Violencia y proliferación de armas de fuego. Estudio de conocimientos, creencias, actitudes y vivencias en estudiantes universitarios del sector público en República Dominicana

El siguiente cuadro resume los indicadores de algunas variables socioeconómicas analizadas en relación a la tasa de violencia. Vemos, que cuando decrece el Producto Interno Bruto per Cápita Real crece estrepitosamente la violencia. Véanse las cifras señaladas en rojo de los años 1991 y 2003, caracterizado por una alta tasa de desempleo, igualmente una tasa de inflación elevada y un rápido crecimiento en los niveles de violencia extrema.

El organismo que controla la circulación, la comercialización, el porte y la tenencia de armas de fuego en el país es la Secretaría de Estado de Interior y Policía a través de la Ley No. 36. Esta ley prohíbe la fabricación, la comercialización y la posesión de armas de fuego sin la debida autorización correspondiente. No obstante, la supervisión efectiva de las normativas ha sido bastante tímida en sentido general.


Actualmente se concede permiso legal o autorización para el uso de un arma de fuego a los funcionarios oficiales, también a empleados públicos administrativos, judiciales o municipales autorizados, y a toda aquella persona que "justifique la necesidad de tenerla para su defensa personal", siempre y cuando se cumpla con los requerimientos legales necesarios. Los requisitos para poder poseer armas son: ser mayor de edad (18 años), no padecer "enfermedad mental", ni consumir drogas ilícitas y no haber sido condenado por algún delito o estar sometido a la acción de la justicia.


En marzo de 2003, el Dr. Franco Badía, entonces Secretario de Estado de Interior y Policía en una declaración ante los medios de comunicación, señaló que la institución tenía registrada en aquel momento 260.000 armas autorizadas en el ámbito nacional; dos años después, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, sostuvo que en el país los civiles poseían más armas de fuego que los policías y militares, situación que calificó de preocupante, vinculándola con la alta incidencia de personas heridas por balas perdidas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. (Pesqueira, D, 2005).


El 30 de julio de 2006, el Dr. Franklin Almeida, nuevo Secretario de Estado de Interior y Policía, expresó en el programa televisivo Rueda de Prensa del Canal 13 que en el país existían 159.648 personas con autorización legal para portar o tener armas de fuego.


Según algunos cálculos basados en los registros oficiales, la Secretaría de Estado de Interior y Policía otorgó entre 2003 y 2005 alrededor de 295.739 autorizaciones de porte y/o tenencia de armas de fuego, pudiendo poseer una misma persona más de un arma de fuego y renovar anualmente su permiso mediante el pago de los impuestos correspondientes. Se estima que más del 94 % de esas autorizaciones son licencias privadas y las restantes oficiales.


En la siguiente tabla y gráfico se presenta la cantidad de autorizaciones para armas de fuego otorgadas en los últimos años.

Tal como muestran la tabla No. 6 y el gráfico No. 5, en el año 1999 se concedieron 10.410 autorizaciones para porte de armas de fuego, y al año siguiente esta cantidad prácticamente se triplicó (30.516 autorizaciones). A partir de 2001 se produjo un gran crecimiento con las 78.979 autorizaciones que fueron otorgadas. En los últimos tres años las autorizaciones sobrepasaron las 96.000 por año. Podemos observar que desde finales de la década de los 90 se ha multiplicado por 10 el número de autorizaciones de porte/tenencia de armas. Durante el interregno de 2003 a 2005 se concedieron, en promedio, unas 270 autorizaciones diarias.


Es importante señalar que se desconocen las cifras exactas de armas ilegales que actualmente circulan en el país, aunque cálculos tímidos la ubican entre 100.000 a 200.000.

Gráfico 6 -  Modelo explicativo de la posesión y proclividad hacia el uso de armas de fuego como mecanismo de prevención - acción de violencia.

 

El modelo descrito anteriormente trata de explicar la dinámica de los factores que están relacionados con la violencia, y que determinan la proclividad hacia la posesión y el uso de armas de fuego.


Los factores sociodemográficos y el  historial personal (sexo, edad, trabajo, ingreso, religión, etc.) influyen sobre la cognición y la formación de actitudes del individuo, lo que a su vez está matizado por los factores vivenciales (experiencias de violencia y con armas) ocurridas en el hábitat y, en segundo lugar, por la influencia de otros acontecimientos como son la interacción con instituciones de seguridad, con los medios de comunicación y las facilidades objetivas y subjetivas existentes para la adquisición de un arma de fuego, lo que contribuye a la creación de la percepción de riesgo o inseguridad ante una situación determinada. Por otro lado, de lo cognitivo y actitudinal se genera la conducta preventiva (búsqueda de mecanismos de protección) de donde fluye lo comportamental, siendo la antesala para la acción de poseer o predisponer hacia el uso de un arma de fuego.


Este modelo fácilmente podría ser usado para explicar cómo un determinado medio de comunicación es capaz de crear una falsa imagen de la realidad, inducir actitudes y desencadenar el mecanismo de protección-acción que se da en los individuos.

La investigación de campo comprende un estudio descriptivo de corte transversal tipo CCAP, de conocimiento, creencias, actitudes y vivencias de violencia relevantes a la posesión y proclividad para el uso de armas de fuego, para lo que se aplicó una encuesta en una muestra aleatoria, multietápica, de 784 estudiantes, estratificada por facultades y carreras de la universidad pública en el Distrito Nacional de la República Dominicana. La muestra fue elegida de la población general que asiste a la sede central universitaria compuesta por 103.577 estudiantes. Se excluyen los estudiantes pertenecientes al Colegio Universitario y a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, por ser una población de difícil localización y tener asiento en otro recinto universitario.

El tamaño muestral (n) original se calculó en 784, elegida de manera multietápica y afijada mediante el sistema proporcional [probabilidad proporcional a su tamaño (PPT)], proporcional al número de estudiantes por facultades (ver Cuadro 1). Para la selección de las unidades muestrales se utiliza el muestreo sistemático.

Se partió del criterio de asignación de máxima varianza cuando se trabajan variables cualitativas (p = 50% y q = 50%).  El nivel de confiabilidad es de 95% y el error máximo permitido para las estimaciones es de 3.5%.

El tamaño muestral se calculó con el siguiente procedimiento estadístico:


n= z2pxq n= (1.962x5ox50) e2 (3.5) 2
n = ____ 9604 ___ n = 784
12.25


Donde z = nivel de confianza (95%) e = Margen de error permitido (3.5%) p = Proporción de personas que se estima tienen la característica de interés en la población (50%) q = Proporción de personas que se estima no tienen la característica de interés en la población (50%) N = Total de estudiantes en la sede central universitaria (103,577) n= Tamaño de la muestra = 784.

Con base en las necesidades de información derivadas del modelo teórico explicativo, se utilizó un cuestionario anónimo, confidencial y auto administrativo que incluía 97 preguntas cerradas (dicotómicas o categóricas) y abiertas, formuladas a partir del cuestionario aplicado en el Salvador en el 2001 por la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas": Encuesta Nacional de Actitudes, Normas y Valores en Torno a la Violencia y Uso de Armas de Fuego, bajo la dirección del Lic. José Miguel Cruz, para lo cual se modificaron algunos ítems y adaptados al lenguaje y la realidad dominicana.
 

Las principales variables compuestas se detallan a continuación: 1) datos personales y familiares (socio demográficos), tales como sexo, edad, convivencia familiar, procedencia, datos relativos a la carrera, religión, trabajo, vivencia o no en barrio peligroso, grado de penetración de los medios de comunicación, etc.; 2) conocimientos y vivencias de violencia-armas: la victimización y sus condiciones de ocurrencia, temor a ser víctima, conocimiento de violencia en el barrio, escuchar disparos, etc.; 3) premisas socioculturales: referentes al porte de armas, el derecho a tomar la justicia por propias manos, matar a delincuentes en diferentes situaciones, etc.; 4) opinión de armas y de la seguridad ciudadana: preguntas referentes al quehacer ante situaciones concretas como el recibir amenazas de muerte, al tener que asistir a un barrio peligroso, al entrar un ladrón a la casa, etc. Otras preguntas sobre la posesión de armas, dificultades para el registro, las facilidades en el barrio para adquirirlas, su disposición para la adquisición, causas motivantes, el grado de confianza en los organismos de seguridad ciudadana, etc.; 5) acciones de prevención delincuencial: aquellas acciones que se podrían considerar importantes para evitar la delincuencia como matar delincuentes, reeducarlos, mejorar las condiciones sociales propias del sistema en el país, la restricción de armas, etc.

Luego de seleccionar el aula aleatoriamente se solicitó el permiso a los profesores y se inició el proceso de aplicación del instrumento. Se procedió a instruir a los encuestados informando acerca de la intención del estudio, "el conocer lo que piensan y han vivido los universitarios respecto a la violencia, la seguridad y las armas de fuego", para lo que se solicitó la contribución respondiendo el cuestionario anónimo y confidencial. Se insistió en la importancia de la veracidad de sus respuestas, lo que permitiría conocer y comprender mejor algunos de los problemas agobiantes en el país. Finalmente, se les instruyó sobre la manera de llenar el cuestionario, dejando abierta la posibilidad de aclarar dudas en caso necesario en cuanto a las preguntas se refiere.
 

Se escogieron 6 estudiantes de término de psicología como encuestadores, a quienes se les entrenó en la aplicación de la encuesta. Originalmente se realizó un estudio piloto con 50 estudiantes, observando las dificultades en el entendimiento de las preguntas. Posteriormente se efectuaron algunas correcciones de lugar.

Los cuestionarios fueron sometidos a un control riguroso de calidad, analizados uno a uno, descartándose los que observaban algunas irregularidades como dejar preguntas vacías, entre otros aspectos.

El análisis estadístico de los datos se corrió bajo el programa computarizado SPSS 12.5 para Windows. Se presentan las frecuencias y porcentajes de todas las respuestas por preguntas. Se utilizó la prueba X2 para determinar la existencia de asociaciones significativas entre variables.

- Variables dependientes: posesión y proclividad al uso de armas .

- Variables independientes: socio demografía de los sujetos -conocimientos, creencias, actitudes y prácticas vivenciales respecto a la violencia y las armas, inseguridad o sentimiento de desprotección percibido. -Los medios de comunicación y las facilidades reales y percibidas por la población para la
obtención y posesión de armas.

Los resultados de la encuesta señalan que una gran mayoría de los estudiantes ya había cursado el 5º  y 6º  semestre universitario al mes de julio de 2006. El promedio de edad de los mismos fue de 26 años (el 43% de los estudiantes se situaban por encima de los 25 años, es decir, edad respecto al rango de edad adecuado).


Los estudiantes convivían bajo un mismo techo con 4 personas en promedio. El 62% procedía de la zona urbana y el 38% de la zona rural. El grueso habitaba en barrios de las tres circunscripciones del Distrito Nacional, y unos pocos viajaban diariamente a sus provincias y/o municipios cercanos a la capital, tales como Baní, San Cristóbal, Monte Plata, entre otros.


El 82% dijo pertenecer a una religión, principalmente la católica (57%), cristiana (20%) y otras (5%), versus el 18% que dijo no tener ninguna afiliación religiosa. El 39% se consideró muy religioso, 52% se considera solo un poco religioso y 9% contestó no ser religioso, es decir, "nada religioso". Ante la pregunta de si asistía a la iglesia, el 72 % aseguró ir siempre y/o algunas veces y el 28% restante respondió que casi nunca o nunca asistía a la iglesia.


El 48% trabajaba en el momento de la encuesta y el 52% no lo hacía. El 30% de quienes trabajaban recibían un salario igual o menor a RD$5,500 mensuales (US $167), el 38% entre RD$5,501 y RD$9,600; el 25% entre RD$ 9,601 y RD$16,500 y sólo el 7% ganaba más de RD$16,500. La media de los grupos fue de RD$9,616, es decir, US$291 mensuales.


A continuación se presentan los principales descriptivos (frecuencias y porcentajes) de las variables que fueron analizadas a los fines del estudio.