La violencia y los factores socioeconómicos de riesgo en República Dominicana

Un estudio de la violencia tiene que incluir consideraciones sobre el alto costo económico que ésta implica. En los Estados Unidos, el costo económico de la violencia de tipo delincuencial superó los US $400,000 millones de dólares en el año 1992, suma equivalente al 7.2% del producto interno bruto norteamericano. Esto incluye los cálculos sobre las variables involucradas: el sistema policial, las cárceles, los tribunales, los valores de bienes robados, el costo de la seguridad, los daños y perjuicios, las lesiones y los homicidios.


En Colombia, en el período 1991-1997, los costos de la violencia se estiman en un 4.3% del PIB, según la siguiente estructura:


a. 1.3% por las pérdidas de vidas humanas y de capital, relativas al valor de las víctimas del homicidio.
b. 1.1% por concepto de las transferencias ilegales de bienes y recursos debido a las acciones criminales.
c. 1.6% por los excesos en gasto militar y servicios de seguridad privada.
d. Por último, 0.3% como costo de los servicios de salud y de asistencia médica, así como de atención psicológica y rehabilitación física de las víctimas.


En Guatemala, se estima que el gasto privado destinado a la seguridad es un 20% mayor que el presupuesto público destinado a ese fin.


En el estudio de la CEPAL, titulado el "Pacto Fiscal", se establece que en América Latina el gasto del Gobierno Central en Orden y Seguridad Interna participó con el 1.3% del PIB durante el período 1990-1995, correspondiendo 1.0% en América del Sur y un 1.7% a América Central. Dicha participación por el nivel del gasto del Gobierno Central se distribuye así: en los países de grupo alto, 1.8%; en los países de grupo medio, 1.0% y los países del grupo bajo, 1.1% del PIB.


Una de las posibles causas del crecimiento incontrolado de la violencia delincuencial en República Dominicana es, quizá, el pobre gasto que a través del tiempo ha realizado el Gobierno en el logro de los objetivos de orden interno y justicia.


En el período de 1980 a 1986, el gasto por estos conceptos descendió de un 0.7%, notablemente bajo, a un 0.5% del PIB. Entre 1986 y 1990 pasó del 0.5% al 0.4%, y entre 1990 y 1995 osciló entre 0.4% y 0.6%.


Sin lugar a dudas, si el Gobierno quiere enfrentar el problema de la violencia por medio del  impulso del desarrollo de las reformas y la modernización del sistema penitenciario, policial y judicial, tiene que hacer cuantiosos gastos. Y vale la pena, porque se evitarían grandes pérdidas materiales y humanas y se preservaría la seguridad de los ciudadanos, cuyo precio es incalculable. Afortunadamente, hay un crecimiento del gasto estatal en ese sentido en el período 1997-1998, que representa el 1.3% del PIB nominal, superior al 0.9% de los años 1995-1996.


Si los costos relativos a la seguridad física de los ciudadanos, han sido tan limitadamente asumidos por el gobierno durante un largo período, es entonces evidente que, en gran medida, lo ha estado financiando la sociedad civil, por lo menos aquella mayoría que todavía no funciona bajo los mandatos de la "incivil" de que habla el actual secretario general de la ONU.


De esta manera, la seguridad ciudadana, que debería ser un bien público como la educación y la salud, se convierte en fuente de diferenciación entre los ricos que pueden pagar un sistema sofisticado y costoso de seguridad privado y los pobres, y muchos de clase media, que tienen que recurrir a múltiples formas de autodefensa que no siempre es efectiva.


Alan Blinder, ex-vicepresidente de la Junta de Gobernadores del Sistema Federal de Estados Unidos, en la introducción de una de sus conferencias titulada, El Banco Central, Teoría y Práctica, señalaba que "la verdadera prueba para saber si una persona es economista es ver con qué fervor suscribe el principio de la ventaja comparativa". Por ejemplo, citaba, "siempre albergo dudas sobre los amigos economistas que me cuentan que cortarían su propio césped en lugar de contratar a un jardinero, porque disfrutaban realmente cortando la hierba". Y agrega: "dicho así, esa afirmación resulta sospechosa. Y es que una persona que crea verdaderamente en la ventaja comparativa debe ser constitucionalmente incapaz de disfrutar de esa actividad". Sobra precisar que la seguridad física de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado.

Ya se ha señalado el contraste observado en la presente década entre el auge de la violencia en todas sus formas, particularmente de tipo delincuencial, y el rápido crecimiento de la economía dominicana.


Sigue vigente, sin discusión, el vínculo existente entre pobreza y delincuencia y entre pobreza y violencia, sin entrar en detalles sobre el carácter multidimensional y al mismo tiempo multicausal del fenómeno. Además, el enfrentamiento de la violencia tiene un contenido ético. La misma sociedad sufre una derrota moral cuando parte de sus niños, adolescentes y jóvenes se incorporan a la vida delictiva, unos por un problema de supervivencia estrictamente económico y social, y otros, sin más criterios que no sean los de obtener dinero de forma rápida y fácil.


Para estudiar el vínculo entre violencia, pobreza y crecimiento económico en los 10 países a que se ha hecho referencia, incluyendo el nuestro, se construyeron tres cuadros y se ordenaron sobre la base de la magnitud del ingreso/cápita.

 
En la Tabla No. 5 se presentan siete columnas con los valores correspondientes al coeficiente de Gini, (a menor coeficiente mejor distribución del ingreso), la línea de pobreza, la tasa de desempleo, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más, el gasto social per cápita, el gasto social como porcentaje del producto interno bruto (PIB) y la tasa de homicidio en el año 1991.

Tabla propia elaborada con base en: 1- Panorama Social 1998, CEPAL. 2 - Informe Mundial sobre la Educación 1998, UNESCO educación 1998, UNESCO; 3- otras fuentes.


Ante todo, se destaca la baja tasa de homicidio en Argentina, Uruguay y Chile, los primeros países en cuanto a la magnitud del ingreso per cápita. La situación es diferente en México, Brasil y Panamá, donde las tasas de homicidio alcanzan dos dígitos.


Costa Rica y Colombia parecen ser los dos extremos. Costa Rica, porque su tasa de homicidio es muy baja, similar a los países de mayor ingreso, y Colombia, donde la tasa de homicidio es excesivamente alta. La República Dominicana, en cambio, tiene una tasa similar a la de Panamá, aunque constituye el país de menor ingreso per cápita.
Con el coeficiente de Gini, las comparaciones no son tan favorables, salvo en el caso de Uruguay y Costa Rica, donde el bajo nivel del coeficiente va acompañado de una baja tasa de homicidio o, a la inversa Brasil y Colombia. En los demás países la relación no es tan estrecha.


Los datos muestran que los países que tienen menor población viviendo en la pobreza, tienen tasas bajas de homicidio. El hecho es claro en Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina. Y, en sentido inverso, aparecen Venezuela, México y Colombia. Para Brasil, sin embargo, la tasa de homicidio parece guardar mejor relación con la distribución del ingreso. En sentido general, en los países donde se combinan los tres factores: alto ingreso per cápita, mejor distribución del ingreso y menor población viviendo en la pobreza, tienen tasas más bajas de violencia. Es interesante ver también la relación estrecha que existe entre tasas de homicidio, niveles de pobreza y gasto social, sobre todo, el gasto social en su participación en el PIB.


En la Tabla No. 6, la numeración en las columnas se establece según el dato exprese una mejor posición con respecto a la variable correspondiente. Se aprecia la estrecha relación entre las variables mencionadas, la pobreza y la violencia. Se repiten los países en las posiciones del 1 al 5 (Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica) en cuanto a la línea de pobreza, analfabetismo, gasto social per cápita y tasa vinculada a la distribución del ingreso.

 

Tabla propia elaborada en base a: 1-Panorama Social 1998, CEPAL. 2-Informe mundial sobre la educación 1998, UNESCO; 3- Otras fuentes.

Los datos significan orden de posición alcanzada del 1 al 10 en cada una de las variables estudiadas.



Es importante resaltar la privilegiada situación en que aparecen Uruguay y Costa Rica, países con distintos niveles de ingreso, pero que presentan una coherencia apreciable en la conformación de los valores de las variables utilizadas. En el caso dominicano todos los indicadores parecen justificar la alta tasa de violencia.


Como puede verse en la Tabla No. 7, la economía dominicana fue la segunda después de Chile, de mayor crecimiento del ingreso bruto per cápita en el interregno 1990-1997. En el mismo lapso, ocupó la segunda posición detrás de Colombia, en cuanto al incremento del gasto social. Sin embargo, este gasto era tan inferior al inicio de la década que a pesar del aumento porcentual, la brecha absoluta con relación a la mayoría de los países, lejos de reducirse se ensanchó. Lo mismo ocurrió en relación con el gasto social/PIB y el gasto social/gasto público. Por ejemplo, países como Uruguay, Costa Rica y Panamá, que a comienzos de la década tenían tasas de participación del gasto social/PIB entre 18 y 19%, incrementaron esta relación entre un 2.6% y 3.8%. En cambio, República Dominicana que tenía una relación gasto social/PIB de sólo un 4.5%, incrementó su participación en el período en apenas 1.5%. Peor es la situación en cuanto al incremento del gasto social/gasto público. República Dominicana sólo superó a Brasil, Panamá y Costa Rica, países con los que mantiene apreciables diferencias absolutas en la proporción gasto social/gasto público.

Tabla propia elaborada en base a Panorama Social 1998, CEPAL y otras fuentes estadísticas.


En República Dominicana, si se quiere combatir la pobreza con eficacia, deben operarse variaciones sustanciales. El mejoramiento del gasto social/cápita no sólo debe depender del crecimiento del PIB, sino de cambios en la naturaleza del gasto público y en la relación gasto público/PIB.


Hasta ahora, el Estado ha asumido el rol de motor fundamental del crecimiento económico, por medio del gasto de inversión y manteniendo muy baja la carga fiscal en desmedro del gasto social y del gasto público en materia de orden y justicia. Esta situación debe cambiar. Es urgente la creación de condiciones favorables que garanticen la seguridad ciudadana en el sentido amplio de la palabra. Para lograrlo, debe mejorar de manera eficaz la educación y la salud; crear más oportunidades de trabajo, fortalecer los mecanismos que preserven el orden público, sanear cada vez más la justicia, el sistema carcelario y el sistema policial; generar empleos productivos y dignamente remunerados; combatir la pobreza con planes integrales de desarrollo; adecuar y modernizar las instituciones para hacerlas más estructurales y funcionales.