Psicología Comunitaria y Políticas Sociales: Análisis de su desarrollo en Chile

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Psicología Comunitaria y Política Social en los noventa

En el período post-dictatorial, aunque se producen importantes cambios en la orientación de las políticas sociales, se mantiene la concepción del Estado Subsidiario y el énfasis en la privatización y descentralización de los servicios sociales, la limitación del universalismo y la preocupación por el efecto macroeconómico de las políticas sociales.

La orientación de estas políticas difiere de las del período anterior, pero a la vez y de manera similar, quizás más acentuada, también se diferencia de las políticas universales del Estado de Bienestar. En este período, si bien se conserva el rol central dado al proceso económico generado desde el sector privado, se concibe un aporte relevante de las políticas sociales al crecimiento económico. El Estado debe hacerse cargo de las necesidades de aquellos que el proceso económico no incorpora. Pero, a diferencia de Estado Subsidiario de los 80, se enfatiza que la acción estatal no sólo debe asistirlos sino que, además, debe entregarles recursos para que enfrenten las tareas de inserción en el proceso económico (la llamada política de igualdad de oportunidades).

El sujeto de la acción estatal se define no sólo por su necesidad presente y relativa a su estadio de exclusión, sino que también por el origen de la condición de exclusión. En esa medida, el Estado busca no sólo asistir, sino también promover. En otras palabras, la delimitación del destinatario se establece en función de las variables o condiciones de quienes viven la exclusión. Por tanto, adquiere gran relevancia en la determinación de las acciones y de los destinatarios, su categoría social de pertenencia.

Para delimitar estas categorías se ha establecido que la condición de exclusión o de pobreza (categoría que se usa como equivalente operacional de exclusión social), y por ende los límites en las posibilidades de acceso al sistema económico, se relacionan con variables llamadas de género, generación y territorialidad (Martin; 1997).
Estas categorías definen los destinatarios privilegiados de estas políticas sociales, constituyéndose así en los llamados "grupos vulnerables" (Raczynski, 1995; Martín, 1997). Desde esta lógica se diseñan los llamados programas o políticas selectivas.

Cuando se usan estas dimensiones en la definición de los grupos de riesgo, de los grupos objetivos y en el sentido de la acción estatal (la estrategia) se coloca en un nivel de importancia planos y dimensiones donde la Psicología y la Psicología Social tienen algo que aportar. Desde aquí se comprende que durante este período se haya producido un aumento sustantivo de programas que incluyen la acción comunitaria o psicosocial, con el consiguiente fortalecimiento e incremento de la Psicología Comunitaria (2).

Hasta ahora la Psicología, como disciplina y profesión, nunca había estado tan cercanamente vinculada a la estrategia nacional de desarrollo y a la lógica y priorización de su acción social.

En los 60, la tarea era el desarrollo social y el cambio cultural y social. Las dimensiones psicosociales obviamente no tenían relevancia sustantiva. Incluso, el objeto que se configura en la época, la salud mental, es uno más de los aspectos de un tema más central, aunque tampoco nuclear: la salud.

En los 80, la acción del Estado en Política Social sólo configura las necesidades y las carencias socioeconómicas generales. Para definir al destinatario, sus referencias son la extrema pobreza, la indigencia, etc. La estrategia sólo se refiere a necesidades de subsistencia, como la vivienda o la alimentación.

En los 90, la acción específica y operacional de las políticas sociales asigna centralidad a un conjunto de variables de gran cercanía, al menos, con la tradicional conceptualización y técnica de la Psicología Comunitaria.

Desde esta lógica de las políticas sociales, se establece también una suerte de "promoción asistencial" como marco para las acciones psicosociales, dado que aunque no es una estrategia que enfatice sólo la subsistencia, los destinatarios y los objetivos de cambio se definen desde la condición de déficit, sin buscar el cambio integral del destinatario.

Por ejemplo, se establece como destinatario al joven pobre, pero no se toma su condición de joven y sus necesidades juveniles, sino que su condición de pobreza o exclusión, y como plano de acción se define necesidades específicas y relativas a la condición de déficit o vulnerabilidad (Alfaro y Báez; 1999).

 Por otro lado, aunque se resaltan condiciones sociales en el origen de la exclusión, la acción de intervención se sitúa en el plano individual y en función de los recursos o competencias de los sujetos para integrarse en sistemas sociales, que no son puestos en la mira de la intervención.

Se entienden los problemas sociales -la pobreza, por ejemplo- como resultado de las dinámicas sociales, y se interviene en las competencias de los sujetos que están en esa condición. No se interviene en las producciones culturales, en las identidades, o en la distribución de los bienes sociales, sino que en la capacidad de acceder al empleo, a los recursos educativos, etc.

Aquí se dan condiciones de posibilidad para modelos intervención como el de competencias, de estrés psicosocial o el de resiliencia. No encuentran iguales condiciones las estrategias de intervención orientadas al cambio social, del tipo de la Educación Popular o la Amplificación Sociocultural.

En esta Política Social no serían concebibles estrategias de orientación participativa y promocional, como las de la Salud Mental Poblacional o la Psiquiatría Intracomunitaria. Tampoco serían posibles estrategias asistenciales, como las de la Red de Centros de Adolescencia y Drogas.

Es interesante considerar las observaciones recogidas de los programas ejecutados en estos años, y presentadas en los tres trabajos disponibles que analizan el desarrollo de la intervención comunitaria durante esta década.

El trabajo de Rozas (1993) deja en claro las implicancias de esta relación para los programas de intervención comunitaria implementados desde el Estado. Rozas señala que los programas implementados desde diversas políticas públicas y en las ONG presentan diferencias sobre su estrategia. Él establece que en la estructura estatal propiamente tal, en sus aspectos normativos, financieros e incluso técnicos, es donde se ubica el eje que determina la relación entre el Estado y el programa de intervención (y ésta es diagnosticada como una relación de conflicto).

El planteamiento de Rozas es interesante y lúcido cuando señala que el problema no es una cuestión de carácter burocrático o administrativo, sino que es un problema de fondo, ya que se refiere al modelo de referencia técnico e ideológico que opera en el Estado. Este configura no sólo una forma de ver ("diagnosticar" dice Rozas), sino que se vincula con una forma determinada y específica de trabajar y tratar los problemas.

Igualmente interesante, es la referencia de Rozas a la contradicción que se da entre la estrategia utilizada desde las prácticas comunitarias y las técnicas de focalización. Señala el autor que la necesaria selección de destinatarios, que implica la focalización, supone cambios en el marco de análisis y en la operatoria. En lo específico, lo anterior produce un cambio desde la noción de comunidad (concebida como una microsociedad, constituida por pobres y no tan pobres, pero igualmente pertenecientes a una cultura e identidad) a una de localidad (concebida geográficamente) con el fin de delimitar a los grupos destinatarios específicos. Desde la noción de localidad se puede fragmentar a una comunidad en dos, y dejar a la parte más pobre sin acceso a recursos que le son propios.

Una relación similar establece el trabajo de Asún, Alfaro y Morales (1994), al analizar la Política Social de juventud. En éste se deja muy claro como dicha política porta una concepción de juventud que entiende la integración social de los jóvenes sólo por la vía del orden productivo, desconociendo así su subjetividad colectiva.

Se señala que el Estado, al leer el fenómeno de lo juvenil y de los "problemas juveniles", opera con una concepción de desarrollo juvenil que valora los aspectos socioeconómicos, pero no asigna importancia a dimensiones como la identidad, la satisfacción subjetiva y la calidad de vida.

Por ejemplo, los temas como la sexualidad se consideran sólo en la medida de su impacto en problemas sociales específicos, como el SIDA o el embarazo adolescente, y no con el desarrollo integral de las personas o con su calidad de vida.

Krause y Jaramillo (1998), al presentar los resultados sobre intervenciones psicológico-comunitarias en Santiago, analizaron la gestión y estrategia observadas en los centros y programas de intervención comunitaria estudiados y constataron que predominan definiciones de unidad destinataria de tipo individual y grupal, lo que pone a estos programas lejos de la tradición de cambio social (en que se sitúa la Psicología Comunitaria nacional) y hacia donde hoy tienden los programas europeos y estadounidenses.

Además, se observa que se ha minimizado la diferencia entre las intervenciones realizadas por las ONGs en comparación con las ejecutadas por organizaciones gubernamentales. Ambas han llegado a coexistir en un mismo programa (que presenta los dos financiamientos), prevaleciendo así una progresiva institucionalización de la práctica no gubernamental.

También, el trabajo de Krause y Jaramillo muestra la preponderancia del financiamiento estatal entre programas comunitarios catastrados en el Gran Santiago y la posibilidad potencial de que ello pueda definir su modalidad de trabajo, e influir en sus valores y objetivos.

A la vez, el estudio muestra que en los centros y programas de intervención comunitaria predominan definiciones de unidad destinataria de tipo individual y grupal.

Esta última constatación del estudio, es vista como indicador potencial de que al ser los individuos y no la comunidad los destinatarios, estos programas difícilmente actuarán sobre dinámicas sociales, restringiendo su capacidad de ser efectivamente preventivos o promocionales.

A modo de conclusión de este análisis, se debe tener en cuenta que, para la Psicología Comunitaria, una Política Social no sólo es el contexto material para la aplicación de programas sino que, además, establece el marco cultural y de relaciones sociales desde donde de manera principal, pero no única, estos programas se articulan y configuran.

Una Política Social, siguiendo a Meny y Thoenig (1992), se sitúa siempre en un marco de sentido particular, porta un modelo particular de sociedad y de sus problemas (un recorte y una reconstrucción global, como señalan los autores) que opera como una representación normativa, conformada por un cuerpo de reglas que ordenan, segmentan, clasifican las situaciones, los sujetos, y las acciones públicas. Portan una teoría del cambio social, que establece relaciones entre hechos, efectos, etc. y traduce orientaciones normativas y de valor. Sus orientaciones, estrategias, instrumentos obedecen a lógicas sociopolíticas e históricas. Una Política Social expresa así, un sistema social, crea y configura actores y categorías de sujetos (Grassi, Hintze y Neufeld; 1994).

Es muy relevante asumir las relaciones que se establecen entre las características que adquiere la organización estatal, en particular las orientaciones y estrategias de las políticas sociales y, los niveles de acción, el objeto y la estrategia posibles de implementar desde los programas de la Psicología Comunitaria. Es importante además, asumir que la Psicología Comunitaria está hecha desde fuera de la Psicología, o que al menos allí opera un determinante importante que acarrea efectos técnicos y conceptuales. 

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(2) Política de Salud Mental: Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (1989-1990). Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar. Programa de Reforzamiento Psicosocial de la Atención Primaria. Política de Juventud con sus subprogramas: Capacitación Laboral y Reducción del Daño Psicosocial, En dos se incluye prevención de drogadicción y alcoholismo (Quiero Mi Vida Sin Drogas y Juégatela Por La Vida). Prevención del Embarazo Adolescente. Programa de Protección y Rehabilitación de Jóvenes y Niños Vulnerados en sus Derechos e Infractores de la Ley Penal (Sename). Politica Social hacia la mujer: Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar. Política hacia la Tercera Edad.