La violencia y los factores socioeconómicos de riesgo en la República Dominicana

Trabajo publicado el 03 de noviembre de 2006

En la República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los problemas de la violencia, delincuencia y, por tanto, la inseguridad ciudadana, son asuntos importantes en la agenda nacional, dada la magnitud que han alcanzado.


Aunque en la actualidad los niveles de violencia de nuestro país distan mucho de los que experimentan Colombia, Brasil, México y Venezuela, desde los inicios de la presente década la República Dominicana, junto a Perú, Panamá y Ecuador, alcanzaba tasas de homicidio que duplicaban las de Chile, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, países entonces con tasas "normales" a escala mundial.


Un hecho digno de análisis es el contraste entre el aumento de la violencia y el rápido y vigoroso crecimiento de la economía y sus efectos positivos en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población.


Preocupa, sobre todo, el tipo de respuesta que tanto el sector oficial como el privado aplican al enfrentar tan compleja y delicada cuestión, aunque se reconoce  el esfuerzo que algunas instituciones nacionales están realizando. Sin embargo, se actúa al margen de diagnósticos que podrían dar luz sobre cómo abordar la situación y, en consecuencia, con la ausencia de políticas adecuadas.


El principal objetivo de este trabajo es contribuir a la toma de conciencia del elevado costo económico, social, político y ético que conlleva este estilo de acción espontánea e improvisada, tanto para el Estado, como principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, como para todos los sectores de la sociedad civil que ven bloqueada la tan anhelada paz nacional.


Para fines de publicación hemos dividido el trabajo en tres partes:


En la primera, se presentan algunos datos que permiten apreciar la magnitud y ciertas características de la violencia en la República Dominicana, tomando como fuente las estadísticas de la Policía Nacional, datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y los reportados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de los últimos años. Se analiza el incremento de las muertes violentas y otros delitos enfatizando, sobre todo, en el homicidio y sus características más recientes.


En la segunda, se aborda el tema de los costos económicos de la violencia, se evalúa el vínculo existente entre la violencia dominicana y el comportamiento del gasto público en materia de orden y justicia.


En la tercera parte se comparan diez  países de la región, tratando de establecer la relación entre la tasa de homicidio y determinadas variables socioeconómicas consideradas factores de riesgo en la compleja trama multidimensional y multicausal de la violencia. Finalmente, se analiza brevemente el vínculo entre crecimiento económico, gasto social público y reducción de la pobreza.

Las muertes accidentales, los homicidios y suicidios, los robos, atracos y asaltos, el consumo y tráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso a menores, han crecido a un grado tal que demandan atención prioritaria para su rápido control. A continuación se destacan, según las informaciones disponibles en las fuentes anteriormente citadas, algunos datos relevantes.

En el período de 1992 a 1998, la relación de muertes no naturales sobre el total de defunciones pasó de un 11.6% a un 15.4% y en general, las muertes no naturales o violentas crecieron en un 41%. En detalle por orden de importancia, los aumentos fueron:


1. Por electrocución, 99%.
2. Por ahogamientos, 65%.
3. Por homicidios, 39%.
4. Por accidentes de tránsito, 36%.  
5. Por suicidios, 13%.


En 1998, las muertes por accidentes de tránsito constituían  43%, seguidas de un 29% por homicidios, 13% por ahogamiento, 9% por suicidios y 7% por electrocución. En la Tabla No. 1 y en el Gráfico No. 1 se puede apreciar la incidencia de muertes por homicidios. Si se compara la frecuencia de homicidios del año 1998  (de 1,121 casos) con respecto a la de 1980 (de 533), se observa un incremento porcentual de 110%.

   
La tasa de homicidio (por cada 100,000 habitantes) que en el período 1981-1982 era de 9.1%, en 1991-1992 subió a 11.6% y en 1997-1998 alcanzó el nivel de 13%.


Conviene destacar que en el contexto mundial la tasa de homicidio de República Dominicana fue, en sí misma, bastante elevada a finales de los años 80, puesto que el promedio alcanzado en los llamados países de alto desarrollo humano era de un 4.8% y en los países industrializados de un 5.4%.


En la Tabla No. 2 se presenta una comparación de la tasa dominicana de homicidio con relación a 10 países de diferentes regiones del mundo. Tal como se puede observar en el cuadro, ocupamos la tercera posición según el orden de magnitud.

En el marco regional, superamos las tasas promedio de homicidio de todas las sub regiones de América Latina y el Caribe, a excepción de la tasa correspondiente a los países andinos.


En la Tabla No. 3 se observa no sólo la magnitud de la tasa de mortalidad por homicidio, sino también el incremento en el período 1980-1990. En comparación con los países tomados como referencia,  República Dominicana ocupa al inicio y al final de la década de los años 80, el lugar No.5, más cerca de países como Brasil, México y Venezuela (con tasas entre 15 y 20%) que de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Chile, cuyas tasas oscilan entre 3 y 5% por debajo o igual que la de los países más desarrollados del planeta.

*Datos extraídos de Informes del PNUD (1998 y 1999) y de informes de la CEPAL (1998).


Un hecho que se destaca lo constituyen los homicidios con armas de fuego, los cuales han ascendido de  30% en 1993 a  43% en 1998. Esta forma de homicidio se convirtió en 1998, de acuerdo con las estadísticas de muertes violentas de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, en la más frecuente entre los homicidios, superando los casos reportados con armas blancas.


La cifra puede considerarse muy alta si la comparamos con la de Colombia, donde se expresa de manera aguda la violencia política y delincuencial. En ese país, durante el año 1996, el 82% de sus homicidios fueron ejecutados con armas de fuego.

 
Para medir el grado de violencia que experimenta  República Dominicana en el contexto regional o mundial, el indicador más confiable es la tasa de mortalidad por homicidio. No obstante, en este documento analizaremos otros delitos que también crecen en proporciones alarmantes.


Datos reportados por la Policía Nacional indican que en el período que comprende de 1993 a 1997,  fueron sometidos por actos violentos un total de 391,611 personas, entre las cuales un 26% fue por riñas, 17% por robos (probablemente muchos con violencia) y un 16% por amenazas de muerte.


En cuanto a los registros de robos, tanto en el Distrito Nacional como en el interior del país se puede observar una tendencia creciente de 1993 a 1995; en el primer caso (Distrito Nacional) la cifra se duplicó, en cambio, en el interior del país, en el lapso de 1996 a 1998,  se dio tendencia decreciente con relación a 1993, cuando la frecuencia registrada se redujo a  20%.


Es menester señalar que posiblemente una gran cantidad de robos y atracos "menores" que ocurren a diario en nuestras calles, comercios y hogares, no sean parte del banco de datos de los registros policiales, ya sea por el tiempo y la dedicación que requiere el sometimiento de la denuncia a dicha instancia del orden público y/o probablemente debido a los bajos niveles de confiabilidad de la población ante nuestro sistema policial y judicial.

Según las estadísticas recientes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el número de personas sometidas por droga en el período de 1988 a 1998 fue de 25,257. La tendencia, inequívocamente ha sido ascendente: en 1989 se hicieron 1,274 sometimientos y en 1998, 3,546. (Ver Tabla No. 4 y Gráfico No.2).

En el período analizado, el número de dominicanos deportados por asuntos de drogas hacia el país aumentó de 292 en 1990 a 1,498 en  1997. Entre los años 1990-1994 este número ascendió a 1,783, mientras que entre 1995 y 1998 fue de 4,636, casi el triple. Es decir,  en el primer período se deportaron al país 357 personas en promedio anual y en los últimos cuatro años 1,159.