la existencia de 159.648 personas que cuentan legalmente con un arma de fuego. A esto se le agrega la inmensa cantidad de armas ilegales circulando, y que entendidos en el área la sitúan entre las 100.000 a 200.000; si consideramos una media de 150.000, estaríamos hablando de alrededor de 310.000 personas armadas, en un país donde la población apenas alcanza los nueve millones de habitantes y dispone de una superficie terrestre de apenas 49 mil kilómetros cuadrados (estimación de más de 6 armas por kilómetro).


De nuevo la crítica a las políticas públicas que se ponen en práctica para enfrentar en las condiciones dominicanas el flagelo de la delincuencia. El otorgamiento indiscriminado de autorizaciones para el porte legal de armas de fuego ha elevado la peligrosidad del uso de las mismas. Basta citar lo frecuente que resultan las denuncias de muertes, heridos y lesionados permanentes por efecto de las llamadas "balas perdidas" o por cualquier tipo de discusión o riña en un lugar público.


Son muchos, sin lugar a dudas, los factores que impulsan esta escalada de violencia. Sin embargo, una de nuestras hipótesis plantea que el rápido deterioro de las condiciones de vida (factor socioeconómico) ha sido, en el caso que nos ocupa, un factor estructural clave para entender el nuevo auge de la violencia. En anteriores investigaciones habíamos demostrado el vínculo estrecho que existía entre el comportamiento de ciertas variables socioeconómicas y el auge de la delincuencia y la violencia en nuestro país (Cabral y Brea, 1999, 2001 y 2003). Inclusive pusimos de manifiesto cómo al igual que en el resto de América Latina, que en el ejemplo dominicano se expresaba la llamada inercia criminal. Es decir, cómo la violencia aunque a un ritmo más lento seguía creciendo, inclusive en los llamados períodos de expansión económica. Se producía en estos intervalos una desaceleración de la violencia, mientras que en los períodos de crisis económica y en función de la magnitud de la crisis la violencia crecía muy aceleradamente.


Algunos autores anteriormente señalados han logrado asociar el crecimiento de la pobreza urbana, los desequilibrios socioeconómicos de los países en la región latinoamericana con el aumento de la violencia delictiva y criminal, demostrando la fuerte relación entre los homicidios y las condiciones socioeconómicas desfavorables de países más vulnerables, respecto a los más aventajados económicamente y que poseen menores poblaciones viviendo en la pobreza, exclusión e injusticia social. La Teoría de la Frustración-Agresión (Dollard, Miller y asociados, 1939) es capaz de explicar el comportamiento agresivo individual, al señalar a la frustración como generadora de violencia; sin embargo, autores como Skinner (1969); Bandura (1973) y Berkowitz (1996) entre otros, estudian la agresión desde una óptica diferente, como una forma de aprendizaje en el medio social, donde la apropiación y la tolerancia a los métodos violentos o determinados patrones conductuales son capaces de mantener alto los niveles de violencia al encontrar los incentivos que la refuercen, por lo que el fenómeno de la delincuencia se puede convertir en un mecanismo de supervivencia.


En el caso dominicano, junto al estancamiento del PIB per cápita real, se registran altos niveles de desempleo y de inflación que agravaron las condiciones de pobreza de la población. Al final de 2003 de una pobreza estimada en una cuarta parte de la población, la pobreza llegó a cubrir a la mitad de la población. Se estima que para ese año un millón y medio más de dominicanos pasaron a la pobreza. Lo lamentable es que frente a estos fenómenos críticos, el gasto social lejos de mantenerse en términos relativos ha disminuido, como apunta el hecho de que el gasto en educación descendiera desde un 2.3% del PIB a solo un 1.9%. Ante una crisis económica, como es ya la costumbre en nuestros países, se le busca salidas agravando aún más las condiciones de vida de los más humildes.


Sin lugar a dudas que la violencia a que nos referimos, además de ser un fenómeno social multidimensional es un fenómeno multicausal. El error más grave de la estrategia pública en su enfrentamiento con la violencia y la delincuencia es tratarlas de manera coyuntural, como si fueran unicausales y al margen de diagnósticos completos y realistas.


Lo más doloroso es que inclusive en presencia de gobiernos conscientes de la multicausalidad, como es el caso del actual gobierno dominicano, éste justifica su incapacidad y la ineficacia e ineficiencia de la estrategia pública para enfrentar la delincuencia por las limitaciones económicas, limitaciones de ingresos que a su juicio impiden que se lleven a cabo programas llamados a tener éxito por cuanto atacan los problemas no solo en la coyuntura (vía mecanismos como la mano dura contra la delincuencia o la entrega irresponsable de armas de fuego a la población), sino también en sus raíces estructurales, como los llamados programas de barrios seguros, programas que están destinados a combatir la delincuencia con políticas efectivas de empleo, educación, salud, creación de infraestructura, deportes y otros servicios sociales a la juventud y a la comunidad en su conjunto.


Estas actitudes dejan un sabor muy amargo en quienes creemos que estos fenómenos no solamente son prevenibles, sino que pueden revertirse, si se actúa con la estrategia correcta, con los recursos suficientes y en los momentos adecuados. En el fondo se plantea si el sistema capitalista, sobre todo, si sus clases dirigentes están en capacidad de sacrificar parte de sus elevados niveles de vida para modelar una sociedad con un rostro más humano que el actual. Habíamos dicho que "el enfrentamiento de la violencia tiene además un contenido ético. La misma sociedad sufre una derrota moral, cuando parte de sus niños, adolescentes y jóvenes se incorporan a la vida delictiva, unos por un problema de supervivencia estrictamente económico y social, y otros, sin más criterios que no sean los de obtener dinero de forma rápida y fácil" (Cabral y Brea, 1999).


Nuestro estudio de campo sobre la población estudiantil en la universidad pública, arrojó resultados que reflejan el grado de inseguridad y desprotección en que vive la mayoría de los ciudadanos dominicanos. En primer lugar, el hecho de que una quinta parte de los universitarios vive en barrios considerados inseguros, un 50% tiene un conocido o familiar que ha sido víctima de violencia y más de un 70% tiene el temor frecuentemente o siempre de ser víctima de un acto delincuencial.


La tercera hipótesis del estudio buscaba indagar los posibles factores que están asociados al hecho de poseer un arma y la proclividad hacia su utilización en determinadas circunstancias, para lo que se relacionaron algunas variables consideradas importantes dentro del modelo explicativo que se pretende demostrar.


Los datos resultantes del estudio de campo muestran que los estudiantes universitarios tienen una baja frecuencia en cuanto a posesión de armas de fuego se refiere, ya que sólo 35 sujetos, apenas el 4.5% de los encuestados, dijo poseer un arma. Además, esta población mostró ser muy poco proclive al uso de armas de fuego en sentido general. Sin embargo, la situación cambia en la medida nos acercamos a los llamados barrios peligrosos o inseguros.


Se encontró, por otro lado, una asociación muy significativa estadísticamente entre la conducta de poseer un arma y la variable género (ser mujer o varón). Las diferencias no solo tienen interpretaciones de tipo genético, sino que más bien se deben a procesos psicosociales y socioculturales del fenómeno de la socialización, los patrones culturales que son transmitidos de generación a generación, donde se les enseña a los varones a ser "machos", por ejemplo, se les reprime el llorar ante una situación de tristeza; es el varón un "agente de la calle" frente a la mujer, quien principalmente se encarga de velar por la protección de los seres que engendra en su vientre; a los varones se les estimula mayormente a la violencia a través de los juegos con pistolas, etc. Habría que considerar, además, si el grado de religiosidad, que bien es conocido como más alto en las mujeres, las hace más pasivas y resignadas que los varones, lo que funcionaría como un mecanismo inhibidor de la agresividad en sentido general.


Otras variables que resultaron asociadas significativamente a la posesión de armas fueron: el tener entrenamiento en armas, el conocimiento de las facilidades para acceder a armas en tiendas ilegales del barrio y la posesión de armas de alguien en la casa; el estar trabajando y el vivir en un barrio inseguro.


Muchas variables relacionadas a la posesión de armas también lo fueron a la proclividad hacia su uso, encontrándose mayor significación estadística en el sexo (femenino y masculino), el trabajo y la religión; las experiencias vivenciales violentas (alguien en la casa posee armas de fuego, estar entrenado para usar armas, haber sido víctima de violencia, vivir en barrio inseguro, oír disparos en el barrio, conocer un muerto por delincuencia); el conocimiento de las facilidades de obtención del arma en los barrios; los medios de comunicación, principalmente oír noticias en la radio y leerla en los periódicos; la desconfianza en el sistema penitenciario, judicial, las Fuerza Armadas y la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Finalmente, entre los factores actitudinales se encontró que el derecho a tomar la justicia por su propia cuenta se asoció muy significativamente con ser proclive hacia el uso de armas de fuego.


En conclusión, los autores del trabajo consideran  las armas de fuego como uno de los factores catalizadores más relevantes del alto nivel de violencia que existe en República Dominicana, aun sin menospreciar el carácter multifactorial y la complejidad que reviste el fenómeno en sí. Las hipótesis planteadas fueron confirmadas de acuerdo con los resultados del estudio.


Se sugiere que no se debe justificar en el futuro aquellos mecanismos que faciliten la adquisición de un arma de fuego. Es menester no incentivar la demanda de armas por parte del sector civil y lograr cambiar los motivos y actitudes que inducen a la población para armarse. Sin embargo, es necesario mejorar a toda costa el cuadro de inseguridad existente en el país, y cuya función plena es una atribución del Estado Dominicano. Principalmente, se necesita considerar el sentimiento de desprotección generalizado ante el incremento de la delincuencia, y en ese sentido se requiere de grandes transformaciones a nivel de las instituciones del Estado, además de mucha voluntad y tener bien claro sus propósitos. Hay que necesariamente restablecer la confianza perdida en los organismos de protección ciudadana.


En términos estratégicos, se sugiere como asunto prioritario, entre otras medidas de índole social y comunitaria, poner mayor énfasis en el control de armas de fuego. Afortunadamente, el Estado dominicano comienza a prestar mayor atención a los asuntos que conciernen a la seguridad ciudadana al crear los programas denominados "Barrios Seguros" y de "Seguridad Democrática" en el año 2005. Más recientemente, ante la creciente ola de criminalidad que inquietó sobre manera a la población dominicana, en julio de 2006 se implementaron algunas medidas emergentes como fueron el prohibir momentáneamente la importación de armas de fuego livianas, el patrullaje mixto policial - -militar en horas nocturnas y la regulación de la ley de prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, la denominada "Ley seca" para los días laborables a partir de las doce de la noche. Sin embargo, se debe poner énfasis en los factores estructurales y a combatir el armamentismo y la criminalidad con políticas sociales mejor dirigidas, que enfrenten el mal en su raíz, y no en la superficie.


Es evidente que la delincuencia no podrá ser reducida si no se formulan planes de prevención e intervención directa en los factores que la provocan y sobre todo sobre la base de una permanente investigación del fenómeno en toda su complejidad y que sea capaz de evaluar los cambios que se van produciendo en dicho orden.