Violencia y proliferación de armas de fuego. Estudio de conocimientos, creencias, actitudes y vivencias en estudiantes universitarios del sector público en República Dominicana

Trabajo publicado el 07 de abril de 2007

Resumen

 

 

 

Se analiza el impacto de las armas de fuego en la creciente criminalidad en los últimos años en República Dominicana. El estudio parte de supuestos basados en la existencia del crecimiento de la criminalidad armada, de su relación con las variables socioeconómicas, de la desconfianza de la población en las instituciones públicas de seguridad ciudadana, lo que junto a otros factores personales, psicosociales y vivenciales determinan la proclividad para adquirir y usar armas de fuego, factores que retroalimentan la criminalidad. La investigación consta de dos partes: 1) El análisis de las estadísticas oficiales de homicidios y su forma de comisión, del número de portadores legales de armas de fuego y heridos de balas; se consideran algunas variables socioeconómicas importantes relacionadas a los homicidios. 2) La descripción de los resultados de un estudio de campo con la aplicación de una encuesta CCAP en estudiantes universitarios del sector público del Distrito Nacional, para diagnosticar sus perfiles cognitivos, individuales, psicosociales y vivenciales relativos a la violencia y las armas de fuego. La muestra de 784 sujetos es afijada por el sistema proporcional de un total de 103.577 universitarios de ambos sexos, de diferentes facultades, con un nivel de confianza de 95% y margen de error de 3.5%. Se demostró que en seis años, 1999-2005, el crecimiento de los homicidios fue de un 125%, pasando la tasa de homicidios de 13 a 26. Se evidenció el fenómeno de la proliferación de armas de fuego. Los homicidios con armas se elevan de un 49% a un 69%, fenómeno acompañado del alto número de heridos de balas y de lesionados permanentes. El rápido deterioro de las condiciones de vida (factor socioeconómico) como factor estructural es clave para entender el nuevo auge de la violencia. El estudio de campo mostró la baja frecuencia de posesión de armas y la proclividad para su uso en los estudiantes. No obstante, el análisis estadístico demostró una fuerte asociación entre la posesión-proclividad hacia el uso de armas de fuego y las variables género, religión, trabajo, vivencias de violencia y armas, medios de comunicación, facilidades y disponibilidades de armas, la desconfianza en los organismos de protección nacional y la actitud particular de ejercer la justicia por su propias manos.

Dado el auge que ha alcanzado la criminalidad en República Dominicana en los últimos años y el exiguo apoyo oficial que reciben las pocas instituciones que se dedican a su investigación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aún dentro de sus precariedades económicas, ha dedicado esfuerzos permanentes al reconocimiento de la violencia y de  inseguridad ciudadanas, la medición de sus verdaderas dimensiones, el conocimiento de la naturaleza y la dinámica de sus factores asociados, así como ha insistido para que se adopten políticas públicas eficaces para poder enfrentarla.


Ante el azote delincuencial surge la insistencia de los estudiosos para que se enfrente la situación en su multidimensionalidad y multicausalidad, junto con los reclamos crecientes de la población por vivir en un clima de mayor seguridad y paz, pero hasta hace un tiempo los organismos del Estado, responsables de velar por la seguridad ciudadana, más bien seguían empeñados en su ejercicio de controlar la situación bajo una concepción de "política de mano dura contra el crimen", confiando en que "matando delincuentes en las calles se acabaría con la delincuencia", lo que por suerte ha ido cambiando en la práctica. Se actuaba en consecuencia, como si estos fenómenos tuvieran sus raíces en la coyuntura y se dejaban de lado los cambios estructurales que verdaderamente subyacen detrás de los hechos delictivos.


Es oportuno destacar que desde entonces "llovieron las denuncias" de una significativa parte de los dominicanos acerca del alto grado de penetración, corrupción y complicidad con la delincuencia con la que operaban los organismos de "seguridad pública" y en determinadas instancias de la justicia dominicana. Esa realidad, imposible de subestimar en la actualidad, se convierte en un serio obstáculo para garantizar eficiencia y eficacia en las políticas oficiales que en la actualidad se diseñan e implementan contra la delincuencia.


El sentido de desprotección e inseguridad ciudadana, de impotencia frente a la impunidad y la corrupción existente en los años recientes explica el consecuente armamentismo en la población, fenómeno que ha sido posible en gran medida por las facilidades oficiales, muchas veces de manera indiscriminada, que se brinda a los ciudadanos para adquirir y legalizar armas de fuego de diferentes calibres. De un instrumento supuesto a ser utilizado para defender a la población de la violencia, el armamentismo se ha convertido en un nuevo detonante de la criminalidad.


El presente trabajo consta de dos partes. En la primera se describe brevemente la magnitud de la violencia dominicana y se muestra estadísticamente la relación entre los homicidios y el empeoramiento de importantes indicadores macroeconómicos y sociales, así como la relación de la violencia (homicidios y heridos de bala) con la proliferación de armas legales.


En la segunda parte se analizan los resultados de un estudio de campo recientemente realizado con la aplicación de una encuesta en la población estudiantil universitaria, a fin de comprender los niveles de conocimientos, creencias, actitudes y experiencias vivenciales respecto a la violencia, la desconfianza e inseguridad percibidas y la proclividad hacia la posesión y el uso de armas de fuego, entre otros aspectos.

El problema de investigación surge de la necesidad de estudiar la incidencia de armas de fuego en la criminalidad y su relación al deterioro de los indicadores socioeconómicos, así como también conocer la dinámica de los factores socio demográficos e individuales, vivenciales, cognitivos-actitudinales y externos socioculturales que influyen en la posesión y proclividad hacia el uso de armas de fuego, con el fin de considerar la posterior identificación de líneas de acción estratégicas para el desarrollo de una campaña preventivo-educativa a favor de la reducción del fenómeno del crimen y el armamentismo creciente.

Cuatro razones básicas justifican la realización del presente estudio:


1. La necesidad de investigar y de establecer diagnósticos objetivos de los factores que generan y/o catalizan el aumento excesivo de la criminalidad en el país.
2. El análisis del impacto de la proliferación de las armas de fuego en el nivel de violencia prevaleciente.
3. La comprensión de los factores individuales (conocimientos, creencias, actitudes y vivencias violentas) y socioculturales que inducen a la posesión y proclividad para el uso de armas de fuego en la población dominicana.
4. La posible utilización de los resultados del estudio como línea-base de acción que permita evaluar los cambios que se producirían como resultado de intervenciones futuras por realizarse en el marco de una política preventiva-educativa a corto, mediano y largo plazo.

1. Estimular la discusión científica y la investigación del tema de la violencia en su relación con la proliferación de armas de fuego en República Dominicana.
2. Evaluar la problemática dominicana a la luz de las experiencias de países latinoamericanos con altas tasas de homicidios que vinculan la pobreza y criminalidad con el auge de armas de fuego.
3. Demostrar la relación entre el incremento de la violencia de tipo criminal (homicidios), el número de heridos de balas y el uso proliferado de armas de fuego en República Dominicana.
4. Analizar los factores individuales y socioculturales relacionados con la adquisición y uso de armas de fuego (conocimientos, creencias, actitudes y vivencias violentas) en una muestra representativa de estudiantes universitarios del sector público del Distrito Nacional.
5. Proponer la elaboración de líneas gruesas de acción estratégicas para el establecimiento de una campaña educativo-preventiva a favor del desarme en la población dominicana.

Se parte de las siguientes presunciones:


1. En República Dominicana se ha producido en los últimos años un rápido crecimiento tanto del número de homicidios con armas de fuego como de heridos de balas como consecuencia de la proliferación de armas en la población.
2. El deterioro de las condiciones de vida es un factor estructural que predispone a la criminalidad y a la proliferación de armas de fuego.
3. La posesión y proclividad hacia el uso de armas de fuego está estrechamente relacionada a las variables socio demográficas, vivencias violentas personales y barriales; a la percepción de inseguridad o desconfianza en los mecanismos oficiales de protección ciudadana; a las creencias y actitudes personales que incitan a la búsqueda de autoprotección, e instigada por los medios de comunicación y las oportunidades reales para su adquisición y legalización, así como también por otros factores de tipo educativo, religioso y socioculturales que subyacen en los sujetos del estudio.

El tema de la violencia suscita la atención de investigadores por sus elevados costos y efectos funestos para la sociedad. En nuestros días el fenómeno se convierte en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de los países a nivel mundial (Informe del Desarrollo Humano del PNUD, 2005). La OPS/OMS en su informe Mundial del 2003 considera la violencia como un problema de salud pública, ya que más de 1.6 millones de personas mueren anualmente por causa de ésta, y muchas otras más padecen lesiones fatales no mortales.


La violencia criminal constituye uno de los problemas de mayor preocupación para los países latinoamericanos, principalmente en Centroamérica y el Caribe. En República Dominicana, moradores de sectores marginados encuestados reportan a la delincuencia como el mayor obstáculo en los barrios, sobre todo el robo con violencia y la presencia de armas de fuego en posesión de delincuentes (Newlink Political, Lilian Bobea y Vielka Polanco, 2005).
 

Se define comúnmente  la violencia como la utilización de la fuerza o amenaza intencional dirigida a provocar daño a sí mismo, a otros o a grupos, pudiendo manifestarse de diferentes maneras y con propósitos diversos. Para los fines del presente trabajo se hará referencia a la violencia extrema, expresada y observada cuantitativamente a través de la tasa de homicidio (número de homicidios cometidos por cada cien mil habitantes), siendo este el indicador internacional más aceptado para cuantificar la violencia criminal en un país.


La criminalidad es un fenómeno social bastante complejo y multidimensional que requiere ser tratado con enfoques integrales (ecológicos), epidemiológicos e interdisciplinarios. Podría afirmarse, que es el producto de múltiples factores, cuyos componentes individuales, familiares y socioculturales están estrechamente ligados a condiciones socioeconómicas y medioambientales típicas de un entorno empobrecido, donde predomina la falta de oportunidades de supervivencia, inequidad y pobreza. De esta manera se asocia comúnmente el crecimiento de la pobreza urbana, los trastornos socioeconómicos con el aumento de la violencia delictiva (Cabral y Brea, 1999, 2001 y 2003). En efecto, hemos demostrado en ocasiones anteriores una fuerte relación entre la violencia y las condiciones socioeconómicas de riesgo e injusticia social.


Por otro lado, el concepto de seguridad ciudadana está estrechamente vinculado a la criminalidad. Sin embargo, desde una visión estrecha se la considera como un conjunto de políticas, acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública por medio de la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y policial. (González y &, 1994, citado por Arriagada y Godoy, CEPAL, 1999). En una visión más amplia se la define como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. Vemos entonces, cómo la pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la corrupción e impunidad, la violencia, la falta de políticas sociales adecuadas, la criminalidad y la drogadicción también pueden constituirse en amenazas para la seguridad ciudadana (Brea, Mayra, 2001). Para los fines del presente estudio se utilizará el término inseguridad o percepción de riesgo en su amplio contenido como un sentimiento de desprotección ante una condición social determinada.

En la literatura internacional encontramos dos enfoques principales en cuanto a la relación existente entre la violencia y armas de fuego. La primera sostiene que, contrario a lo que podría esperarse, en algunas regiones de los Estados Unidos el incremento en la tenencia de armas de fuego va acompañado de una reducción de la violencia homicida, que se explica por una supuesta inhibición en los delincuentes para cometer crímenes ante la posibilidad de que su víctima potencial pueda enfrentarlos (la teoría de los costos - beneficios y el fenómeno de la disuasión aplicada al crimen). Los partidarios de esas concepciones pregonan por la liberalización de las armas de fuego (Lott y Mustard, 1997, entre otros), posición bien aceptada por los involucrados en el negocio de las armas. Otros, en cambio, demuestran y sugieren lo contrario, que el elevado índice de violencia y de criminalidad está directamente asociado a la presencia de una mayor disponibilidad de armas de fuego. En el caso dominicano, como se verá más adelante, los datos parecen justificar ampliamente estos últimos argumentos.


Es indudable que el fácil acceso a armas pequeñas facilita la violencia política y criminal. Según Informes del PNUD, en el 2005 las armas pequeñas originaron a nivel mundial la muerte de 500,000 personas, es decir, la muerte de una persona por cada minuto.


La mayoría de los homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego. El análisis estadístico de los crímenes del 1995 al 2000 muestra que el 80% de éstos fueron de "criminalidad armada", presentándose un aumento en los últimos tres años que alcanza el 82,5% en el año 2000. La violencia en Colombia está relacionada con las organizaciones criminales, el narcotráfico y el ajuste de cuentas (Informe del Ministerio de Defensa Nacional, 2001).


Investigaciones avaladas por el PNUD y efectuadas en El Salvador en el 2003, país con la Tasa de Homicidio más alta de América Latina y donde existen 450 mil armas en manos de civiles, siendo el 60 % ilegal, señalan que la mayor parte de los crímenes son cometidos con armas de fuego, hecho que se ha ido agravando cada vez más. En ese mismo informe, Carlos Umaña Cerna refiere que "la utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia cualquiera durante el año 2000, murieron en una relación cuatro veces mayor en comparación con aquellas personas que no intentaron defenderse. Por su parte, las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto" (Informe "Armas de Fuego y Violencia", PNUD, San Salvador, 2003).


Hay múltiples razones por las que se demanda un arma de fuego. En el caso dominicano se podría mencionar, en primer lugar, la disponibilidad de armas existente para su adquisición tanto proveniente del mercado legal como ilegal, sumado al ineficiente control estatal en ese mismo sentido. A esto se le añade las facilidades que irresponsablemente ha brindado el Estado para el proceso de legalización, ya que anteriormente sólo se les exigía unos tímidos requisitos, no se requería de una certificación de la procedencia del arma, legalizándose de esa manera innumerables armas provenientes del mercado ilegal.


En segundo lugar, existe una gran desconfianza en los organismos públicos de seguridad y de protección ciudadana (policía, justicia, cárceles, etc.), por estar involucrados en actos delictivos, de corrupción e impunidad que indudablemente ocasiona la percepción generalizada de desprotección, lo que aunado al aumento estrepitoso del nivel de criminalidad, se puede convertir en un estímulo para la búsqueda de autoprotección y/o de protección privada, sobre todo, a través de la adquisición de armas de fuego como un mecanismo de defensa (Brea y Domínguez, 2005). A esto se le agrega la errada percepción de poder que implica la posesión de un arma de fuego en una sociedad con trascendencia de un autoritarismo arraigado y con valores culturales basados en el temor.

Las estadísticas muestran claramente la evolución de la criminalidad en el país, donde los homicidios de 1999 a 2005 llegaron a duplicarse.


En los últimos 6 años se registraron 11,253 homicidios, cuyas víctimas fueron principalmente del sexo masculino (90%) y el restante 10% femenino.


La tasa de homicidio por igual se duplicó (número de homicidios por cada 100,000 habitantes) desde el año 1999 hasta 2005, incrementándose de 13 a 26.

Crecimiento de los homicidios con armas de fuego


Un hecho por destacar lo constituye el rápido crecimiento que experimentan los homicidios con armas de fuego, que ascienden de un 30% en 1993 aún 49% en 1999 (reportado por Cabral y Brea, 1999 y 2001), y en los últimos 6 años, de 1999 a 2005 se elevan de un 49% a un 69%.


Las cifras muestran claramente la prevalencia de mortalidad con armas de fuego en los últimos tiempos y cómo ha descendido la comisión de éstos con otras formas de ejecución, ya sea con armas blancas, con golpes contundentes y los cometidos "de otras maneras". Si calculamos el promedio de homicidios ocurridos en los últimos 6 años del estudio, se observa que en promedio se producen 4.4 homicidios diarios, y durante el 2004 y 2005 ocurrieron más de 6 homicidios por día, de los cuales más del 67% fue ejecutado con armas de fuego, más de 4.